El Gobierno de Canarias ha dado luz verde a la construcción del nuevo edificio judicial de Puerto del Rosario pese al informe desfavorable emitido por el Ayuntamiento de la capital majorera, que había considerado que el proyecto incumplía el planeamiento urbanístico municipal.

El Ejecutivo autonómico ha resuelto la discrepancia a favor de la ejecución de las obras mediante un decreto dictado este pasado 26 de octubre y firmado por el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, y el vicepresidente Manuel Domínguez.

La decisión permite continuar con el proyecto impulsado por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, aunque su ejecución queda condicionada al cumplimiento de las prescripciones establecidas por el Cabildo de Fuerteventura y los organismos estatales competentes en materia de seguridad aérea.

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario había expresado su oposición mediante un decreto de la Concejalía de Obras Municipales, Urbanismo y Planeamiento del 9 de enero de 2026, en el que declaró "la no conformidad con la legalidad urbanística" de la actuación.

El Ejecutivo autonómico resuelve la discrepancia a favor de la construcción de los juzgados y ordena iniciar la modificación del Plan General de Ordenación de Puerto del Rosario

Según el informe municipal, el proyecto plantea construir el edificio sobre dos parcelas con distintas calificaciones urbanísticas, una destinada a uso administrativo y otra a espacio libre, sin respetar la delimitación establecida en el Plan General de Ordenación (PGO).

El Consistorio también objetó la apertura de un nuevo vial junto a una parcela colindante al noroeste, igualmente destinada a uso administrativo, que no figura en el planeamiento vigente.

Por estos motivos, el Ayuntamiento concluyó que "el proyecto no es conforme con la legalidad urbanística".

Además, señaló que la ordenanza municipal de edificación exige que los proyectos afecten a una sola parcela y que no se había acreditado la agrupación de los terrenos sobre los que se pretende construir.

Concentrar los servicios judiciales

El nuevo edificio judicial se proyecta en las parcelas AD-013, calificada para uso administrativo, y EL-010, destinada a espacio libre, situadas entre la avenida Eustaquio Juan Santana Gil, anteriormente denominada avenida Juan de Bethencourt, y las calles Antonio Espinosa y Lucha Canaria.

Los terrenos están clasificados como suelo urbano consolidado en el Plan General de Puerto del Rosario.

La actuación contempla tanto la construcción de la nueva sede judicial como el acondicionamiento de los espacios exteriores y las infraestructuras necesarias para su conexión con el entorno urbano.

El proyecto tiene como finalidad reunir en una misma ubicación los órganos y servicios judiciales que actualmente funcionan en dependencias dispersas.

Según recoge el decreto, la concentración de estos servicios permitirá mejorar su coordinación, aprovechar los espacios y facilitar el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia.

Cabildo y Aviación Civil

La autorización autonómica se apoya en los informes emitidos por el Servicio de Carreteras del Cabildo de Fuerteventura, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Dirección General de Aviación Civil.

El Servicio de Carreteras del Cabildo informó favorablemente el proyecto mediante documentos de 9 de junio y 6 de octubre de 2026, aunque estableció determinadas condiciones para los trabajos que afecten a la carretera FV-10.

Según los informes insulares, las actuaciones previstas mejoran las condiciones actuales al incorporar medidas de drenaje, señalización horizontal y vertical, nuevos bordillos y mejoras en las canalizaciones.

No obstante, el Cabildo exige que se supervise la señalización que se instalará en la carretera y que las obras se desarrollen con precauciones especiales, ya que la vía deberá permanecer en servicio.

La ejecución queda condicionada al cumplimiento de los informes del Cabildo sobre carreteras y de los organismos estatales competentes en materia de servidumbres aeronáuticas

Entre las condiciones establecidas figura comunicar el inicio de los trabajos con al menos tres días hábiles de antelación y ejecutar por tramos las zanjas que afecten a la calzada.

Por su parte, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea autorizó el 20 de mayo de 2026 la construcción del edificio y la utilización de una grúa torre y una grúa móvil.

El organismo constató que los terrenos están afectados por las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Fuerteventura, pero concluyó que las construcciones y los medios auxiliares previstos no vulneran las limitaciones establecidas.

La autorización queda condicionada a respetar las alturas máximas fijadas para el edificio y las grúas.

La Dirección General de Aviación Civil también emitió un informe favorable el 16 de septiembre, condicionado a que el proyecto incorporase el plano de servidumbres aeronáuticas y las disposiciones necesarias para garantizar su cumplimiento.

El decreto señala que esa documentación ya ha sido incorporada al proyecto.

Asimismo, la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial emitió informes técnicos y jurídicos favorables los días 2 y 7 de octubre.

Modificación del Plan General

El acuerdo del Gobierno establece expresamente la ejecución del proyecto en las dos parcelas previstas, pese a las objeciones urbanísticas formuladas por el Ayuntamiento.

También dispone que se inicie paralelamente la modificación del Plan General de Puerto del Rosario para adaptar las determinaciones urbanísticas que resulten necesarias.

Contra el decreto cabe presentar un recurso potestativo de reposición ante el Gobierno de Canarias en el plazo de un mes o acudir directamente a la jurisdicción contencioso administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses.