Las advertencias plasmadas en los informes de auditoría del economista Miguel Ángel Ramírez, encargado de analizar las cuentas de la empresa pública Gestión Urbanística de Pájara (Gesturpa), se encuentran en el origen de la causa penal por la que el actual viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, Blas Acosta, que fue administrador de la sociedad, se ha tenido que sentar en el banquillo de los acusados. En la primera sesión del juicio del caso Gesturpa, Ramírez se ha ratificado en que las cuentas no reflejaban la imagen fiel de la empresa.

La etapa que se enjuicia es la que engloba el periodo de 2011 a 2014, cuando Acosta era concejal del Ayuntamiento de Pájara y administrador único de Gesturpa, cargo en el que cesó al año siguiente, al dejar de ser edil. En ese periodo, los fondos propios de la empresa pasaron de 241.000 euros en el primer ejercicio a casi dos millones de euros en negativo en 2014.

Las pérdidas de la empresa fueron constantes: mientras que en 2012 no facturó nada tuvo unas pérdidas de 1,2 millones de euros, que ascendieron a 632.000 euros en 2013 y 281.000 euros al año siguiente, tal y como salió a relucir en el juicio. "¿No es cierto que en ningún caso podía pagar Gesturpa a sus acreedores?", preguntó el fiscal. “Viendo los números, es así”, concluyó el auditor.

Con esa situación, admitió el auditor, la empresa pública estaba “abocada a disolverse”, algo que no se llevó a cabo con Acosta como administrador único. De hecho, ni siquiera se inició el proceso. Miguel Ángel Ramírez, auditor de Gesturpa desde 2008, recalcó que “la empresa nunca fue viable”. Ya el anterior auditor de la compañía pública había advertido el año anterior “que la empresa estaba en causa de disolución”.

Irregularidades en las cuentas

Uno de los ejes de la acusación contra Blas Acosta por los delitos de administración desleal e insolvencia punible se basa, según la Fiscalía, en que “formuló y propuso la aprobación de las cuentas anuales” en los años enjuiciados “aun sabiendo que las mismas contenían constantes y graves irregularidades contables”. En concreto, cita la “valoración de existencias, reservas, impuestos diferidos” o “contabilización de deudas y gastos”. Todo ello impidió “sistemáticamente” que las cuentas “reflejasen la imagen fiel” de la empresa.

En su declaración, que ocupó la mayor parte de la primera sesión del juicio contra Blas Acosta, el auditor admitió que habría que haber “reformulado” las cuentas del año 2012, “que no estaban bien”. “Las pérdidas” de ese ejercicio, reconoció el economista, “había que aumentarlas”. El fiscal Tomás Fernández apostilló también que “más del 85 por ciento del activo” de Gesturpa “estaba mal”.

“Encomienda encubierta”

En la primera sesión del juicio se analizó en detalle una factura de 897.270 euros de la empresa Mahlec Mantenimientos SL, por el alumbrado de la urbanización Cañada del Río. Hasta diciembre del año pasado, el Juzgado no condenó al Ayuntamiento de Pájara a hacerse cargo de los servicios básicos de esa urbanización. Los trabajos se iniciaron en 2006 y en 2009 se certificó su finalización. La factura de 2006 no se contabilizó en Gesturpa hasta que se abonó en 2012, en medio de un plan de pago a proveedores impulsado por el Gobierno central.

El auditor definió el encargo del Ayuntamiento a Gesturpa para pagar el alumbrado de Cañada del Río como una “encomienda encubierta”. La obra, dijo, “se ejecutó y no se pagó", y la factura "se guardó en el cajón del Ayuntamiento”, que “debió formalizar una encomienda” con Gesturpa “con partida presupuestaria” para financiar el pago de los trabajos, algo que no se hizo. Esa factura de Mahlec, pese a la teórica obligación de Gesturpa con la contratista, no se contabilizó en la empresa pública durante seis años.

