La consejera Jessica de León, candidata del Partido Popular al Cabildo de Fuerteventura, destacó este lunes, tras conocerse el requerimiento de la Delegación del Gobierno en Canarias para anular los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Corporación insular, que "estamos ante un hecho sin precedentes en la administración insular de Fuerteventura y de Canarias".

"Ya lo advertimos hace unos meses: si el presidente se quedaba solo con el consejero Juan Nicolás Cabrera, el Consejo de Gobierno sería nulo de pleno derecho y cualquiera de los acuerdos que se adoptaran no tendrían validez”, recordó De León. “Sin embargo, ahora esa imprudencia y temeridad, de la que solo Sergio Lloret es el auténtico responsable, puede costarnos muy caro a todas las personas que vivimos en Fuerteventura", apostilló.

El informe emitido por la Delegación del Gobierno “pone de manifiesto la intención deliberada de Lloret de ignorar” el Reglamento Orgánico del Cabildo de Fuerteventura, "en un evidente acto deshonesto que está apartado de todo sentido común, porque dos personas no pueden conformar un órgano colegiado ni en primera ni segunda convocatoria", señala de León.

El citado reglamento de la Corporación insular exige un mínimo de tres miembros en el Consejo de Gobierno en segunda convocatoria. De ahí que la Delegación del Gobierno en Canarias se refiera a que no cabe interpretar que en primera convocatoria basta con solo dos miembros.

“A pesar de que el texto es claro en ese aspecto”, el grupo popular en el Cabildo recuerda que “el presidente se saltó de forma intencionada el máximo reglamento de funcionamiento de la institución amparándose para ello en un informe externo que en nada era vinculante”. Señalan también los populares que, para articular y dar validez a la celebración de los Consejos de Gobierno, Sergio Lloret “llegó incluso a amenazar al personal del Cabildo”.

Ante esto, el PP exigirá que se diriman “todas las responsabilidades políticas necesarias ante una acción grave y continuada que ha llevado a la Institución insular a adoptar decisiones bajo un procedimiento ilegal”.

"El presidente, aun habiendo sido advertido a través de un informe emitido por la Secretaría General del Pleno, ha ignorado dicho informe para continuar tomando una serie de acuerdos que, tras confirmarse que son nulos de pleno derecho, pueden costar caro a las arcas insulares", agrega De León.

Riesgo de indemnizaciones

“En estos últimos tres meses se han sacado a licitación contratos por más de 35 millones de euros; pero, al ser nulos, las personas físicas o jurídicas adjudicatarias están en su derecho de reclamar las correspondientes indemnizaciones”, asegura el PP.

Por todo ello, los populares ya han pedido la comparecencia del presidente en el pleno del Cabildo majorero “para que dé cuenta de las acciones que tiene previsto adoptar”, así como para que informe de "cuánto nos va a costar esto a los majoreros, a las empresas y a los funcionarios de la casa, que trabajan sin seguridad jurídica", concluye de León.