En Fuerteventura, la propia Administración del Estado pretende desalojar a Pascuala Roger Pérez, de 80 años, de Cueva de la Negra.

Los días 26 de agosto y 21 de septiembre se movilizaron Guardia Civil, Policía Local, funcionarios del Estado, TRAGSA/TRAGSATEC y recursos sanitarios.

Dos operativos absolutamente desproporcionados. Dos despliegues pagados por todos los españoles. Y los dos terminaron frustrados porque el propio Estado actuó ignorando los límites impuestos por otra institución pública y por la Justicia.

El primero, con medidas cautelares de protección patrimonial del Cabildo de Fuerteventura vigentes. El segundo, sin respetarse todas las condiciones establecidas por la Justicia.

Entonces, cabe preguntarse:

¿Quién ordenó estos operativos?

¿Cuánto costaron a todos los españoles?

¿Por qué tanta prisa por desalojar a una mujer de 80 años?

¿Qué justifica semejante insistencia del Estado?

Y cabe una reflexión difícil de eludir: mientras España necesita recursos públicos allí donde son verdaderamente necesarios —pensemos en Ceuta—, ¿cómo se justifica movilizar una y otra vez semejante maquinaria del Estado contra una mujer de 80 años? ¿Es esta realmente una prioridad para el Estado?

Dos operativos. Dos despliegues desproporcionados. Dos intentos frustrados. Alguien los ordenó, alguien autorizó esos medios y alguien debe explicar qué ocurrió y asumir las responsabilidades que correspondan.

Hemos exigido formalmente a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, una investigación y la depuración de responsabilidades.

Y es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico quien debe responder públicamente: quién ordenó esos operativos, quién autorizó semejante despliegue, cuánto dinero público costaron y por qué se llevaron a cabo en esas condiciones.

Pero, lejos de detenerse a investigar lo ocurrido y depurar responsabilidades, la Abogacía del Estado reacciona de inmediato y vuelve a la carga: pretende conseguir autorización para tapiar la casa, como paso previo a una demolición que se pretende ejecutar en cuanto sea posible.

Primero tapiar. Y poco después, demoler.

No hay pausa. No hay revisión. No hay depuración de responsabilidades. Pascuala ni siquiera tiene tiempo para respirar: terminan un intento y ya empiezan el siguiente.

Antes de movilizar más medios públicos contra una mujer de 80 años, el Ministerio debe explicar públicamente qué ocurrió con los dos operativos anteriores.

“Ojalá la Administración actuara con esa misma rapidez y determinación cuando son los ciudadanos quienes necesitan una respuesta”, dice Pascuala.

Tenían dos meses. El plazo terminó. No pudieron ejecutar.

Ahora el Estado pide más tiempo.

¿Para qué tapiar la casa si lo que pretende es demolerla en cuanto le sea posible?

Más recursos. Más gasto público. ¿Un tercer operativo?

¿Dónde está la economía procesal que alega el Estado?

Si el Estado discrepa de las cautelares del Cabildo, que utilice los cauces legales.

Que no convierta a Pascuala y a su familia en el campo de batalla entre Administraciones.

Y existe una contradicción todavía más difícil de explicar:

El Parlamento de Canarias respaldó por unanimidad el punto principal de una iniciativa para preservar los conjuntos costeros tradicionales.

El Senado reclamó una moratoria inmediata, incluyendo la suspensión de actuaciones de reversión, ocupación, caducidad o demolición promovidas por el Gobierno mientras se tramita la modificación de la Ley de Costas.

EL PARLAMENTO DE CANARIAS PIDE PROTEGER. EL SENADO PIDE PARAR. Y EL ESTADO SIGUE PERSIGUIENDO LA DEMOLICIÓN.

¿De qué sirven los acuerdos de nuestras instituciones si después la propia Administración del Estado actúa en sentido contrario?

Porque Cueva de la Negra no es solo una casa.

Es más de un siglo de historia del litoral canario, ligada durante generaciones a Jandía, al mar y a los antiguos enclaves costeros de Fuerteventura.

Pascuala vivió allí con su bisabuelo, Lorenzo Pérez Díaz, que levantó la casa con sus propias manos.

Esa casa son sus recuerdos. Su familia. Su historia.

Y la protección que reclama no termina en sus paredes.

La casa y su entorno forman parte de un enclave histórico en el que existe además un yacimiento arqueológico aborigen.

Por eso pedimos que se estudie y proteja el conjunto: la casa, su entorno y los valores históricos, etnográficos, arqueológicos y paisajísticos que puedan conservarse en él.

Historia familiar. Historia marinera. Historia aborigen. Historia de Canarias.

Además, resoluciones de 1980, anteriores a la Ley de Costas de 1988, ya reflejan la existencia de la casa y la posesión familiar.

¿POR QUÉ ESTA INSISTENCIA DEL ESTADO EN DERRIBAR MÁS DE UN SIGLO DE HISTORIA DEL LITORAL CANARIO ANTES DE ESTUDIARLA Y PROTEGERLA?

No pedimos que nadie crea nuestra palabra.

Pedimos que se miren los documentos.

Pedimos que se investigue quién ordenó esos dos operativos, cuánto dinero público se empleó y qué controles se realizaron.

Pedimos que se depuren las responsabilidades que correspondan.

Pedimos que se respete la protección patrimonial y que la casa y su entorno sean estudiados antes de destruir aquello que después ya no podrá recuperarse.

Y pedimos, sobre todo, una explicación pública.

Porque antes de tapiar, antes de demoler y antes de movilizar un tercer operativo contra una mujer de 80 años, alguien tiene que responder a una pregunta:

¿QUIÉN PONE LÍMITES AL ESTADO CUANDO EL PROPIO ESTADO IGNORA LOS LÍMITES QUE LE IMPONEN LAS INSTITUCIONES Y LA JUSTICIA?