En Internet todavía se encuentran las llamativas imágenes de un verdísimo campo de golf, con el césped perfectamente cuidado, rodeado de unas exclusivas villas de dos plantas, con espacios amplios, jardín y piscina individual. Todo un oasis en Corralejo, a menos de un kilómetro del Parque Natural de las Dunas. Hoy en día la estampa es bien distinta: no queda ni rastro del césped, ni del lago interior y la poca vegetación que hay o está muerta o va camino de perecer. No es lo peor en el complejo Mirador de Lobos Golf: el Juzgado de lo Mercantil número uno de Las Palmas ha sacado a subasta 123 villas de la urbanización por una deuda de casi 36 millones de euros.

La subasta de los 123 lotes arrancó en abril y finaliza el 16 de mayo. El acreedor es el Banco Santander y la empresa ejecutada, la deudora del préstamo, es Dunas Pozo Servicios SL. El nombre del empresario Francisco José González del Pozo aparece en la historia de esta sociedad en el Registro Mercantil, primero como administrador mancomunado y después como administrador solidario.

En aquella época, en la primera década del siglo, González del Pozo presumía junto a José Antonio Newport del grupo empresarial Planificaciones Mundiales. De hecho, el complejo Mirador de Lobos Golf se comercializaba a través del portal en la Red de Planificaciones Mundiales, junto al polígono industrial de Tarfaya, uno de los motivos del interés empresarial en Fuerteventura por retomar la conexión marítima con la ciudad marroquí, promociones inmobiliarias en las islas de Sal, Boa Vista y Maio, en el archipiélago de Cabo Verde, y hasta una torre residencial de 67 plantas en Panamá, con locales comerciales y casino.

Salen a subasta 123 viviendas, con un valor individual de 239.059 euros

Un spot publicitario, publicado en Youtube hace 13 años, ofertaba 150 viviendas del complejo Mirador de Lobos (86 dúplex y 64 villas “exclusivas de tres dormitorios con piscina privada”), unos inmuebles situados “alrededor del único campo de golf de Corralejo”, con construcción de “las mejores calidades”.

En el Catastro, cada una de las parcelas ronda los 330 metros cuadrados de superficie. El precio de venta resaltado en aquel anuncio era de 236.250 euros, con una oferta de “financiación al cien por cien”. En la subasta ordenada por el Juzgado de lo Mercantil, el valor de cada una de las viviendas asciende a 239.059 euros. Si se adjudicaran todas las viviendas en la subasta por ese precio, la cantidad recaudada ascendería a unos 29,4 millones de euros.

Concurso de acreedores

En un dossier del arquitecto Ignacio Eguiagaray, en el que se identifica como el técnico que diseñó el complejo y el campo de golf, apunta que las obras se prolongaron de 2003 a 2008 y que el presupuesto ascendió a los 15,3 millones de euros.

La empresa promotora del complejo Mirador de Lobos Golf entró en concurso necesario de acreedores en enero de 2017. En noviembre de 2019, el Juzgado de lo Mercantil dictó el auto en el que se acordaba la apertura de la fase de liquidación de la compañía. Un año después se aprobó judicialmente el plan de liquidación de la empresa.

En 2023, el Supremo rechazó un intento de anular la ejecución hipotecaria

En 2023, los tribunales adoptaron varias resoluciones relacionadas con la compañía. El pasado mes de noviembre, el Tribunal Supremo rechazó una demanda de revisión del auto del Juzgado de Primera Instancia número tres de Puerto del Rosario, que en mayo de 2016 acordó la ejecución hipotecaria. Más tarde, esa decisión fue ratificada por el Juzgado de lo Mercantil en el marco del concurso de acreedores. La empresa alegó una supuesta “maquinación fraudulenta” en su contra para tratar de acogerse a esa vía extraordinaria. El Supremo destacó que resultaba “palmario” que la reclamación había sido extemporánea, “fuera del plazo de cinco años” previsto en la ley.

En mayo del año pasado, la Audiencia Provincial de Las Palmas rechazó otro intento de la promotora de Mirador de Lobos Golf para solicitar la nulidad la ejecución hipotecaria. La empresa utilizó un contacto desde el conocido banco de inversión Blackstone sobre la deuda para presentar una demanda. El crédito original se había formalizado con el Banco Popular, que fue adquirido en junio de 2017 por el Banco Santander. La promotora del complejo en Corralejo alegó que se había producido una “cesión” del crédito a Blackstone y que, por tanto, el Santander carecía de legitimación para ejecutar la hipoteca. La compañía llegó a aportar unos correos electrónicos como prueba, pero para la Audiencia “en modo alguno suponen una prueba de la cesión” del préstamo. “Es más, de una lectura de los mismos se observa que no hay cesión” sino solo “gestión de deuda”, subraya.

Otro revés lo infligió también la Audiencia Provincial en abril de 2023, al validar la remuneración de los administradores concursales: un total de 381.345 euros a dividir entre la fase común (165.803 euros), la fase de convenio (66.321 euros) y la fase de liquidación (149.221 euros).

Historia de quejas

El Mirador de Lobos Golf ha estado envuelto en la polémica los últimos años. En febrero de 2019, la patronal turística Asofuer alertaba de la cantidad de denuncias que acumulaba el hotel por parte de empleados y antiguos trabajadores que sufrían impagos y retrasos en nóminas y finiquitos. El establecimiento cambió su denominación a The View, pero no sirvió para limpiar “la mala imagen” de una “pésima gestión”, añadía la organización empresarial.

Los vecinos denunciaron problemas de abastecimiento de agua en 2022

Desde 2008 figura como administrador único de la compañía Dunas Pozo Servicios la sociedad Asesoría Majorera Integral. En 2015, el socio único de esta última empresa pasa a ser Siddharta Hotels & Resorts, que acumula desde 2019 numerosos mandamientos del Juzgado de lo Social de Puerto del Rosario, en los que se declara su “insolvencia”. Un par de años antes, trabajadoras del establecimiento ya se quejaban de impagos con pancartas a las puertas del complejo.

La situación ha ido de mal en peor: en 2022, vecinos de la urbanización Mirador de Lobos Golf denunciaban problemas para el abastecimiento de agua, por deudas previas de la promotora, y se veían obligados a adquirir cubas para recibir este servicio básico.

En la documentación del Juzgado de lo Mercantil se refleja que una quincena de viviendas están ocupadas, la mayoría por particulares, “sin haberse resuelto si tienen derecho o no a permanecer en el inmueble”. En el resto de las 123 viviendas que salen a subasta, el expediente judicial se limita a mencionar que “no consta” la “situación posesoria del inmueble”. Dentro del complejo hay viviendas que se siguen alquilando de forma vacacional, en plataformas como Booking o Airbnb, hasta por 250 euros la noche.