El urbanismo en Puerto del Rosario vive una etapa clave al arrancar la recta final del mandato: de la modificación del Plan General vinculada a la trasera del Cuartel y el solar de la DISA en Los Pozos, a las consecuencias del nuevo Catálogo de Patrimonio en zonas como La Cornisa, pasando por la finalización de la urbanización Resiplaya.

La parcela de DISA. El Ayuntamiento ha comenzado a tramitar la modificación menor del Plan General de Ordenación (PGO) de Puerto del Rosario para cambiar la denominada operación de la Ciudad de la Justicia. En el PGO aprobado hace una década se incluyó un ámbito de renovación urbana en la trasera del Cuartel, en la Avenida Manuel Velázquez Cabrera, donde se destinarían 3.000 metros cuadrados para el Palacio de Justicia, y se habilitarían cuatro parcelas de unos 1.400 metros cuadrados cada una. A cambio, el solar de la compañía petrolífera junto a la playa de Los Pozos, de unos 12.400 metros cuadrados, pasaría a ser suelo municipal.

La Justicia tumbó la operación al dar la razón a DISA: sus terrenos en la fachada marítima de la capital son suelo urbano consolidado y no una categoría inferior, como se recogieron en el PGO. De manera indirecta, el pleito también provocó un cambio en el emplazamiento del proyecto del Palacio de Justicia, que ha pasado a la calle Juan de Bethencourt.

“Hay que sacar la parcela de DISA de ese ámbito de renovación discontinuo”, explica la concejal de Urbanismo, Ana Hernández. Eso sí, “la parcela mantiene el uso de espacio libre, pero para que el Ayuntamiento la pueda adquirir tendría que hacerlo mediante expropiación y no a través de cesión gratuita”, como se recogía en el PGO. Todavía no se cuenta con una tasación: “No podemos adelantarnos, primero tiene que aprobarse la modificación menor del Plan General”.

El Ayuntamiento quiere que haya vivienda de protección en la trasera del Cuartel

Para el desarrollo de la trasera del Cuartel, la edil destaca que se mantendrán usos administrativos -si no son los Juzgados “podría ser la Comisaría de la Policía Nacional o cualquier otro que se decidiera- y también residenciales: “El planeamiento establece que un 30 por ciento tiene que ser para vivienda de protección”. La posición del Consistorio es mantener la filosofía de la planificación inicial y evitar el incremento de las instalaciones militares: “Nuestra negativa a ampliar el Cuartel en el centro de Puerto del Rosario es total”.

La Cornisa. Las 16 viviendas de este conjunto histórico de Puerto del Rosario han quedado protegidas con la aprobación definitiva del Catálogo de Patrimonio, este pasado mes de septiembre. Tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias destacaron en sus informes que ostentan “indudables valores” y que son “testimonio del origen y formación del primitivo núcleo urbano.

“Los informes de Patrimonio sobre proteger La Cornisa ya existían, pero no se había atendido”

De forma paralela, el Ayuntamiento ha venido tramitando otra modificación menor del PGO, en el ámbito de La Cornisa norte, para dar cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), de noviembre de 2021. La sentencia reconoció unos “errores de cálculo” en el Plan General. Entre ellos, una “diferencia” de 324 unidades de aprovechamiento menos de las que corresponderían que, según los cálculos asumidos por el tribunal, “tiene un valor en el mercado de 129.364,42 euros”. Otra cuestión es que si se cumple con el Catálogo, el desarrollo urbanístico previsto en el PGO, con edificaciones abiertas de tres plantas de altura, se vuelve prácticamente inviable.

La concejal de Urbanismo incide en los “antecedentes”: “Los propietarios presentaron en su momento un PAMU (Programa de Actuación sobre el Medio Urbano) que contemplaba mucha más edificabilidad y también más dotaciones para el Ayuntamiento”, recuerda. “Ese PAMU estuvo tiempo en el Ayuntamiento sin que nadie se pronunciara. Lo desestimamos e iniciamos el cumplimiento de la sentencia”, explica. “Los informes de Patrimonio, que dicen que La Cornisa hay que protegerla, en realidad ya existían pero nunca, hasta ahora, se habían atendido”, destaca Hernández.

¿Y cómo resolver la aparente incompatibilidad de asignar más edificabilidad con la protección de las casas antiguas? “Con el Catálogo ya aprobado, que tenemos que cumplir, nuestra misión es buscar las herramientas para que ese exceso de edificabilidad que hay que reconocer se pueda dar, por ejemplo a través de un convenio, en otra parcela similar”, indica la edil de Urbanismo. “La Sala nos pregunta cada tres meses cómo va el expediente, así que tendremos que explicar que hay una situación sobrevenida y presentar alternativas. También se valorará la monetización por si es asumible y se puede resolver de esa manera”.

Resiplaya. El Plan General clasificó distintos suelos como urbanos no consolidados aunque estuvieran edificados, entre ellos la urbanización Resiplaya, que no cuenta con todos los servicios urbanísticos básicos completados, lo que a su vez bloquea la concesión de licencias. “Lo que no se hizo antes hay que hacerlo ahora, pero con la gente viviendo allí”, señala Ana Hernández.

En la urbanización Resiplaya hay un proyecto para corregir el déficit de servicios básicos

El Ayuntamiento ha elaborado un proyecto con las obras necesarias en aceras, asfaltado, alumbrado, abastecimiento de agua o pluviales, así como las cesiones de suelo. Con los cálculos efectuados, el coste sería de unos 3.000 euros por vivienda y hay unos 140 inmuebles.

En teoría, la responsabilidad recae sobre los propietarios, pero habrá facilidades: “La licitación la hará el Ayuntamiento y la ejecución de las obras también, no vamos a pedir ese dinero de antemano, y ya se determinará de qué manera se devuelve al Consistorio, si a través de pagos a largo plazo o mediante alguna fórmula que todavía no está decidida”.

La concejal destaca que esa parte es “casi la menos importante”. “Estamos hablando de que ahora son como vecinos de segunda, porque si hay averías de abastecimiento las tienen que reparar, sufren facturas muy elevadas y el Ayuntamiento no puede realizar servicios de conservación y mantenimiento porque estamos hablando de una urbanización privada, que no ha sido recepcionada”, subraya.

“Están pagando el IBI y, sin embargo, el Ayuntamiento no les está prestando los servicios que debería”, añade. “Su calidad de vida va a mejorar, y también el valor de sus viviendas”. En un próximo pleno irá el proyecto de reparcelación, que es obligatorio y paso previo a licitar los proyectos de obra necesarios.