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Así es el plan del Gobierno para evitar el derribo de la ilegal Origo Mare

Las instituciones proponen proteger la Cueva del Llano, ampliar la zona de protección de aves o eliminar carreteras en urbanizaciones paralizadas de El Cotillo dentro de un paquete de inversión de siete millones

M. Riveiro 17 COMENTARIOS 06/07/2021 - 06:37

El Gobierno de Canarias considera que la demolición de la urbanización Origo Mare, declarada ilegal por la Justicia e investigada por la Comisión Europea, “supondría unos costes económicos elevadísimos para el erario público, en concepto de demoliciones, restauración y, sobre todo, indemnizaciones”.

Así lo destaca en la evaluación de impacto ambiental del plan parcial, que en realidad se denomina Casas de Majanicho y que ha salido a exposición pública justo cuando se cumplen 20 años desde que el Ayuntamiento de La Oliva aprobó el proyecto de urbanización, anulado por los tribunales.

Dos décadas después, el suelo está considerado rústico y no urbano, la licencia de la urbanización anulada y Europa pide explicaciones a España por la afección a un hábitat de interés comunitario como el malpaís, del que se estima que se arrasaron un millón de metros cuadrados, de otro hábitat de interés como las “dunas móviles embrionarias”, del que se invaden unos 97.000 metros cuadrados, y por la “transgresión” de más de 39.000 metros cuadrados de lo que es en la actualidad una Zona de especial protección de aves.

A finales de 2017 la Comisión Europea inició un “procedimiento formal de infracción contra España” por vulnerar la normativa europea sobre protección ambiental en el desarrollo de la urbanización en Majanicho (La Oliva).

Hasta entonces, ni el Gobierno de Canarias ni el Ayuntamiento de La Oliva se habían preocupado de las consecuencias de una sentencia del Tribunal Supremo, de febrero de 2011, que anuló en firme la aprobación definitiva de la urbanización.

La evaluación de impacto ambiental que está en exposición pública lleva la firma de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, pero el trámite lo efectúa el Ayuntamiento de La Oliva, “en cumplimiento”, asegura, “de los compromisos institucionales adquiridos” por el Ejecutivo regional, el Cabildo de Fuerteventura y la Corporación municipal ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea.

En el documento se reconoce que la “demolición de la urbanización y la restitución del medio al estado previo” es “la fórmula que se plantea” cuando se ejecutan construcciones “que conculcan la legislación urbanística, territorial y ambiental”, como es el caso de Origo Mare, que admite que está “afectada por sentencias judiciales anulatorias” y “del planeamiento” que lo amparaba.

Sin embargo, el Gobierno de Canarias evita considerar la demolición como una alternativa viable, a pesar de que ni siquiera realiza el cálculo de cuáles serían los costes, escudándose en que el resultado alcanzaría “cifras muy elevadas”, que no concreta, y da por sentado que quien tendría que “asumir los costes de ejecución de dicha medida” sería “la administración local”.


Viviendas inacabadas en una parte de Origo Mare.

Europa tiene abierto un expediente de infracción por Origo Mare

También pretende zanjar la alternativa de la demolición con el argumento de la “repercusión social” y sostiene que podría tener una percepción negativa por los ciudadanos. En el estudio se llega a decir que con el derribo se eliminarían elementos que, “al margen de su colisión con algunos valores ambientales, pueden percibirse como bellos, interesantes, funcionales, en definitiva, como espacios deseables”, porque “han sido diseñados para ser atractivos”. También alude a que se verían afectados “unos 70 propietarios”.

Al derribo parcial, de una esquina de la urbanización Origo Mare, que ocupa espacios protegidos de la Red Natura 2000, también se le ponen pegas por parte del Gobierno de Canarias. Aunque en el estudio de campo se comprobó que había villas inacabadas, se acoge la excusa de los promotores de que las 748 edificaciones previstas “se acabaron todas” y que “fueron actos vandálicos” los que provocaron el “aspecto de inacabadas” de algunas de ellas.

El Gobierno afirma que una demolición parcial obligaría a recolocar la edificabilidad de las villas derribadas en otra zona, pero dentro de Origo Mare, porque “no se podría obligar a los promotores a renunciar a dicho aprovechamiento”. Al estar anulado el planeamiento y estar reclasificado Origo Mare como “suelo rústico común”, añade el Gobierno, “no parece” haber “una solución directamente aplicable, salvo por procedimientos excepcionales”.