“No estaban las facturas”

En el año 2012 el Ayuntamiento de Pájara hizo aflorar la citada factura por el alumbrado de la urbanización Cañada del Río y deudas con siete proveedores, que sumaban 1,7 millones de euros. El auditor reconoció en el juicio que en Gesturpa “no estaban las facturas”, de años anteriores, recogidas en la contabilidad, “y ese fue el problema”. En su escrito de acusación, el fiscal señala que en marzo de 2012 Gesturpa concertó un préstamo con el Ayuntamiento por los citados 1,7 millones, “con conocimiento” de que “nunca” podría devolverlo “dada su evidente falta de viabilidad económica”.

El auditor señaló que el Ayuntamiento de Pájara pagó esas facturas no contabilizadas en su empresa pública en nombre de Gesturpa, por lo que se convirtió en acreedor de su propia sociedad. Miguel Ángel Ramírez reconoció que fue un “problema” decidir “cómo se contabilizaba esto”. En los libros de la empresa se refleja que se incrementó la deuda a largo plazo de la empresa pública. Antes del pago, esas facturas estaban como “congeladas”, añadió.

Momento de la declaración del auditor Miguel Ángel Ramírez.

Salida de 100.000 euros

El 23 de abril de 2010 se efectuó una transferencia de 100.000 euros de las cuentas de Gesturpa. El auditor reflejó en sus informes que no había podido acceder a la documentación que justificase ese pago ni se identificó su destino. “Por todo ello, existen dudas razonables sobre la autenticidad y recuperación de dicho saldo”, advirtió en su auditoría, en la que añadía que, en ese ejercicio, tanto el resultado de Gesturpa como el patrimonio neto de la empresa estaba “sobrevalorado” en el citado importe.

El fiscal recordó en el juicio que se había aportado, en 2015, cuando la Fiscalía ya había presentado su denuncia e iniciado la investigación, una factura “de muy mala calidad”, que se remontaba a 2005, de Transportes Araya Franquiz. “Solo cuando denuncia la Fiscalía aparece la factura”, reiteró.

“Se disolvió por ley”

Otra de las claves del juicio radica en que la empresa pública se tenía que haber disuelto en la etapa de Blas Acosta, atendiendo a las cifras negativas que presentaba. Sin embargo, no se hizo así. “Gesturpa se disolvió por ley, no se decidió su disolución”, recalcó Eugenio Vidal, que es el actual liquidador de la empresa pública y compareció como perito. Explicó que en 2013 se aprobó una ley para racionalizar las entidades públicas y a empresas en la situación de Gesturpa se les dio un plazo. “Si el Ayuntamiento de Pájara no disolvía [Gesturpa], que no lo hizo, se disolvía por ley”, explicó.

El pleno del Ayuntamiento de Pájara tomó conocimiento de esa disolución de Gesturpa en 2016 y se nombró a Vidal el liquidador de la mercantil. La liquidación, seis años después, todavía no ha concluido. El perito reconoció a preguntas de la Fiscalía que “no había” impedimentos para haber disuelto la empresa con anterioridad, cuando el auditor advertía que la empresa pública estaba en causa de disolución.

Blas Acosta, al entrar en el Juzgado de lo Penal de Puerto del Rosario.

Administrador y junta

Una de las líneas de defensa ya esbozadas antes del juicio y sugeridas en la primera sesión de la vista oral es que Blas Acosta era administrador de Gesturpa pero que la potestad de disolver la empresa pública correspondía a la junta general del socio único, que era el pleno del Ayuntamiento de Pájara. El auditor Miguel Ángel Ramírez aseguró que Acosta le había manifestado que la empresa pública se iba a liquidar “sí o sí” y añadió que vio “actas diciendo que se va a liquidar”, pero ni se tomó el acuerdo correspondiente ni se puso en marcha el proceso.

Para la Fiscalía, está claro que Blas Acosta “nunca propuso a la junta general” de Gesturpa el “acuerdo de disolución de la sociedad” pese a tener un agujero de casi dos millones de euros “al momento de su cese”, tras las elecciones locales de 2015. El fiscal recordó que Acosta debería haber convocado a la junta de la empresa para disolverla en un plazo de dos meses desde que concurriese causa legal para ello, una situación que atestiguaban las auditorías anuales del periodo enjuiciado.