En los años 50, Vicenta decidió levantar una pequeña caseta en la playa. Esa caseta, de palos y lonas, se convirtió después en una pequeña barraca y más tarde en una vivienda de bloque de 52 metros cuadrados. Junto a esa crecieron muchas más. Llegó a haber 87. Hoy tienen luz eléctrica, calles de arena, un pequeño parque infantil y hasta un altarcito a la Virgen de la caridad del Cobre en una barca varada. Es el poblado de El Jablito, en la isla de Fuerteventura, al que se llega desde una de las rotondas de Parque Holandés, por un camino de tierra, como era de tierra el camino centenario por el que se llegaba desde Villaverde a la que era considerada como la playa del pueblo.

En el Registro de la Propiedad, a esa zona se le llamó Rosa de Tarajalillo, Llano del Toscón, Cabadero o Pago de Villaverde. Y en el futuro, y desde hace ya tres décadas, se quiere llamar Costa Ventura. Una promotora pretende construir en la playa un muelle deportivo y desalojar a la treintena de vecinos que permanece en el poblado. Veinte de ellos han decidido batallar en los juzgados contra la empresa que compró los suelos para conservar sus viviendas.

El lugar consta ya en las crónicas históricas del siglo XVII como un zoco o puerto natural para pescadores nómadas. Sirvió de embarcadero de piedra cal (se conservan dos hornos) y de estiércol y en el siglo XX ya fue asentamiento militar. A mediados de siglo empieza a ser atractivo no sólo para pescar sino para veranear, y llegaron familias de Villaverde, como la de la señora Vicenta. Las casas se conocían por el apellido de sus pobladores: de los Guerra, de los González, de Andresito... En 1957 ya aparece nombrado el poblado en el Catastro, que recoge la existencia de 4.120 metros cuadrados ocupados por el “poblado de El Jablito”. En los años sesenta empieza a crecer el asentamiento y se fabrican casitas en bloque y cemento. En la foto aérea más antigua que hay de la zona, de 1974, se ven diez viviendas, en 1979 ya hay 50 y en 1987 hay 87. Hoy hay unas treinta casas.

El terreno nunca fue formalmente comprado los pobladores pero siempre se supo que allí se estaban construyendo casas. En 1985, la empresa promotora, Puerto de La Oliva, considera que el poblado está dentro de su finca y que frustra sus planes de construir un puerto deportivo y, en definitiva, una nueva localidad turística. En 1988 obtiene los permisos y un año más tarde, otra entidad relacionada con el proyecto, Puerto Gato SA, del alemán Werner Bleiker, comienza a tomar la iniciativa para desalojar el poblado. Lo que hace es donar al Ayuntamiento de La Oliva 35 hectáreas para hacer una permuta y que los pobladores se trasladen a otro terreno, cerca de la zona aunque no en la costa.

La entidad pretendía que el Ayuntamiento repartiera ese terreno en parcelas de 200 metros para aquellos que no pudieran hacer valer ningún título de propiedad ni demostrar que llevaban más de diez años en la casa, y de mil metros para los que tuvieran algún título o llevaran más tiempo. El terreno donado tenía 35 hectáreas y estaba tasado en 250 millones de pesetas. De esta forma, con esa compensación, en realidad los dueños estaban reconociendo los derechos de los pobladores sobre el suelo que ocupaban.

La cesión, por supuesto, tenía condiciones. Se dice que su finalidad es que el Ayuntamiento haga de intermediario entre la empresa y los propietarios de las casas y que la finca sirva para servicios municipales y sociales de toda índole para familias del municipio. No se especifica que deba ser para los pobladores de El Jablito. En todo caso, la condición más clara es que el Ayuntamiento debía recalificar esos terrenos para que pasaran a ser urbanizables.

Y esa es la única condición que cumple el Ayuntamiento. Se iniciaron negociaciones para abandonar la playa, pero que no fructificaron. El Ayuntamiento de La Oliva, con Domingo González Arroyo como alcalde, se queda con la propiedad del terreno pero en lugar de intermediar, en 1997 hipoteca la finca por poco más de la mitad de su valor tasado, 142 millones de pesetas. Ese es el dinero que le ingresa, como préstamo, el Banco Popular, y cuyo destino se desconoce y, que en el mejor de los casos, se usó para autofinanciarse. El Ayuntamiento no paga ni un sola de las cuotas del préstamo y el banco se hace con el suelo, que acaba vendiendo a una sociedad llamada Nishani. Pero esa es otra historia... y otro terreno.

De forma paralela a la cesión, la empresa que dice ser propietaria de todos los terrenos junto a la playa comienza a intentar el desalojo por medio de los tribunales. Algunos de los pobladores aceptan dinero contante y sonante por marcharse y algunas casas se acaban derribando. Otros van a los tribunales y acaban perdiendo en los Juzgados de Primera Instancia, aunque las sentencias reconocen que para discutir la posesión de la finca pueden abrir un proceso de “usucapión extraordinaria adquisitiva de inmueble”, es decir que pueden demostrar que el terreno es suyo porque lo han ocupado durante el tiempo suficiente.

Y eso es lo que hacen unos 20 vecinos, representados por el abogado Jesús Artiles, que litigan con la sociedad que compró el suelo a Puerto La Oliva. En esas demandas consideran que la empresa ya reconoció los derechos de los pobladores y que no es su responsabilidad que el Ayuntamiento haya incumplido el acuerdo.

También destacan que en las demandas nunca se les ha llegado a ofrecer lo que figura en la cesión hecha al Ayuntamiento, que se ejecutaron sentencias cuando el titular de la finca ya no era dueño de esa propiedad y que se derribaron casas sin autorización judicial.

Hoy, el borrador del nuevo Plan Insular de Ordenación recoge el suelo como una futura zona turística estratégica. Las Normas Subsidiarias de La Oliva del año 2000 lo consideran como suelo turístico, apto para urbanizar. En su día, el proyecto Costa Ventura se promocionó como un amplio resort, con puerto deportivo, campos de golf, hoteles y centro comercial.