Compensar el daño

La declaración de impacto ambiental, además de intentar esquivar el procedimiento de la Comisión Europea y de consolidar lo ya edificado por la empresa promotora, Nombredo SL, en las 120 hectáreas que ocupa Origo Mare, pone énfasis en las denominadas “medidas compensatorias”.

Se reconoce que la urbanización ha sido declarada ilegal y que no se debió de ejecutar, pero para resarcir el daño se plantea una serie de medidas, la mayoría en otras zonas del norte de Fuerteventura.

En concreto, se pone sobre la mesa un “plan de restauración ambiental” que incluye el balizado de pistas entre Majanicho y Corralejo, el desmonte de bordillos y calzadas en las urbanizaciones que fueron paralizadas de Costa del Faro y Los Lagos, así como un vial al este de Origo Mare. Se estima el gasto en 1,8 millones y es la partida más cuantiosa de los 7,2 millones que se plantean invertir, y que incluye relleno de extracciones, retirada de escombros, delimitación de senderos o retirada de farolas, entre otras intervenciones menores.

El Gobierno también plantea otras iniciativas medioambientales para compensar que no piensa afrontar la demolición de Origo Mare y que pretende encajar en este procedimiento. Es el caso de la declaración de la Zona Especial de Conservación de la Cueva del Llano, un tubo volcánico originado por las coladas de la erupción de la Montaña Escanfraga, en el que fue descubierto en 1990 el Opilión maiorerus randoi, una especie declarada en peligro de extinción en 2001.

Se barajan tres alternativas: proteger 80.230 metros cuadrados de superficie, extender esa protección a 101.402 metros o llegar a 114.931 metros. Una parte de esa superficie (18.620 metros) se correspondería con parte de la urbanización Casilla de Costa, en concreto una parcela sin edificar.


Vista satélite de la urbanización, sobre malpaís y jable.

La urbanización fue declarada ilegal por la Justicia y el suelo es rústico

Otra de las acciones para compensar la vulneración de Origo Mare es la ampliación de la red de Zonas de Especial Protección de Aves de la Isla “para incorporar los hábitats de núcleos de población importantes” de hubara y otras aves esteparias, “en particular en la zona de El Cotillo, Majanicho, Tefía y Ampuyenta”. En concreto, la superficie del espacio de protección de aves se incrementaría en unas 2.126 hectáreas.

En la misma línea, el planteamiento del Gobierno de Canarias es vincular un plan para la recuperación del hábitat de la hubara y otras especies a las medidas compensatorias que bloqueen la demolición de la urbanización ilegal. Se eliminarían pistas que atraviesan el jable en el Llano del Tostón y El Cotillo, se cerrarían “todos los accesos a senderos existentes en la zona de jable” y se restaurarían unas 16 gavias para su puesta en funcionamiento, entre otras medidas.

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Comentarios

1 Inexplicable Mar, 06/07/2021 - 09:22

Que vergüenza, otra mierda más que se ejecuta y ahí se queda "para que la disfrutemos". Los que dieron los permisos, empezando por "el capo" a la cárcel y que paguen de su patrimonio las indemnizaciones hasta quedarse sin un céntimo. La urbanización debe derribarse por qué es la única forma de que los (...) entiendan que no pueden (...) con el convencimiento de que van a triunfar. Indemnizar a los dueños que compraron engañados me parece normal, pero indemnizar a los promotores "que (...) a los políticos y funcionarios del ayuntamiento me parece demencial, se lucrarían con el (...) Ya de paso, las casas ilegales de esta urbanización se siguen publicitando para la venta en carteles por la Isla, en anuncios en revistas e incluso en la terminal del aeropuerto. Una entidad pública cobrando por promocionar en su terminal la venta de viviendas ilegales..., toma ya.

