El pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado este viernes, por unanimidad, una declaración institucional para mostrar su total compromiso y apoyo al personal trabajador, la Plataforma Salvar el Oliva Beach y su Comité de Empresa por la reciente resolución del Ministerio de Transición Ecológica en la que declara la caducidad de la concesión del hotel RIU Oliva Beach.

A través de este acuerdo, la Corporación insular insta al Gobierno de Canarias a plantear un conflicto de competencias en materia de ordenación del litoral ante el Tribunal Constitucional. Asimismo, pide al ejecutivo autónomo a explorar cualquier posibilidad de interposición de contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución ministerial.

El pasado 27 de febrero, el Ministerio de Transición Ecológica declaró la caducidad de la concesión del Hotel RIU Oliva Beach y, por lo tanto, su derribo. Ante esta situación, explica la presidenta insular Lola García, "es importante que todos los grupos de la Corporación insular mostremos unidad y nos manifestemos ante una resolución que es todo un golpe para los más de 400 trabajadores que llevan años luchando para salvar lo que, durante décadas, ha constituido un verdadero impulso a la economía del municipio de La Oliva y de la Isla". 

Por este motivo, "aprobamos una declaración institucional para reiterar nuestro apoyo a los trabajadores y trabajadoras, y pedir al Gobierno de Canarias que exija que se respeten sus competencias. No nos tienen que tutelar desde Madrid los problemas que deben resolverse en Canarias".

Para el vicepresidente insular, Blas Acosta, "el Cabildo ha manifestado desde hace muchos años el total apoyo de trabajadores y trabajadoras, para salvaguardar el empleo en la Isla y, en este caso en concreto, en el norte de Fuerteventura. "El Gobierno de Canarias debe defender sus competencias que ya han sido transferidas y mantener reuniones bilaterales con el Estado respecto al ámbito competencial".

Todos los grupos con representación en el Pleno (CC, PSOE, Grupo Mixto, PP y  NC-Frente Amplio Canarista) expresaron la necesidad de buscar soluciones, que se agoten todos los recursos posibles y defender el Estatuto de Autonomía de Canarias, teniendo el Archipiélago y las instituciones insulares capacidad de decisión en los asuntos que conciernen al territorio canario.

A través del acuerdo, se insta además al Ministerio de Transición Ecológica a mantener las reuniones necesarias con la empresa para llegar a acuerdos en beneficio y defensa de los trabajadores. Una vez aprobado, el acuerdo se traslada a ayuntamientos, cabildos insulares, Gobierno de Canarias y ejecutivo central.