El Gobierno de Canarias ha decretado la “ejecución” de una planta fotovoltaica privada en el Parque Tecnológico de Puerto del Rosario en contra de la posición del Ayuntamiento capitalino.

Se da la circunstancia de que tanto la Consejería de Transición Ecológica, dirigida por José Antonio Valbuena, como el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, presidido por Juan Jiménez, están gestionadas por el PSOE.

El decreto se firmó este pasado 10 de febrero por el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el cambio climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena.

El Ayuntamiento capitalino expresó “la disconformidad del proyecto con el Plan General de Ordenación del municipio”, aprobado de forma definitiva en 2016 y que entró en vigor en enero de 2017.

El motivo del rechazo municipal es que la planta fotovoltaica ocupa en parte terrenos que están categorizados como suelo urbanizable sectorizado ordenado, con destino al sistema general del Parque Tecnológico.

Sin embargo, el Gobierno de Canarias considera que al tratarse de unos terrenos que todavía no están urbanizados, el uso de Parque Tecnológico tiene “carácter provisional”.

La empresa que promueve la planta fotovoltaica La Rosa es Cardoncillo Gris SL, domiciliada en A Coruña y filial de Grupo Ecoener, una compañía que cotiza en la Bolsa de Madrid, dedicada a las energías renovables.

En septiembre de 2021, la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias aprobó la declaración de interés general del parque fotovoltaico. El mismo mes, el consejero de Transición Ecológica del Ejecutivo regional convalidó esa resolución de interés general.

La planta solar fotovoltaica tendrá una potencia de 2,5 megavatios y ocupará 32.443 metros cuadrados de superficie.

"Impulso de la economía"

El Gobierno regional aduce para justificar la planta fotovoltaica en contra del criterio municipal que reducirá el “extracoste” en la generación de energía en las Islas en 12,9 millones de euros.

Además, la comunidad autónoma considera que Fuerteventura se encuentra alejada del “cumplimiento del objetivo de potencia” de 105 megavatios instalados en el año 2026.

También argumenta que con la instalación de la planta fotovoltaica se producirá “una reducción anual de 3.330 toneladas de CO2 (dióxido de carbono) a la atmósfera en las centrales eléctricas de generación térmica en Canarias”.

Asimismo, llega a cuantificar un supuesto “impulso de la economía” con una “inversión aproximada” de 21,6 millones, así como se generarán 17 empleos en la construcción y cinco en la fase de mantenimiento y explotación.

Por la vía excepcional

El Cabildo de Fuerteventura, al igual que el de Lanzarote, este último presidido por el PSOE, han pedido al Gobierno de Canarias que deje de utilizar la vía de declarar los proyectos de energía como de “excepcional interés”, lo que pasa por encima del planeamiento vigente y de la posición de las corporación insulares y municipales.

En este caso, el Gobierno de Canarias considera que “existen razones justificadas de excepcional interés que aconsejan la ejecución de la obra proyectada”, de conformidad con una puerta que deja abierta la Ley que regula el Sector Eléctrico Canario.

Esa vía excepcional permite al Gobierno decidir si procede la ejecución del proyecto y obliga luego a la administración local a modificar el planeamiento para darle encaje.

“El acuerdo favorable del Gobierno de Canarias legitimará por sí mismo la ejecución de los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en los correspondientes proyectos de instalaciones de generación, transporte y distribución” de energía.

“Sin necesidad”, añade la fórmula utilizada en el caso de la planta fotovoltaica en Puerto del Rosario, “de ningún otro instrumento de planificación territorial o urbanística, y tendrá el carácter de autorización especial equivalente a la licencia urbanística municipal”.