El Gobierno espera iniciar el nuevo Juzgado de Fuerteventura antes de ocho meses
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, visitó Fuerteventura, donde ha anunciado que el Ejecutivo autonómico iniciará la construcción de una nueva sede judicial en la isla desde que tenga los terrenos, "algo que podría ocurrir antes de ocho meses".
Así se lo ha expresado el alcalde de Puerto del Rosario, Nicolás Gutiérrez, en una reunión que mantuvieron el pasado viernes, donde entre otros asuntos se abordaron los trámites para sacar adelante esta nueva sede judicial.
Barragán expresó que el Ejecutivo sigue valorando la parcela donde ahora mismo está el cuartel de defensa, que es el lugar que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario contempla a este fin en su Plan General de Ordenación.
"El alcalde espera tener disponible el suelo entre seis y ocho meses. Una vez que lo esté, Barragán se comprometió a iniciar el proyecto de la obra", ha explicado la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad a través de un comunicado.
El futuro edificio acogerá la totalidad de los órganos judiciales y fiscales del partido judicial de Fuerteventura, así como servicios, existentes en el partido judicial y actualmente dispersos ahora en cuatro sedes: seis Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, uno de ellos con Registro Civil Adscrito, los juzgados de lo Social número 2 y el de lo Penal número 2, ambos de Arrecife con sede en Puerto del Rosario, el Decanato, la Fiscalía de Área de Arrecife-Puerto del Rosario y la Sección de Puerto del Rosario del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas.
Contará con 19.300 metros cuadrados de construcción repartidos en tres sótanos de 3.000 metros cuadrados, entre otras dependencias. Las cuatro plantas restantes, ubicadas sobre el nivel de suelo, tendrán una superficie de 10.300 metros cuadrados de construcción.
Estas plantas sobre rasante albergarán las oficinas, servicios y dependencias comunes en las que confluye mayor cantidad de público y profesionales jurídicos con el fin de evitar su desplazamiento a las plantas donde se sitúan los órganos judiciales y fiscales propiamente dichos, a las que solo se accederá para gestiones profesionales y comparecencias regladas.
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