Los hijos de Pascuala Roger, propietaria de la casa de Cueva de la Negra sobre la que pesa una orden de demolición por encontrarse en dominio público marítimo-terrestre, han denunciado este lunes un supuesto incumplimiento del plazo de preaviso para actuar en la vivienda.

Martín, hijo de la propietaria, ha afirmado que Alberto Martín Coronel, director de la Demarcación de Costas de Canarias, se desplazó hasta la vivienda con la intención de proceder a tapiarla, aunque ha asegurado que la persona que se presentó no se identificó ante ellos.

"Hay un incumplimiento flagrante", ha sostenido Martín, quien ha señalado que el auto judicial obliga, según la familia, a avisar a la afectada con al menos cinco días hábiles de antelación.

Según su relato, este lunes sería el cuarto día hábil desde que comenzaron a computarse los plazos, por lo que ha defendido que una entrada en la vivienda durante esta jornada se produciría sin respetar ese requisito.

"Si ellos entran hoy ahí lo harán de manera ilegal y tomaremos las medidas legales que correspondan", ha afirmado.

Martín ha agradecido la actitud del capitán de la Guardia Civil presente en el lugar por permitirles exponer sus argumentos y ha asegurado que había más de una veintena de vehículos de este cuerpo en las inmediaciones.

"Estamos solos, ninguna administración está hoy aquí, ni una sola. Estamos solos, mi hermana y yo, defendiendo a nuestra familia", ha declarado.

Su hermana Ana ha explicado que la familia no tiene intención de abandonar voluntariamente la vivienda porque considera que continúa siendo su domicilio y ha señalado que la actuación anunciada se ampara en un auto judicial del 28 de julio.

Los hijos de Pascuala Roger aseguran que no abandonarán voluntariamente la vivienda y afirman que han solicitado al juzgado una medida cautelarísima para paralizar la actuación

Según ha indicado, ese auto autoriza la entrada y demolición para recuperar la posesión, mientras que Costas les ha comunicado ahora que pretende "inhabilitar" la vivienda.

"Eso no lo ha dicho ningún juez en ningún momento", ha afirmado Ana, quien ha añadido que la familia solicitó explicaciones sobre en qué consistiría esa inhabilitación.

La hija de Pascuala Roger ha explicado que, según el auto, la actuación debe realizarse dentro de un plazo de dos meses, entre el 28 de julio y el 28 de septiembre, en horario diurno y con un preaviso de al menos cinco días hábiles.

Ha señalado que la notificación fue remitida a la defensa de su madre el viernes 11 de septiembre, cerca de las 18.00 horas, y que fue abierta el lunes 14 en la sede electrónica.

Según el cómputo realizado por la familia, el primer día hábil habría sido el martes 15; el miércoles, el segundo; el jueves, el tercero, mientras que el viernes fue inhábil por la festividad de la Peña, y este lunes 21 sería el cuarto día hábil.

"Estos señores pretenden llevar a cabo las actuaciones que ellos consideren oportunas, desalojarnos de nuestra vivienda sin cumplir el auto judicial, el acto en el que ellos se amparan", ha denunciado Ana.

La familia asegura haber trasladado esta cuestión al Juzgado de lo Contencioso número 6 de Las Palmas de Gran Canaria y afirma que todavía no se había pronunciado sobre el supuesto incumplimiento del plazo.

Ana ha asegurado asimismo que ese juzgado ha admitido a trámite el recurso de apelación presentado contra el auto y ha concedido a las partes un plazo de quince días para formular alegaciones.

A raíz de ello, según ha explicado, la defensa jurídica presentó una solicitud de medida cautelarísima para tratar de paralizar la actuación prevista.

"Tenemos derecho a defender nuestros intereses. Hemos presentado el recurso de apelación. Ya no pueden decir que no está admitido, ya está admitido a trámite", ha manifestado.

La familia ha informado además de que una notaria se desplazó durante la mañana hasta el lugar a petición de los afectados y levantó acta de sus manifestaciones, de la vivienda, sus alrededores y la proximidad de un yacimiento.

Ana ha explicado que solicitaron esa actuación notarial para dejar constancia del estado de la zona antes de cualquier intervención y poder adoptar posteriormente las medidas que consideren oportunas.