La Fiscalía ha solicitado penas de hasta seis años de prisión para tres de los principales acusados en una causa por presunta insolvencia punible vinculada a un entramado societario que, según el Ministerio Público, fue articulado en Fuerteventura para vaciar de patrimonio a la empresa Construcciones, Obras y Reformas Corpe y eludir así el pago de deudas con la Hacienda estatal, la Hacienda canaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y otros acreedores.

El escrito de acusación, presentado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Puerto del Rosario, interesa la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial contra diez acusados por unos hechos que sitúa en Fuerteventura tanto por el origen de la actividad empresarial como por el desarrollo de la investigación judicial. La Audiencia tiene fijado el juicio para varias sesiones durante este mes: del 7 al 9 de abril, del 14 al 16, del 21 al 23 y del 28 al 30.

La Fiscalía dirige la acusación principal contra DPdV, DPS y PdVJ, para quienes reclama seis años de prisión y 24 meses de multa con cuota diaria de 20 euros. Para JFO, SZ, ASG, JRRA y JALM solicita cinco años de prisión y 20 meses de multa con cuota diaria de 20 euros.

Para YMQ pide un año de prisión y 12 meses de multa con cuota diaria de 10 euros, y para MBG interesa seis meses de prisión y nueve meses de multa con cuota diaria de 10 euros. En todos los casos solicita también la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas.

Deuda con Hacienda y Seguridad Social

La causa gira en torno a Corpe, mercantil constituida en 1998 y dedicada a la construcción, con domicilio en una nave del polígono industrial El Cuchillete del municipio de Tuineje. Según la acusación, cuando la sociedad acumuló importantes deudas públicas y privadas, su administrador impulsó un proceso de despatrimonialización y desvío de la actividad hacia otras empresas del mismo entorno para impedir que los acreedores pudieran cobrar.

La acusación sostiene que se creó un entramado de sociedades para desviar actividad, trabajadores y fondos y evitar el pago a los acreedores tras el concurso de la mercantil

El Ministerio Público sitúa entre las principales deudas de Corpe las derivadas de varios procedimientos penales y tributarios tramitados también en Puerto del Rosario. En uno de ellos, relativo al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2004 y 2005, la acusación recoge cuotas defraudadas de 2.589.218,35 euros y 1.583.505,67 euros, respectivamente.

En otro procedimiento por impago de IGIC de los años 2005 a 2008, las cantidades reclamadas ascienden a 354.416,14 euros, 689.294,88 euros, 908.318,91 euros y 484.633,46 euros. A ello se suma, según la Fiscalía, una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social de 4.261.676,63 euros por impago de cotizaciones de trabajadores.

En conjunto, el volumen económico descrito en el escrito supera los 10,8 millones de euros entre responsabilidades con la Agencia Tributaria, la Administración Tributaria Canaria y la Seguridad Social, al margen de otras liquidaciones y deudas a las que también alude la acusación.

Sociedades sucesoras en Canarias

La tesis del fiscal sostiene que, para evitar el pago de esas obligaciones, Corpe fue vaciada de patrimonio por dos vías. La primera consistió, según el escrito, en concentrar activos en la sociedad PCGsa Peninsular, radicada en Toledo, y en su posterior escisión parcial a favor de Agrícola de Fresnedoso. La segunda, en utilizar una serie de mercantiles en Canarias como sucesoras de la actividad constructora, valiéndose de los medios humanos y materiales de Corpe, a las que se habrían traspasado clientes y proveedores para continuar con la misma operativa al margen de los acreedores.

Entre las prácticas descritas figuran retiradas de efectivo, inversiones ajenas a la actividad empresarial y operaciones societarias para dificultar el cobro de deudas

Entre esas sociedades, la Fiscalía menciona a Veritas Gestión, Alunort Fuerteventura, Ripecon y Pranax Stone. La acusación sostiene que estas entidades asumieron progresivamente trabajadores, obras, contratos y relaciones comerciales que antes correspondían a Corpe.

En el caso de Alunort Fuerteventura, la Fiscalía destaca que pasó de una actividad prácticamente inactiva a declarar en 2015 una cifra de negocio de 6.821.050,29 euros, frente a los 12.570,57 euros de 2014. Según el escrito, ese crecimiento coincidió con la entrada como clientes de grandes empresas del sector que ya habían trabajado antes con Corpe, como Satocan, Moma Servicios Integrales, Obrascón Huarte Lain o Constructora San José. La acusación añade que de los 640 trabajadores declarados por Alunort en 2015, 243 ya trabajaban para Corpe en 2014, y que entre los empleados mejor retribuidos la coincidencia era aún mayor.