2 Azarug!!!! Mar, 06/07/2021 - 11:28

Que nos gusta en esta isla una prohibición.Y todo se prohíbe por un pájaro,bien sea una avutarda,una hubara,un guirre,una parcela......que es ilegal?,vale,es ilegal, la Ley está para cumplirla. Otra es por qué hay tanto suelo prohibido en esta isla.Creo que es un error tremendo.Debería "abrirse" terreno de manera ordenada y siempre buscando el bienestar,riqueza de todos los residentes y los que quieran venir a invertir aquí.De igual manera creo que eso va a ser imposible,y saben por qué?,porque la catalogación de Fuerteventura como Biosfera nos impide ese crecimiento debido a la cantidad de fondos europeos que llegan para el mantenimiento de esa categoría en favor de unas aves y en contra de la prosperidad de los majoreros y de sus residentes.

3 ET Mar, 06/07/2021 - 12:06

Muy feo todo esto, los ciudadanos no han pecado pero pagaran el precio, si o si, en metalico o destrozo ambiental. Y la moral? El mandatario de turno puede firmar lo que mas le convenga en este momento aunque sea legalmente cuestionable porque a la hora de pedir responsabilidades, sera la ciudadania que tiene que pagar. Y pasara lo mismo con ciertas obras en el sur.

4 luca gil Mar, 06/07/2021 - 13:17

Hasta que en este país, se dé lo de "obra ilegal/obra derruida" esos corruptos seguirán a sus anchas. Además hay que reformar la ley, para que sean los políticos y los técnicos que aprueban a saniedas estas ilegalidades los que paguen con sus huesos en la cárcel y con sus dineros los derribos. Así que nada, sintiéndolo por esas 70 familias, casa abajo, que les indemnicen y que quede todo el mundo avisado de lo que hay y lo que le espera a quien construye, licencia y compra lo que no debe. Y el pueblo, que verá las cuentas de su ayuntamiento destruídas, que sepa a quien vota.

5 Luis del Pozo Mar, 06/07/2021 - 14:32

La “impunidad para las corruptelas” es una de las mayores “vergüenzas” posibles y supone un auténtico “fracaso moral” en cualquier tipo de sociedad, más aún para una “democracia” y no digamos ya para un “estado de derecho”. Europa se ha pronunciado ante la “vergonzosa incapacidad e inoperancia” de las administraciones del estado español para atajar un tema que raya en la esencia de lo moral. La valentía y contundencia de Europa deja en el más absoluto ridículo a un estado que claramente ha demostrado no saber estar a la altura de las circunstancias (cuya responsabilidad es de los “irresponsables públicos” que lo gobiernan en sus diferentes escalas administrativas). No caben, de ninguna forma y bajo ningún tipo de concepto las compensaciones “apañadas a posteriori”. La Ley es clara y nos afecta a todos por igual, ya seamos administrados o administraciones. Los responsables (corruptos, facilitadores o consentidores) han de pagar lo que corresponda de forma solidaria e individualizada con su propio patrimonio. Lo indebidamente edificado deberá por imperativo legal ser demolido hasta recuperar el estado original cueste lo que cueste, como garantía de democracia y de respeto a un estado de derecho que no es patrimonio exclusivo de nuestros representantes, sino de toda una sociedad.

6 Manuel Saeta Mar, 06/07/2021 - 17:47

Del Pozo Presidente!

7 Mónica Martinez Mar, 06/07/2021 - 18:03

Diario de Fuerteventura, el amarillismo ya veo que es su tendencia y alimentar el morbo, desde la más pura ignorancia es su objetivo. Mentira 1. Casas inacabadas??? Que necesitan mantenimiento por fuera y adecuamiento en las zonas comunitarias es cierto y se está haciendo a medida que se van vendiendo los Oasis. Ya en venta Oasis 8 pese a quien le pese. Todas las casas , las 748, gozan ya de Final de obra , cedula de habitabilidad , y todas las entidades bancarias físicas ofrecen hipitecas de entre un 70 y 90% según el perfil del cliente. Mentira 2 Son posiblemente 70 propietarios de forma particular , muchos de ellos avalados por bancos y las 678 restante tienen otro propietario Tamadaba, un fuerte grupo inversor que no va a permitir el derrumbe cuando tiene toda la documentación que acredita ya la legalidad del complejo. NombredoSL el promotor murió en el camino hace tiempo, ya ni pincha ni corta en este asunto. Y yo no voy a debatir si se dieron bien o mal las licencias, pero que dar se dieron Y desde luego si lo que les importa de verdad es el medio ambiente....una demolición sería estupendo para esas aves, verdad! Pongan foco en gastar ese dinero en algo positivo y necesario para el pueblo de La Oliva, y dejen la polémica, en este caso la solución es peor que el problema. Saludos.

