Los vecinos del Llano de la Higuera, en Tuineje, están en pie de guerra. Han recogido firmas estos meses de verano y se han concentrado para protestar por los ruidos, el polvo y los perjuicios que genera la instalación de dos parques fotovoltaicos en las inmediaciones de sus viviendas.

“A siete metros de mi casa me encuentro con un macro proyecto fotovoltaico, con una altura de tres metros”, denuncia Cristina Méndez Brito. “No veo nada delante de mi casa, genera ruidos, el brillo del sol en las placas nos deja ciegos y he perdido toda la calidad de vida que ofrece el campo”, lamenta esta vecina.

Además, desde que comenzaron las obras hace varios meses, no ha parado el tránsito continuo de camiones: rompieron la carretera, formaron grandes polvaredas y prácticamente no podían abrir las ventanas de las casas. “Vivir aquí se ha convertido en un infierno para las ocho familias, y la empresa se salta toda la normativa vigente del planeamiento insular”, añade Cristina.

En el Boletín Oficial de Canarias (BOC) del pasado 18 de julio, se publicó el anuncio relativo a la ejecución en Tuineje del proyecto de planta fotovoltaica denominado El Charco IV, de un megavatio, promovida por la empresa Canarias Investment Office.

En realidad, se trata de una compañía cuyo socio único es el Grupo Satocan, conocido por su rama de construcción de obra pública y por haber solicitado al Gobierno de Canarias tres permisos en la franja oeste de Fuerteventura, desde el municipio de La Oliva a Pájara, con una superficie de 45 kilómetros cuadrados, para la prospección en busca de tierras raras.

“A siete metros de mi casa me encuentro un macro proyecto fotovoltaico”

En el tiempo de descuento de la anterior legislatura, el 14 de junio del año pasado, la Consejería de Transición Ecológica declaró de interés general las obras de la citada planta fotovoltaica. De nada ha servido por ahora que el Cabildo de Fuerteventura, ya en 2024, recurriera la declaración de interés general del proyecto.

La Corporación insular ha denunciado la aplicación “fraudulenta” de un procedimiento extraordinario de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias, que permite saltarse el planeamiento. Este cauce, el del criticado artículo 6 bis, ha pasado de contemplarse como algo excepcional a convertirse en el modus operandi habitual del Ejecutivo autonómico para imponer parques eólicos y fotovoltaicos al margen del planeamiento en Fuerteventura.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya está analizando los expedientes de las plantas fotovoltaicas El Charco IV y El Charco II, situadas a menos de dos kilómetros en dirección a Gran Tarajal, tras los procedimientos judiciales iniciados por el Cabildo majorero. En concreto, lo que ataca la institución insular son las declaraciones de interés general aprobadas por el Gobierno autonómico, el paso previo a las autorizaciones para ejecutar los proyectos.

“Lo que denunciamos es que las obras”, dice Cristina, “ya están casi finalizadas” y parece que, al menos a corto plazo, no se puede “hacer nada” para frenarlas. Las plantas solares El Charco IV y El Charco I están pegadas, suman tres megavatios de potencia y ocupan más de 33.000 metros cuadrados.

Los vecinos han pedido información en el Cabildo y en el Ayuntamiento de Tuineje. “Nos responden que se tramitará una sanción administrativa contra la empresa, pero ellos no han parado las obras, y luego lo pondrán en marcha y nos lo vamos a comer con la contaminación correspondiente y los graves problemas que ocasiona para nuestra salud”, resume Méndez.

Cristina Méndez: “Hemos perdido la calidad de vida que ofrece el campo”

“Hemos sufrido días enteros de obras, de polvo, sin poder abrir las ventanas, con calor, rompieron toda la carretera... Hemos llamado en reiteradas ocasiones a la Policía Local de Tuineje para dejar constancia de lo sucedido. Pero nos preguntamos cómo es posible que ningún técnico revisara que ese lugar no era apropiado para una instalación eléctrica de esa magnitud”, apostilla.

Ante esta situación y el sentimiento de impotencia, los vecinos se han unido para que se diriman responsabilidades, dado que “la empresa persigue una rentabilidad económica sin importarle los daños colaterales que genera”. “Queremos pedir responsabilidades a las administraciones y personas que permitieron la instalación de un parque fotovoltaico de uso industrial en un suelo rústico pegado a nuestras casas”, afirma Cristina.

El Cabildo ha iniciado pleitos por las declaraciones de interés general

Esta afectada critica que desde las administraciones, por la vía de los hechos, “cambian la calificación del suelo en función de intereses empresariales”, para habilitar una potencia eléctrica “muy superior a la que se necesita en Fuerteventura” y con la intención de “crear una autopista energética a otras Islas”. Fuerteventura ya está unida a Lanzarote por un cable submarino y, de hecho, ambas islas conforman un único sistema eléctrico. De cara al futuro, está planificada la conexión con Gran Canaria.

Los vecinos del Llano de la Higuera aseguran que no se piensan quedar de brazos cruzados frente a los problemas: “No han respetado el margen de la acera, han dejado alcantarillas elevadas, se han saltado todas las medidas medioambientales”. “Como ciudadanos nos sentimos totalmente engañados y olvidados”, denuncian.

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