La inestabilidad política y los escándalos de corrupción han marcado la historia reciente del Ayuntamiento de La Oliva. El 16 de mayo a las doce de la mañana, si se cumple el guion previsto, Isaí Blanco (CC) se convertirá en el tercer alcalde que en dos años habrá tenido el municipio norteño. Blanco aterriza en la alcaldía a las pocas semanas de aflorar el enésimo caso de presuntas irregularidades en el Consistorio: la denunciada ausencia de fondos que debían estar en la caja de la institución y que no aparecen.

Entre procedimientos que están solo pendientes de juicio, instrucciones avanzadas y otras investigaciones más recientes, en los Juzgados hay una decena de casos relacionados directamente con el Ayuntamiento. Al todavía alcalde, Pedro Amador, el registro de la moción de censura le pilló de viaje pero no le cogió por sorpresa. A los pocos días de tomar posesión en enero del año pasado tras la inhabilitación de Domingo González Arroyo, Amador ya se tuvo que enfrentar al primer intento para arrebatarle el bastón de mando.

En aquel momento salió airoso gracias a la interpretación de que la moción de censura se había presentado “en fraude de ley”, puesto que no había sido válida su expulsión ‘exprés’ del grupo municipal del Partido Progresista Majorero ni de la propia formación política con la que concurrió a las elecciones. Esa expulsión tardó algo más de un año en hacerse efectiva y, al convertirse recientemente en concejal no adscrito, se abrió la puerta a la moción de censura presentada el 2 de mayo por Coalición Canaria, Nueva Canarias y el partido fundado por el conocido ‘Marqués de las dunas’. En esta ocasión, en el ‘tripartito’ están seguros de que se han dado los pasos correctos y que la moción de censura prosperará.

No obstante, Pedro Amador parece que no quiere tirar definitivamente la toalla: emprendió acciones legales al entender que no procede la tramitación de una segunda censura. Solicitó medidas cautelares que han sido rechazadas por el Juzgado de lo contencioso, pero ha confirmado que seguirá adelante con el procedimiento judicial.

Aunque han decidido guardar silencio hasta que se celebre el pleno, fuentes del futuro grupo de gobierno destacan el hecho de que la moción haya sido tramitada por la Secretaría del Ayuntamiento. “Otra cuestión es que Pedro Amador quiera poner en tela de juicio a los funcionarios del Ayuntamiento y buscar algún resquicio”, señalan.

Por distintas circunstancias, en el Ayuntamiento de La Oliva ya no está ni quien ganó las elecciones, Domingo González Arroyo, ni quien quedó segunda, la nacionalista Claudina Morales, reubicada en el Instituto Canario de Igualdad tras la última remodelación del Gobierno de Canarias que preside Fernando Clavijo.

El 16-M está previsto que La Oliva estrene a su tercer alcalde en apenas dos años de mandato, mientras siguen aflorando casos de presunta corrupción en el Ayuntamiento

Los antiguos rivales ya no están en la primera línea de la política municipal, pero nadie duda de su influencia en la ‘decapitación’ política de Pedro Amador, un oponente común para ambos. González Arroyo, que ha venido anunciando desde hace semanas la inminencia del último movimiento en el tablero político de La Oliva, no le ha perdonado a Amador que se desmarcase de sus intentos para alargar su permanencia en la alcaldía estando ya inhabilitado por prevaricación, ni tampoco que ofreciera directamente al resto de ediles del PPMajo entrar a formar parte del grupo de gobierno junto a Partido Popular y Partido Socialista.

Para los firmantes de la censura, lo que hizo Amador fue promover el “transfuguismo entre algunos concejales de la oposición”, ofreciéndoles gobernar para evitar verse fuera de la alcaldía. También le acusan de llevar a cabo una “continua campaña de desprestigio y ataques personales a los miembros de la oposición”. Y justifican el cambio de rumbo en el Ayuntamiento en que no se ha conformado una mayoría estable durante el último año y cinco meses.

Una de las consecuencias directas de la inestabilidad política en La Oliva ha sido que el Consistorio no ha conseguido aprobar sus presupuestos de los dos últimos ejercicios. Tampoco se ha logrado alcanzar una salida a una de las losas económicas a las que se enfrenta la institución: la deuda de casi 10 millones de euros que mantiene la empresa municipal Suministros de Agua de La Oliva con la compañía Canaragua, generada al liquidarse el contrato de servicios del saneamiento municipal cuando se declaró nula su adjudicación. La lista de tareas urgentes es amplia para quien esté al frente del Ayuntamiento a partir del 16-M.