8 caradura Mar, 06/07/2021 - 19:18

Espero que el tratamiento para todas las ilegalidades sea el mismo: que la Administración se preocupe por salvar de la demolición todas las ilegalidades porque la solución es peor que el problema. Saludos

9 Anónimo Mié, 07/07/2021 - 10:54

Fuerteventura, territorio indio. Aquí no hay Ley. Si se aplica, algunas veces, es para fastidiar a algún enemigo. Las distintas administraciones locales, tanto Cabildo, como los distintos ayuntamientos, son los mayores incumplidores de la Ley; y así nos va...

10 A la Mónica Mié, 07/07/2021 - 12:03

Usted no tiene dos dedos de sentido común. Pueden tener todas las licencias qué quiera, pero si son ilegales son ilegales, lo mismo qué un carnet falso, para que le quede clarito. Esos bancos que dan hipotecas, saben la resolución ilegal de esto, por eso mismo están corriendo a venderlas en favor de los constructores, otra ilegalidad más engañando al ciudadano qué piensecen comprar, porque se queda sin casa sin dinero y pagando al banco los intereses. Si se derriban casas y chozas de más de 50 años, ya sea por costas o por ley medioambiental, por qué no esto? Porque es más fácil joder a un pobre qué a un rico? Antes de hacer nada, vaya a un bufete de abogados y a la ley, y cumpla con la ley, para no verse luego con el culo al aire, consejo de viejo!

11 Edu Mié, 07/07/2021 - 12:43

Todo , todas las medidas compensatorias , menos que QUIEN contamina o daña ...PAGA. Una urbanización en suelo rústico que no hizo el PREceptivo procedimiento de Evaluación Ambiental y que le van a dejar hacer un procedimiento POST construcción de la urbanizacion , y que en parte de la urbanización ocupa una parte de una zona ZEPA, se va a compensar por medio de actuaciones en OTROS lugares y promotores , como no realizar toda la edificabilidad de Casillas de Costa , aumentar la zona ZEPA en otro lugar de la isla , proteger la cueva del llano, levantar las aceras y carreteras de otras urbanizaciones que también fueron planes parciales y no llegaron a construirse . Todas las medidas compensatorias en otros lugares . Y a esto llegamos a la conclusión que no se cumple la máxima de QUIEN contamina o daña paga y que no se cumplen las máximas de la normativa en materia ambiental ni los principios de gestión ambiental . Fuerteventura es el "Far West" en materia de gestión y normativa ambiental ...y en otras cuestiones ...también . Así vamos .

12 Majorero Mié, 07/07/2021 - 19:05

Monica Martínez : estómago agradecido

13 Quien gobierna Jue, 08/07/2021 - 07:43

El gobierno que propone esta solución , no está formado entre otros por Psoe y !!podíamos!!, ? Estas soluciones no las proponían los de derechas especuladores ? Vaya como cambian las cosas, cuando se cobra un sueldito de lo público.

14 Antomio Jue, 08/07/2021 - 20:42

La solucion es facil... Como hacen toda España... La culpa es de los Catalanes.. Jajaja

15 Antonio Jue, 08/07/2021 - 20:46

Nada... Sin problema... Como hacen en toda españa... La culpa es de los catalanes... Jajaja

16 Avutardo Dom, 11/07/2021 - 17:34

Las medidas compensatorias para poder ejecutar un plan, programa o proyecto que pueda afectar a un espacio de la Red Natura 2000 deben ser comunicados a la Comisión Europea con carácter PREVIO a su ejecución y deberán ser autorizados por esta al objeto de proteger la coherencia de la Red.

17 Homer Simpson Mié, 04/08/2021 - 11:33

Monica, que hueles a inmobiliaria desde aqui, dense prisa en colocarle las chozas que quedan a los alemanes asi cuando las manden tirar abajo ya se la mamarán ellos. Aqui preferimos que los guirres vivan bien a que sus "fuertes grupos inversores" se llenen los bolsillos a cambio de llenar de cemento la isla. Fuego le prendía yo, al origo mare, a los inversores y a la fruta que los parió a todos.

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