-¿Qué balance realiza del primer año de gobierno con el pacto entre Coalición Canaria y PSOE?

-Hemos trabajado bastante bien. Ante cualquier duda nos hemos sentado en la mesa de seguimiento y la hemos resuelto. Sobre todo, porque teníamos claro que el objetivo era ofrecer gobernabilidad y estabilidad ante todos los problemas de la Isla. El tema del agua es fundamental y es donde nos hemos centrado, junto a las infraestructuras sociosanitarias y los residuos. No hemos tenido tiempo de discutir... Ahora formaremos equipos para avanzar en el Plan Insular de Ordenación (PIOF) después de haber abordado el problema del agua. 

-En cuanto al agua, han destacado que de los 172 millones de euros comprometidos en el primer año de mandato, más de 60 han ido para obras hidráulicas. Nada más incorporarse a la presidencia se produjo una manifestación por los cortes de agua... ¿Está garantizado que esos cortes no sean la tónica habitual?

-Ya no lo son. Es verdad que hay zonas que han sufrido algún corte, pero porque estamos trabajando en garantizar el suministro de agua. Por ejemplo, la planta de Corralejo estuvo parada durante 12 horas en julio para hacer unas pruebas de conexión. Estamos preparando la ampliación de 1.000 metros cúbicos de capacidad de producción en esa planta. En la de Puerto del Rosario se acaba de recepcionar un nuevo módulo que garantiza 7.500 metros cúbicos más de agua. Con otra intervención pasaremos a contar con 11.000 metros cúbicos más al día en Puerto del Rosario. Y en Gran Tarajal habrá otro incremento de producción de 1.000 metros cúbicos.

-¿Con estas inversiones, el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) ya no tendría que comprar agua a otras empresas?

-Ya hemos minimizado la necesidad de adquisición de cubas y de agua. Cuando tengamos toda la producción que está prevista en funcionamiento y la principal línea de transporte, que abarca desde La Herradura al depósito de Tiscamanita, se notará la mejoría. Llegará suficiente caudal al depósito para llenar con presión y evitar los cortes en la zona sur. No sólo hemos aumentado la producción, sino que la red de distribución ha mejorado, desde Morro Francisco a Tindaya, hemos subsanado los problemas en la zona de Lajares... También en La Pared, que era una de las zonas que más problemas ha padecido por los cortes de agua, ahora tiene suministro diariamente.

-En cuanto a la nueva planta desaladora del sur de la Isla, ¿será realidad en este mandato?

-Una realidad no va a ser, no voy a mentir a nadie. Es muy difícil que esté concluida, pero esperamos que estén avanzados los procedimientos, contando para ello con todas las autorizaciones. Confiamos en que, con la declaración de emergencia hídrica, se puedan agilizar los trámites. El Gobierno se encuentra en la actualidad con el estudio de viabilidad, que debe estar en este mandato, al igual que el proyecto para sacarla a licitación, y contar con la financiación.

“Los cortes ya no son la tónica, vamos a contar con 11.000 metros cúbicos más”

-¿La idea es ubicarla fuera del entorno urbano?

-Los vecinos de Gran Tarajal se están quejando y, si la producción fuese la adecuada, la planificación ideal sería ubicar la nueva planta desaladora fuera del entorno urbano. La actual planta de Gran Tarajal tiene un problema: cuando hay temporal es necesario parar la producción, porque el pozo de captación se llena de arena y puede romper los filtros. También las algas generan problemas y hay que evitar que obstruyan las membranas. Esto fue lo que ocurrió el pasado mes de abril y tuvimos que emplear buzos durante tres días para limpiar.

-¿Se ha conseguido financiación adicional del Ejecutivo autonómico, contemplada en el presupuesto regional para aquellas islas que estuviesen en emergencia hídrica?

-El Gobierno de Canarias nos ha dado 5,1 millones de euros para comprar material y es cierto que hay una disposición en el presupuesto de 15 millones de euros. El consejero de Política Territorial y Aguas, Manuel Miranda, está buscando financiación, no solo para Fuerteventura, sino para otras islas. Hemos hablado tanto con el consejero como con el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y nos han trasladado que van a hacer un reajuste de presupuesto para disponer de una cuantía concreta. Confiamos que en este mes de agosto o a lo más tardar septiembre nos doten de financiación.

