El Gobierno de Canarias ha movido ficha ante el inminente derribo de la “Casa Las Señoras” de Cueva de la Negra, remitiendo un escrito a la Demarcación de Costas para advertirle del “riesgo de destrucción del patrimonio cultural” si lleva a cabo esa demolición, prevista para el próximo lunes 21 de septiembre.

El escrito, firmado por el director general de Cultura y Patrimonio Cultural de Canarias, Miguel Ángel Clavijo Redondo, reconoce las competencias del Gobierno central en materia de Costas y “la firmeza de la resolución administrativa que se pretende ejecutar”, pero advierte que en este caso, también concurren “competencias específicas en materia de patrimonio cultural que corresponden a la Comunidad Autónoma de Canarias y al Cabildo Insular de Fuerteventura”.

Al respecto, recuerda que el pasado mes de agosto, la Corporación insular adoptó medidas cautelares para frenar ese derribo, “que fueron comunicadas a las administraciones afectadas y que tuvieron por objeto evitar que una actuación irreversible pudiera producir daños sobre elementos susceptibles de integrar el patrimonio cultural y arqueológico de la Isla mientras se llevan a cabo las actuaciones necesarias para su adecuado estudio y documentación”.

Sin embargo, a pesar de esas medidas cautelares, Costas comunicó el pasado 11 de septiembre que llevará a efecto la “recuperación del dominio público marítimo-terrestre” el próximo día 21, con la entrada a la “Casa Las Señoras” para su “demolición y reposición del terreno a su estado primitivo”.  Por eso, ante esta notificación, el Gobierno canario apela al “principio general de colaboración institucional” establecido en la Ley, en particular en lo relativo a la “salvaguarda del patrimonio cultural”.

Afección al yacimiento

El Gobierno regional recuerda que las medidas cautelares adoptadas por el Cabildo de Fuerteventura están avaladas por la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, “que faculta al Cabildo insular para adoptar, en casos de urgencia, las medidas cautelares necesarias para garantizar la protección de los bienes culturales, pudiendo consistir expresamente dichas medidas en la suspensión de obras o actividades”.

El Ejecutivo autonómico avisa que las actuaciones que pueden afectar a yacimientos arqueológicos deben “obtener las autorizaciones que procedan y aportar un estudio de impacto”

Además, subraya que no solo está en riesgo el posible valor patrimonial de la casa que se pretende derribar, sino también el yacimiento arqueológico ubicado en las inmediaciones, lo que “determina la necesidad de extremar las cautelas respecto de cualquier intervención que pueda afectar al subsuelo o al ámbito inmediato del citado yacimiento”.

Para el Gobierno canario, esto “adquiere especial relevancia tratándose de una actuación de demolición y posterior reposición del terreno, susceptible por su propia naturaleza de comportar movimientos de tierras, retirada de materiales, tránsito de maquinaria y otras actuaciones con posible incidencia arqueológica”.

En este punto, introduce otro elemento que podría ser clave: la legislación protege los yacimientos arqueológicos y las actuaciones que puedan afectar a estos espacios deben “obtener las autorizaciones que procedan y aportar un estudio de impacto, en el que se determine la incidencia de las obras sobre los valores arqueológicos afectados y las medidas preventivas y correctoras necesarias”.

Además, remitiéndose de nuevo a la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, también advierte que “los proyectos que puedan suponer afección sobre elementos del patrimonio cultural de Canarias deberán someterse a informe favorable del cabildo insular, correspondiendo a este fijar las medidas protectoras, correctoras y compensatorias necesarias para la salvaguarda del patrimonio cultural afectado”, cosa que no ha ocurrido en este caso.

Llamamiento a la coordinación

Por todo ello, el Gobierno de Canarias advierte a Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que “la existencia de una resolución administrativa firme en materia de Costas y de una autorización judicial de entrada no altera por sí misma este reparto competencial ni determina la inaplicación de la normativa sectorial de patrimonio cultural”.

Canarias advierte al Ministerio del “reparto competencial”: una resolución de Costas no determina “la inaplicación de la normativa sectorial de patrimonio cultural”

Así, insiste en que “la ejecución material de la actuación debe desarrollarse de forma compatible con las competencias de protección del patrimonio cultural atribuidas a las administraciones canarias y, singularmente, con las medidas cautelares adoptadas por el Cabildo Insular de Fuerteventura, mientras estas permanezcan vigentes”.

Por eso, apela a la necesidad de “coordinación entre las administraciones afectadas”, para compatibilizar el ejercicio de las competencias del Gobierno central y la Demarcación de Costas “con el deber común de protección y conservación del patrimonio cultural”.