La Fiscalía también atribuye a esta sociedad retiradas de efectivo por 461.000 euros entre junio de 2015 y febrero de 2016, así como inversiones en imposiciones a plazo fijo por 306.598,39 euros y operaciones en el fondo FAB 2013 Teide por 411.943,29 euros, extremos que interpreta como una colocación de excedentes mientras la empresa alegaba dificultades económicas para aplazar pagos tributarios.

Movimientos de fondos y empresas instrumentales

En relación con Ripecon, el escrito sostiene que la sociedad reactivó su actividad tras un cambio de titularidad en 2015 y que recibió aportaciones en efectivo vinculadas temporalmente a retiradas previas de fondos de cuentas de Alunort. En 2016, añade la acusación, esas aportaciones en metálico por parte de sus responsables superaron los 208.000 euros.

La investigación, desarrollada en juzgados de Puerto del Rosario, analiza la continuidad de clientes, trabajadores y contratos en empresas sucesoras del mismo entorno

Respecto a Pranax Stone, la Fiscalía afirma que fue constituida en Puerto del Rosario y que, tras cambiar de administrador y de objeto social, pasó a desarrollar actividad constructora con trabajadores y clientes procedentes del entorno de Corpe y Alunort.

La acusación señala además que en una inspección realizada en junio de 2016 se comprobó que operaba desde la nave de Corpe en El Cuchillete sin contrato de arrendamiento ni pago de suministros, y que sus cuentas se nutrieron inicialmente de ingresos en efectivo y después de pagos de clientes que ya lo habían sido de Corpe.

El escrito incorpora además la declaración prestada en Fiscalía por uno de los acusados, YMQ, quien, según el Ministerio Público, relató que DPdV le indicó que sería administrador formal de una empresa con la que seguir desarrollando la actividad de Corpe y que el control real de la estructura seguía en manos de este. La acusación añade que YMQ aportó documentación sobre instrucciones de cobros y pagos, retiradas de efectivo y contratos.

Patrimonio inmobiliario y operaciones familiares

La Fiscalía extiende el supuesto vaciamiento patrimonial también al ámbito familiar y societario peninsular. En este apartado incluye operaciones sobre PCGsa Peninsular y Agrícola de Fresnedoso, sociedades a las que atribuye la concentración de bienes inmuebles y otros activos. Según el escrito, Agrícola de Fresnedoso llegó a figurar como titular de 77 fincas en todo el territorio nacional, la mayoría en la provincia de Toledo, tras una escisión parcial de PCGsa Peninsular.

La acusación describe además donaciones de participaciones a hijas menores, capitulaciones matrimoniales, liquidaciones de gananciales y cesiones de créditos que interpreta como maniobras para apartar bienes del alcance de los acreedores. Entre ellas figura la adjudicación a PdVJ de saldos bancarios, una vivienda y participaciones societarias, mientras que a DPS se le atribuyó un derecho de crédito frente a su hijo que la propia Fiscalía considera de difícil o imposible cobro.

En el apartado civil, el Ministerio Público pide que la futura sentencia declare la nulidad de varios de esos negocios jurídicos, entre ellos las donaciones de participaciones efectuadas el 5 de diciembre de 2014, la suscripción de participaciones en Agrícola de Fresnedoso, las capitulaciones matrimoniales otorgadas el 11 de diciembre de 2014 y la cesión de crédito formalizada ese mismo día, con el fin de que los bienes vuelvan a la titularidad de los acusados principales y puedan responder de las deudas reclamadas.

Investigación en Fuerteventura

La Fiscalía califica los hechos como un delito de insolvencia punible y sostiene que el administrador de Corpe organizó un sistema de sucesión de empresas en fraude de acreedores, manteniendo, siempre según la acusación, el control material de las sociedades mientras colocaba al frente de ellas a antiguos trabajadores o personas de su entorno para aparentar una desvinculación formal.

La investigación se ha desarrollado a partir de diligencias y procedimientos tramitados en juzgados de Puerto del Rosario, con análisis de movimientos bancarios, vida laboral de empresas, declaraciones tributarias, escrituras públicas, registros mercantiles y documentación aportada por algunos de los propios investigados.