-Otro de los ejes del grupo de gobierno ha sido la atención sociosanitaria. Se ha desatascado la cesión de la parcela en Gran Tarajal para la residencia de mayores y el anteproyecto apunta a una inversión de 11 millones de euros. ¿Cuándo estarán en marcha las obras?

-La atención sociosanitaria es uno de los retos más importantes para la Isla. En la zona sur no hay ninguna plaza, de tal manera que los mayores y personas con dependencia no pueden acudir a un centro en su entorno, por lo que es una prioridad urgente. Ya tenemos la planificación de infraestructuras para mayores de los próximos años, con 40 millones de euros. Lo primero será la residencia y centro de día de Gran Tarajal, que esperamos sacar a licitación en breve, tanto la ejecución de obra como el equipamiento, de forma conjunta. De manera paralela se está elaborando el anteproyecto del centro de día de Costa Calma y estamos buscando una zona para contar con otra infraestructura para mayores en Pájara, al igual que ya contamos con una parcela en La Oliva, junto al centro de día Josefina Plá, y estamos hablando con Antigua y Betancuria para otra ubicación más. Faltaría el centro para  personas con discapacidad de la zona sur, sobre el que estamos pendientes de que nos doten de suelo, y también está en marcha la residencia de salud mental. Antes de finalizar 2024 ya la tendremos terminada porque el equipamiento ya salió a licitación.

-Con respecto a los instrumentos de ordenación, en el pasado mandato se encargó la planificación de los espacios protegidos, de las energías renovables o el PIOF, la gran hoja de ruta de la Isla. Pero a día de hoy, no ha salido ni la Ordenanza de las acampadas y el resto de planes parece que están retrasados. ¿Cuál es el motivo?

-Nos hemos tenido que sentar para ver el punto de partida en el que nos encontrábamos con Gesplan, que es el equipo al que se le encomendó la planificación. Lo que hicimos es darle prioridad a las ordenanzas, como la de acampada, que se le ha presentado al colectivo de caravanistas. Estamos a la espera de realizar los cambios que había planteado la asociación para tramitarla. La Ordenanza de energías renovables está en el Órgano Ambiental. Nos sentaremos con los ayuntamientos para ver los criterios de cada municipio. También estamos trabajando en la redacción del Plan Territorial de infraestructuras energéticas. Estamos haciendo los deberes y planificando, y lo que le pedimos al consejero de Transición Ecológica [Mariano Hernández Zapata] es que nos deje trabajar y determinar cuáles son las zonas idóneas para las energías renovables. En este primer año de mandato hemos interpuesto recursos judiciales contra casi una decena de autorizaciones que concedió el Gobierno de Canarias. Hemos tenido muchos frentes abiertos...

“Las energéticas se llevan el dinero y para nosotros, los destrozos”

-Mientras tanto, se está tapizando de placas fotovoltaicas el entorno de Puerto del Rosario y el Gobierno de Canarias ha sacado un concurso para añadir una nueva central de energía convencional. ¿No parece que los esfuerzos de planificación van por un lado y los hechos consumados van por otro?

-Es contra lo que nos oponemos y por eso hemos interpuesto los recursos que le decía y alegaciones al concurso que menciona. Lo que vamos a hacer desde el Cabildo de Fuerteventura, porque la ordenación del territorio es prioritaria, es contratar personal técnico durante tres años para revisar y agilizar los instrumentos de planeamiento, porque con la plantilla actual no podemos hacer frente a todo lo que se nos está viniendo encima.

-Centrándonos en la energía, hace veinte años la especulación era el ladrillo y ahora es el megavatio. ¿Están encontrando sensibilidad en el Gobierno de Canarias, en la Consejería de Transición Ecológica, para poner el freno que Fuerteventura está demandando?

