El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha firmado la propuesta de resolución para “declarar la caducidad de la concesión” del dominio público marítimo terrestre que ocupa el hotel RIU Oliva Beach en las Dunas de Corralejo.

Además, Morán propone “ordenar el levantamiento y retirada del dominio público de las instalaciones” del Oliva Beach, así como ordenar a la Demarcación de Costas de Canarias que lleve a cabo el acta de reversión de los terrenos, tal y como avanzó este martes Canarias7.

La propuesta del secretario de Estado de Medio Ambiente, por sustitución de la directora general de Costas, Ana María Oñoro, contra la que se ha querellado la cadena hotelera, se firmó este pasado 20 de julio, tres días antes de las elecciones generales.

Cabe destacar que el Gobierno central ha lanzado esta propuesta de resolución, que implicaría el derribo del Oliva Beach, prácticamente un mes después de que el entonces consejero autonómico de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, designado este martes senador en representación de la comunidad autónoma, firmase una autorización a RIU para acometer obras en el hotel y los apartamentos en las Dunas.

De fondo subyace un conflicto competencial entre el Gobierno central y el Ejecutivo regional: mientras que el primero considera que concesiones sobre el dominio público como las de los hoteles de las Dunas le siguen correspondiendo, el segundo entiende que fueron traspasadas de forma implícita con el acuerdo sobre Costas en aplicación del nuevo Estatuto de Autonomía.

Después de dar audiencia “a los interesados” en el expediente, la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica se elevará al Consejo de Estado. El Ministerio ya ha recibido el aval de la Abogacía del Estado y del Consejo de Obras Públicas para caducar la concesión.

El procedimiento lo tiene que resolver, en última instancia, el propio secretario de Estado de Medio Ambiente. El expediente de caducidad se incoó el 26 de mayo de 2022 y el Gobierno central tiene 18 meses para culminarlo, de tal manera que habría margen de tiempo suficiente hasta que se consumiese el plazo el próximo mes de noviembre.

Sanción a RIU

En noviembre de 2020, el personal de la Demarcación de Costas de Canarias “constató la ejecución” por parte de RIU “de nuevas obras e instalaciones posteriores al otorgamiento del título concesional”, concedido en abril de 2003, modificado en abril de 2007 y prorrogado en septiembre de 2016, “que no se ven amparadas por el mismo”.

En concreto, se cita el vallado de la parcela, “que impide el acceso a la superficie otorgada en concesión”, unos 18.122 metros cuadrados, a los que se debe poder entrar de forma pública y gratuita. También destaca la “construcción de carretera y aparcamiento”, además de una “acera”, la “transformación de terrenos para zona ajardinada”, la instalación de contenedores para residuos, un “contenedor marítimo”, un depósito de propano, otro de “agua sin tratar”, así como “instalación eléctrica”.

“Las actuaciones descritas no constituyen obras de reparación, mejora, consolidación o modernización, y sin embargo sí que implican aumento de volumen, y superficie de la construcción existente”, destaca el Ministerio de Transición Ecológica. “Implican un aumento de superficie y volumen de un 22 por ciento del total autorizado”, precisa Costas, que ya dictó una sanción de 204.458 euros en marzo del año pasado, lo que dio pie para el expediente de caducidad de la concesión.

Más propietarios

Otro de los aspectos que detalla la propuesta de resolución del Ministerio de Transición Ecológica es que “de las 442 fincas registrales correspondientes a los respectivos apartamentos” Oliva Beach, “un total de 20” fueron vendidas por la empresa Geafond Número Uno Lanzarote SA, controlada por RIU.

Esas ventas se produjeron antes del otorgamiento, en el año 2003, de la concesión del dominio público. Sin embargo, solo RIU solicitó y obtuvo la concesión, lo que para el Ministerio se ha considerado una irregularidad.