Un terreno de 4.400 metros cuadrados ubicado en el municipio majorero de La Oliva ha salido a subasta judicial dentro de un procedimiento de ejecución hipotecaria promovido por Sareb contra la sociedad Inversiones Turísticas El Cotillo, cuyo administrador es Andrés Bardeau de la Vega.

Se trata de una subasta judicial en vía de apremio tramitada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Puerto del Rosario.

Según los datos de la subasta, la cantidad reclamada asciende a 703.166 euros, mientras que el valor de subasta y la tasación del bien se sitúan en 522.802 euros.

El inmueble subastado consiste en un “trozo de terreno donde llaman Los Llanos al Naciente de la Casa del Inglés, en el término municipal de La Oliva”, con una superficie de 4.400 metros cuadrados. La finca se localiza en las proximidades de la carretera FV-101.

La parte ejecutante en este procedimiento es la Sareb, el conocido como ‘banco malo’, que aglutinó a los activos tóxicos de las entidades bancarias tras la crisis del ladrillo, mientras que la parte ejecutada es Inversiones Turísticas El Cotillo, de acuerdo con la documentación judicial incorporada al expediente.

La subasta no tiene puja mínima y establece tramos entre pujas de 10.456 euros. El importe del depósito exigido para participar asciende a 26.140 euros, equivalente al cinco por ciento del valor de subasta.

La cantidad reclamada en la ejecución a la empresa Inversiones Turísticas El Cotillo asciende a 703.166 euros

El procedimiento se rige por las condiciones generales previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para las subastas judiciales electrónicas, que se desarrollan a través del Portal de Subastas dependiente de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

Según el edicto, la subasta admite posturas durante un plazo de veinte días naturales desde su apertura y puede prorrogarse hasta una hora después de la última puja si esta mejora la anterior, con un límite máximo de ampliación de 24 horas.

La documentación también recoge que, si no se presenta ningún postor, el acreedor puede solicitar en el plazo de veinte días la adjudicación del bien, al no tratarse de la vivienda habitual del deudor, por el 50 por ciento del valor de subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.