Turcón y Ben Magec-Ecologistas en Acción han pedido que la suspensión de la resolución de Costas sobre las obras del Hotel RIU Palace Tres Islas abra paso a una “revisión integral” de la concesión del establecimiento, situado en el ámbito de las Dunas de Corralejo.

La Demarcación de Costas de Canarias ha comunicado a Turcón-Ecologistas en Acción que la ejecución del acto impugnado queda suspendida al haber transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud de suspensión sin que el órgano competente haya dictado y notificado una resolución expresa.

El escrito oficial, firmado el 21 de septiembre de 2026, señala que la ejecución del acto impugnado se entiende suspendida de acuerdo con el artículo 117.3 de la Ley 39/2015.

Para Turcón y Ben Magec-Ecologistas en Acción, esta comunicación constituye un nuevo elemento en el procedimiento que afecta al establecimiento hotelero.

La resolución conocida a principios de septiembre había autorizado parte del proyecto de modernización y reforma presentado por el hotel, pero había rechazado la construcción de seis nuevas habitaciones en la sexta planta.

Según la información publicada sobre esa resolución, Costas considera que las nuevas estancias supondrían una modificación de los usos contemplados en la concesión y que esos usos están expresamente prohibidos por el artículo 32.2 de la Ley de Costas.

La resolución sí contemplaba diferentes actuaciones de modernización, entre ellas mejoras de accesibilidad, climatización, instalaciones contra incendios, ahorro de agua y gestión de residuos, sustitución de ascensores, renovación eléctrica, reforma de espacios interiores y actuaciones en piscinas.

Los colectivos ecologistas consideran necesario distinguir entre las actuaciones de mantenimiento o mejora que puedan resultar compatibles con el régimen concesional y aquellas que supongan una transformación o ampliación de los usos autorizados.

Concesión hasta 2037

Turcón y Ben Magec recuerdan que el Hotel RIU Palace Tres Islas se encuentra sobre terrenos afectados por el dominio público marítimo-terrestre, en el ámbito de las Dunas de Corralejo.

La suspensión se produce al haber transcurrido un mes desde la solicitud presentada por los ecologistas sin que el órgano competente dictara y notificara una resolución expresa

La concesión otorgada en 2007 tiene vigencia hasta 2037 y, según la documentación publicada, no permite obras que impliquen un aumento de volumen, sino intervenciones de reparación y mejora sujetas a autorización previa.

El espacio donde se ubica el complejo forma además parte de la Zona de Especial Conservación de Corralejo, integrada en la Red Natura 2000 y con presencia de hábitats de interés comunitario, incluido uno prioritario.

Los colectivos habían presentado alegaciones al procedimiento ambiental de modernización y reforma en las que cuestionaban la compatibilidad de las actuaciones proyectadas con la protección del dominio público y del entorno natural.

Las obras de la sexta planta

La resolución de Costas sitúa la construcción de habitaciones en la sexta planta entre los antecedentes que motivaron los procedimientos de caducidad de la concesión.

Los colectivos reclaman que se analice el conjunto de las actuaciones dentro del régimen jurídico de la concesión y de la protección ambiental de las Dunas de Corralejo

Según la información publicada, en 2007 se autorizaron obras de mantenimiento sin incremento del volumen construido, pero posteriormente se detectó un exceso de casi 3.000 metros cuadrados, lo que dio lugar a un expediente sancionador y a la exigencia de restitución.

El expediente de caducidad culminó en 2023, aunque posteriormente caducó sin ejecutarse, circunstancia que fue denunciada públicamente por Ecologistas en Acción.

La documentación recoge también que, tras un dictamen del Consejo de Estado, se optó por exigir la restitución de las obras al proyecto original antes que declarar la extinción de la concesión.

Según la información publicada, en 2025 comenzaron las obras de restitución y en febrero de 2026 Costas constató el cumplimiento de las actuaciones requeridas.

Protección del dominio público

Ante la suspensión comunicada por Costas, Turcón-Ecologistas en Acción considera que el procedimiento debe desarrollarse con todas las garantías y que la protección del dominio público marítimo-terrestre y del espacio natural debe prevalecer como criterio esencial de la actuación administrativa.

Los ecologistas sostienen en un comunicado que la cuestión no puede limitarse a determinar qué obras de reforma son técnicamente posibles, sino que debe analizarse el conjunto de actuaciones dentro del régimen jurídico de la concesión y de la protección ambiental que afecta al enclave.

En sus alegaciones, Turcón y Ben Magec habían reclamado que las administraciones actuasen conforme a la legalidad vigente y en defensa del interés general, incluida la culminación de los procedimientos relacionados con las concesiones de los establecimientos hoteleros situados en este ámbito de las Dunas de Corralejo.

Los colectivos mantienen que las Dunas de Corralejo son un espacio natural protegido y que su valor ambiental obliga a examinar con el máximo rigor cualquier actuación sobre el dominio público marítimo-terrestre.