-Nos está costando explicárselo y hacerles entender que no es capricho de esta presidenta. Cada vez que se haga una propuesta que suponga destrozar el territorio de la Isla y seguir convirtiéndola en el solar de Canarias, esta presidenta y este grupo de gobierno van a manifestarse en contra. En el Cabildo estamos invirtiendo para tener una ordenación apropiada, porque hay que contar con criterios para la toma de decisiones. Al igual que planteamos que el Gobierno central intenta decidir sobre nuestras costas desde Madrid, sin conocer nuestra realidad, lo que siento, no ya como presidenta del Cabildo, sino como vecina de Fuerteventura, es que otras administraciones no escuchan a la ciudadanía ni están viendo lo que estamos padeciendo aquí. Por ejemplo, se están permitiendo molinos a menos de 400 metros de las casas, cuyos residentes no pueden dormir por las noches. A veces fraccionan los proyectos para ni siquiera pasar la evaluación de impacto medioambiental. Las placas fotovoltaicas que se están implantando están rodeando todo Puerto del Rosario, con lo que van a impedir el crecimiento de la ciudad. En Tuineje hay vecinos que tienen a menos de ocho metros de su casa un parque fotovoltaico. Fuerteventura está a favor de las energías renovables, pero no solo tienen que hablar los políticos, sino también la ciudadanía, para eso están los planes de ordenación en los que pueden participar. Hay partes interesadas que se escudan en que hace falta rapidez porque se pierden las inversiones. La realidad es que las multinacionales quieren recibir subvenciones de fondos europeos. Ellos se llevan el dinero, nosotros los destrozos. Ya lo decía en campaña electoral: “Yo no vendo mi Isla”.

-En cuanto a las solicitudes para la explotación de tierras raras, un asunto que ha generado mucha polémica y rechazo, parece que en los últimos tiempos se ha extendido una capa de silencio sobre los permisos pedidos por Satocan. ¿En qué punto se encuentra este asunto?

-Estamos esperando que nos contesten a las alegaciones. Hemos solicitado a Biodiversidad del Gobierno de Canarias un informe sobre las solicitudes que se han hecho. Hay que dejar claro que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Fuerteventura establece que en esa zona de la Isla está prohibida la extracción, por lo que esperamos que se respete la normativa.

“La planificación de infraestructuras para mayores es de 40 millones de euros”

-Desde la Consejería de Industria, con Manuel Domínguez al frente ¿les han traslado los expedientes íntegros de las tres solicitudes?

-En dos ocasiones hemos solicitado los expedientes y no los remiten. Pedimos que nos faciliten toda la información para poder disponer de informes de expertos en esta materia, pero no se pueden encomendar hasta que tengamos los expedientes completos. En esa franja oeste de la Isla apostamos por la declaración del Parque Nacional de Zonas Áridas, una iniciativa que arrancó hace varios mandatos pero que se había estancado. Hemos analizado la situación y aunque nos trasladan que una declaración de esas características tarda entre cinco y 10 años, tenemos claro que el espacio cuenta con los valores necesarios para su catalogación como Parque Nacional. Y también entendemos que es incompatible esa protección que merece el territorio con la extracción de tierras raras.

-Otro asunto que ha estado de máxima actualidad en este primer año de mandato ha sido la posibilidad de que se reanude la línea marítima entre Puerto del Rosario y Tarfaya. ¿Hay alguna novedad?

-Que sepamos, no. Seguimos insistiendo en que la Isla debe contar con conectividad con el continente africano, porque está en desarrollo y supondría posibilidades de diversificación económica. Con ese objetivo, esa conexión es importante. Hemos debatido sobre la colaboración en agua y energía, pero también en otros ámbitos, como en materia sanitaria. Fuerteventura puede ser el lugar en el que se establezcan empresas europeas que quieran apostar por invertir en el continente africano. Somos el punto más cercano. Por otro lado, quiero dejar claro que nos preocupa el sector primario y los controles. Para eso necesitamos que el Estado dote un punto de control fronterizo con todas las garantías. Desde el Cabildo lo que decimos es que, hasta que no tengamos la máxima seguridad y los máximos controles, ese trayecto no se pondrá en marcha.