El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Puerto del Rosario ha vuelto a retrasar la declaración en calidad de investigado del alcalde de Betancuria, Enrique Cerdeña, que tenía que haber sido interrogado este viernes.

En enero, se acordó por parte del Juzgado que instruye la causa que Cerdeña declarase el 19 de febrero, pero luego se postergó a este viernes 27 de marzo a las 11.00 horas de la mañana.

Sin embargo, el Juzgado volvió a retrasar la declaración tanto del alcalde como de la secretaria de Betancuria, Elena Puchalt, en esta ocasión para el 16 de abril a partir de las doce de la mañana.

Según ha podido saber Diario de Fuerteventura, el motivo de este retraso en las declaraciones de los investigados ha sido la petición del abogado que representa al alcalde y a la secretaria de Betancuria, por un viaje programado.

La investigación contra el alcalde de Betancuria, cuyo grupo de gobierno se acaba de quedar en minoría por la renuncia a sus áreas de la concejal Esperanza González Méndez, se centra en los presuntos delitos de prevaricación administrativa continuada, malversación de caudales públicos y acoso laboral.

Inicialmente, el alcalde iba a declarar en el Juzgado el 19 de febrero, luego se retrasó al 27 de marzo y ahora se pospone al 16 de abril

Las diligencias previas se abrieron en diciembre del año pasado por una denuncia de la Fiscalía, del pasado mes de julio, en la que se detallaban una serie de hechos presuntamente delictivos. El Ministerio Fiscal considera que existen “indicios suficientes”, de tal manera que elevó la denuncia y documentación al Juzgado para que abriese una causa penal.

Pagos investigados

En la denuncia de la Fiscalía se apunta a un presunto delito de prevaricación administrativa, “imputable” a Enrique Cerdeña, por “ordenar como alcalde”, mediante una resolución del 12 de agosto de 2024, al mes siguiente de acceder a la alcaldía, el pago de la certificación de una obra a un contratista con el que tiene una “aparente estrecha relación personal”.

En la denuncia de Fiscalía se pone el foco en la contratación a empresas externas para “funciones públicas legalmente no delegables de asesoría jurídica municipal”

La clave de ese desembolso radica en que asciende a 53.391 euros pero se incluyó “en la relación de pagos de contratos menores municipales”, pese a que superaba el límite de los 40.000 euros, que es el máximo para los contratos menores de obras.

Por ello, el Ministerio Fiscal destaca que el alcalde era “incompetente” para efectuar esa orden: “Ni el pago corresponde a un contrato menor, pues se trata de un procedimiento negociado sin publicidad; ni podría nunca corresponder, dado el importe y por imperativo legal, a dicha figura contractual”. “El órgano competente para ello”, precisa la Fiscalía, es el “pleno municipal”.

Funciones “no delegables”

En la denuncia se citan “otros dos presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa”, el primero junto con un supuesto delito de malversación de caudales públicos, “imputables al mismo alcalde así como a la secretaria interventora”.

El Ministerio Fiscal también resalta una serie de acciones “humillantes” y “hostiles” hacia una funcionaria de carrera, que incluyen el “aislamiento físico”

La Fiscalía pone el foco en la adjudicación a dos empresas externas en el mismo año y por contratos menores “las funciones públicas legalmente no delegables de asesoría jurídica municipal”. Y por hacerlo, además, “sin justificar” la “necesidad” para ello, al existir en el Ayuntamiento una funcionaria con dicho puesto de Asesoría Jurídica, con “capacidad y experiencia”.

En este caso se hace hincapié en la supuesta “infracción de la figura del contrato menor, al realizarse dos contratos con objeto, al menos parcialmente, coincidente, en el mismo año y por importe superior conjunto a 15.000 euros, en aparente perjuicio del Ayuntamiento”, puesto que la funcionaria titular cobra precisamente por esos servicios jurídicos que se externalizaron.

Acciones “humillantes”

En la relación de hechos que la Fiscalía ha trasladado al Juzgado también se encuentra la exclusión de forma reiterada de las Mesas de Contratación del Ayuntamiento de Betancuria de la funcionaria titular, colocando “en su lugar” a una interina.

En las diligencias previas abiertas por el Juzgado mixto número tres de Puerto del Rosario figuran como investigados Cerdeña y la secretaria e interventora municipal

El Ministerio Fiscal subraya la presunta comisión de un delito de acoso laboral por denegar a la citada funcionaria titular el acceso a la tramitación de expedientes o documentación necesaria para el desempeño de sus funciones, su “incomunicación profesional y aislamiento físico” o “ignorar” que de la plantilla ocupa el primer lugar para sustituir las vacantes temporales de la secretaria e interventora.

Una serie de acciones, añade la Fiscalía, que revisten el carácter de “humillantes” y “hostiles” hacia la funcionaria de carrera y asesora jurídica del Ayuntamiento de Betancuria.