El Consejo de Gobierno del Cabildo de Fuerteventura ha acordado instar al Gobierno de Canarias a anular o revocar una serie de proyectos de producción energética que ha autorizado en la isla a través de la vía excepcional prevista en el artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias.

Tras revisar los proyectos en trámite solicitados por esta vía, el Cabildo realiza este requerimiento previo a la interposición de posibles recursos contencioso-administrativos al respecto, ha informado este martes la Institución insular en un comunicado.

Este procedimiento (artículo 6 bis) permite declarar el interés general de obras de ejecución de instalaciones de generación, transporte o distribución energética.

“Esto supone que las empresas pueden instalar libremente cualquiera de estos sistemas, saltándose el planeamiento insular y sin tener en cuenta las particularidades de Fuerteventura, dando lugar a una implantación descontrolada y un brutal impacto”, ha explicado la presidenta del Cabildo, Lola García.

“Desde el Cabildo de Fuerteventura estamos totalmente a favor de las energías renovables y debemos caminar hacia el cambio de modelo energético”, ha insistido García.

Sin embargo, ha continuado, “no se puede hablar de energías limpias si se causa un grave perjuicio a nuestro territorio y nuestro paisaje, que es nuestro bien más preciado y lo que nos diferencia de otras partes del mundo”.

“No deben ser las grandes multinacionales las que decidan, sino las instituciones y la sociedad de Fuerteventura”, ha concluido la presidenta del Cabildo majorero.

Por su parte, la consejera del área de Ordenación del Territorio, Nereida Calero, ha explicado que “el informe de los servicios del Cabildo ha concluido que no existe razón justificada de urgencia o excepcional para aplicar este artículo 6 bis, sino que se utiliza de manera genérica, estereotipada y repetida en todos los proyectos”.

A su juicio, “lo que debería entenderse como algo excepcional lo han convertido en un procedimiento habitual para saltarse el planeamiento insular”.

Nereida Calero ha apuntado, además, que, una vez ejercido el requerimiento previo, el Gobierno de Canarias cuenta con el plazo de un mes para responder y, en el caso de no hacerlo, desde el Cabildo se estudiará la vía del contencioso-administrativo.

Además, el pasado 28 de agosto, el Consejo de Gobierno aprobó solicitar que no se inicien nuevos procedimientos utilizando la vía de interés general para ninguna nueva infraestructura energética hasta que se culmine la planificación energética insular en tramitación.