Cabildo, ayuntamientos y Cámara de Comercio de Fuerteventura han escenificado este lunes un frente común para exigir al Ministerio de Transportes que incluya de manera obligatoria y permanente en los pliegos del nuevo contrato Península–Canarias y sucesivos, la escala en Puerto del Rosario como Obligación de Servicio Público (OSP).

La presidenta del Cabildo, Lola García, cinco de los seis alcaldes de la isla y el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Jesús Rodríguez, han firmado un acuerdo en el que se pide incluir la escala directa en el muelle de Puerto del Rosario después de que la adjudicación con la naviera Trasmediterránea, que operaba entre Fuerteventura y Cádiz, finalizara el pasado 30 de junio y se dejara a la isla fuera de la ruta.

Lola García ha explicado, en rueda de prensa, que fue el pasado jueves cuando la Dirección General de la Marina Mercante confirmó, por carta, que la parada en Fuerteventura no forma parte de la Obligación de Servicio Público (OSP) de la línea marítima de interés público entre la Península y Canarias, al corresponder dicha obligación únicamente a las conexiones con las islas capitalinas.

La escala de Puerto del Rosario no figuraba como obligación explícita en el contrato vigente hasta ahora, sino como una mera "mejora" ofertada voluntariamente por la naviera adjudicataria y en esas condiciones se ha venido desarrollando hasta junio de 2026.

La presidenta majorera ha dicho que ya ha trasladado la noticia al presidente canario, Fernando Clavijo, y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien se ha comprometido a trasladar al titular de Trasportes, Óscar Puente, la preocupación existente en Fuerteventura, pues la ausencia de esta línea afecta, según García, a "las familias y al tejido empresarial de la isla".

En el acuerdo también se solicita al Ministerio que se tomen las medidas necesarias para la reactivación de la escala regular en Puerto del Rosario mientras culmina la licitación pública definitiva, evitando que "los sobrecostes sigan afectando a la economía insular durante los meses de tramitación".

Además, se aboga por constituir una Mesa Insular Permanente integrada por representantes del Cabildo, los seis ayuntamientos, Cámara de Comercio y los sectores económicos, con el objetivo de fiscalizar el avance para la nueva licitación de la ruta y coordinar acciones institucionales, normativas o judiciales en caso de exclusión.

Desde el Cabildo majorero creen que de existir voluntad política, se "puede adecuar el marco del transporte marítimo en la Obligación de Servicio Público para incluir a islas no capitalinas como Fuerteventura como escalas obligatorias".

Tras la fiscalización del Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Transportes se encuentra realizando un estudio motivado sobre la oferta y la demanda, fase en la que, desde el Cabildo entienden que cabe establecer nuevas Obligaciones de Servicio Público.

Las instituciones majoreras piden reactivar la conexión mientras se licita el nuevo contrato y advierten de que la exclusión de Fuerteventura de la ruta incrementa los costes

La eliminación de la conexión directa está provocando hoy en día el desvío obligatorio por puertos de islas capitalinas, Gran Canaria y Tenerife, o de Lanzarote, lo que incrementa los costes del transporte marítimo en torno a un 70 o 78 por ciento.

Este sobrecoste, apuntan desde el Cabildo, afecta enormemente a una isla que carece de industria pesada o producción de insumos primarios industriales y que depende, en gran medida, del suministro marítimo rodado para vehículos de carga, maquinaria, repuestos, combustible y mercancías generales.

Un posicionamiento que han compartido los alcaldes presentes en la rueda de prensa, que han respaldado que la escala en Puerto del Rosario sea de Obligación de Servicio Público (OSP), cuyo regidor, David de Vera, ha admitido que llevaba varios meses trabajando para que no se perdiera esta conexión al dificultar "el desarrollo económico de la isla".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio majorera ha insistido en que se debe declarar la obligatoriedad de la conexión de manera permanente para evitar que "cada vez que se renueve un contrato estemos preocupados por si se va a incluir o no".