A la derecha, Isaí Blanco (CC), aspirante a alcalde.

Una carrera fulgurante

Isaí Blanco, que previsiblemente se convertirá en el tercer alcalde de La Oliva en este mandato, tiene tan solo 31 años. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, y es propietario y gerente de una agencia inmobiliaria, Fuertecasa Real Estate. Blanco también cursó estudios en la London South Bank University de Londres, se especializó en dirección internacional de empresas, y ha vivido en Reino Unido, Estados Unidos y China. De su experiencia profesional destaca haber trabajado para el Latin American and Caribbean Center y para una empresa norteamericana de telecomunicaciones, IsoftStone.

Diez casos de corrupción municipal

Entre procedimientos que ya llevan años de instrucción en los Juzgados e investigaciones más recientes, impulsadas en gran medida por las denuncias que presenta el grupo político Votemos, en la actualidad hay una decena de casos que salpican al Ayuntamiento de La Oliva. Éstas son las claves:

CAJA FUERTE. El escándalo más reciente es el descuadre detectado entre el dinero que había en la caja fuerte y el montante recogido en la contabilidad municipal. Se tuvo que forzar la caja fuerte al no entregar la llave el que ha sido tesorero desde 1991. El portavoz de Votemos, Álvaro de Astica, estimó que faltan al menos unos 200.000 euros.

SUMINISTROS. La Fiscalía ha apreciado indicios de malversación o de un delito societario en la empresa municipal Suministros de Aguas de La Oliva. Fue el propio Ayuntamiento presidido por Pedro Amador el que presentó la denuncia por la presentación en el Registro de cuentas distintas a las aprobadas en la junta de la empresa.

ABOGADO. El Ayuntamiento, al igual que Votemos, ha recurrido el archivo provisional del caso abierto por las contrataciones a un abogado externo que suman unos 900.000 euros. El Consistorio ha pedido que declaren como investigadas las exalcaldesas Claudina Morales (CC) y Rosa Fernández (PSOE), además de la anterior interventora. Para el Ayuntamiento, se cometió una “flagrante vulneración de la Ley de Contratos”.

‘DEDOCRACIA’. En el caso ‘Dedocracia’, como lo bautizó Votemos, se investiga por prevaricación a Claudina Morales y a Rosa Fernández, en los nombramientos de los trabajadores municipales que ocuparon durante años los cargos de tesorero, secretaria e interventora. La Fiscalía destaca que no se efectuaron de acuerdo a la legislación y que tampoco se sacaron las convocatorias de puestos para funcionarios con habilitación nacional.

‘MARQUÉS’. La Fiscalía ha solicitado cuatro años de prisión para el exalcalde de La Oliva Domingo González Arroyo por ejercer como primer edil del Consistorio estando inhabilitado durante nueve años por prevaricación. Demoró la toma de conocimiento de la sentencia, siguió ejerciendo de alcalde y llegó a cambiar las cerraduras del Ayuntamiento, de donde tuvo que ser desalojado por la Policía.

BAKU. El Juzgado acordó la apertura de juicio oral contra 17 personas, incluidos González Arroyo, Claudina Morales y Rosa Fernández, por prevaricación y exacciones legales. La Fiscalía pide tres años de prisión y una indemnización superior a los 550.000 euros, por la adjudicación de un centro de ocio en Corralejo. No se llegó a pagar canon y se eximió a la empresa que se llevó el concurso de los tributos por los permisos de las obras.

CLAVELLINAS. También de la época de González Arroyo es este caso, cuyo juicio se iba a celebrar en enero. Se juzgarán presuntos delitos de prevaricación y malversación, y en el caso del exalcalde también de apropiación indebida. Se efectuó al Ayuntamiento una donación de una parcela rústica de 27 hectáreas en Corralejo y González Arroyo acordó que se subastara.

HAMACAS. La Fiscalía aprecia indicios de cohecho, tráfico de influencias, alteración en concursos públicos y estafa en las licitaciones para la explotación de las hamacas en Corralejo. La denuncia la presentó Álvaro de Astica.

NÓMINAS. El Ministerio Fiscal ha pedido que se investigue a una trabajadora del Ayuntamiento por la supuesta alteración de las nóminas. El caso se origina también a raíz de una denuncia inicial de Votemos.

MONTECARLO. La Fiscalía solicita para Carlos Sáenz, antiguo interventor de La Oliva y del Ayuntamiento de Arrecife, en Lanzarote, ocho años de prisión por una trama relacionada con la gestión de los tributos. El empresario que los recaudaba, José Vicente Montesinos, se enfrenta a una petición de seis años de cárcel.