Ana (prefiere ocultar su verdadero nombre) llega a la plaza de la iglesia de la capital en silla de ruedas y con las manos aún temblorosas. Un rato atrás se tropezó con la Policía y se puso a temblar solo con pensar que le podían pedir los papeles. Siempre le sucede lo mismo cuando se tropieza con un agente policial desde que llegó en 2022 a la Isla en un avión desde Colombia. Ahora espera poder acogerse a la regularización extraordinaria que aprobó el Gobierno de España a finales de enero.

 El decreto ley, aprobado tras un acuerdo entre el Gobierno y Podemos, espera sacar de la irregularidad a medio millón de personas. Un informe de Funcas amplía la cifra hasta 840.000 el número de migrantes que viven en este país en situación irregular. El requisito es tener cinco meses de estancia en España anteriores al 31 de diciembre de 2025 y un expediente delictivo sin manchas graves.

En el caso de Canarias, la regularización podría sacar del limbo de la irregularidad a unas 50.000 personas. La Asociación Sociocultural Entre Mares calcula que unas 10.000 se podrían acoger en Fuerteventura. De ellas, alrededor del 45 por ciento son colombianas, seguidas de venezolanas y cubanas.

Ana, de 57 años, nació en Pereira, la región más poblada del eje cafetero de Colombia. Sus primeros pasos fueron con la compañía de un par de muletas. Con dos años sufrió poliomielitis. Aun así, la enfermedad no le impidió salir adelante; ser madre de un niño y ganarse un jornal en un taller de costura. Siempre con la ayuda de su madre hasta que esta murió en 2021. Su hijo planeó viajar a España y ella vio, de un día para otro, cómo se quedaba sola.

“Con los años, mi enfermedad ha ido empeorando”, reconoce. Con 15 entró al quirófano para operarse una pierna. Gracias a la cirugía fue tirando para delante hasta que a los 40 apareció la artrosis y la osteoporosis degenerativa. Tras la muerte de su madre, la depresión tocó a la puerta.

“Cuando mi mamá murió, me quedé prácticamente solita. Mi hermana me llamó y me dijo que me viniera a Fuerteventura. Allá no tenía familia con la que quedarme”, cuenta. Su hermana había hecho el viaje migratorio veinte años atrás con un contrato de trabajo bajo el brazo. Hoy tiene ya la nacionalidad española.

En 2022 Ana llegó a Fuerteventura. Desde entonces, vive con su hermana. Ha intentado regularizar su situación en España. En todo este tiempo, no ha dejado de escuchar la frase que más retumba en la cabeza de los migrantes “sin un trabajo no se le puede dar los papeles”.

“Tengo las manos buenas. No me niego a trabajar, pero fui a un taller de costura y me dijeron que no me admitían sin papeles. En el trabajo no me aceptan porque no tengo documentos y donde voy a pedir la residencia me dicen que no me la pueden tramitar porque no tengo papeles”, dice angustiada y cansada de estar en la misma espiral desde hace cuatro años.

Desde hace cerca de un año vive atada a una silla de ruedas. El dolor y el agravamiento de la enfermedad la han sentado en la silla. Verse en ella y con la necesidad de ayuda para realizar las cosas básicas ha hecho que la depresión, que había ido desapareciendo tras venir a la Isla, vuelva a tocar a la puerta. “Nunca pensé que iba a llegar a estar en una silla de ruedas. Está siendo muy duro para mí”, reconoce.

“Vivir en la irregularidad es difícil. La situación ha afectado aún más a la depresión y a la salud. Ahora me han diagnosticado tiroides. Los nervios me la están causando. Vivo con el temor de encontrarme con la Policía. Cuando la veo, miro para otra parte por miedo a que me vaya a preguntar o pedir los papeles. Siempre acabo diciéndole a mi hermana: vámonos para otra parte”, confiesa.

En una ocasión, fue citada en la Policía. Le dijeron que se apresurara a conseguir los papeles porque si la cogían en la calle le iban a poner una multa.

Desde que llegó a Fuerteventura, Ana vive con el miedo atravesado. Teme que pueda ser deportada a Colombia. Allí, confiesa, no puede estar. “No tengo a nadie. Necesito a alguien que me ayude. Aquí dependo de mi hermana”. Es ella quien la ayuda a asearse; le cocina; la acompaña a los médicos y la mueve de un lado para otro.

Hasta el momento, no se ha encontrado con obstáculos a la hora de acceder a las consultas médicas. Sí cuando ha solicitado una silla eléctrica. “Mover la silla de ruedas con las manos me está afectando a la ciática. Cada vez me duele más el cuello y la columna”, explica la mujer. En el hospital, asegura, le dijeron que para poder obtenerla necesitaba tener los papeles. La misma respuesta escuchó cuando fue a solicitar el grado de discapacidad.

Ana, en silla de ruedas, no puede acceder a la discapacidad por no tener papeles

A finales de enero, una noticia saltó en la pantalla de su móvil. El Gobierno de Pedro Sánchez anunciaba una nueva regularización extraordinaria para migrantes. La primera llegó en 1986 de la mano de Felipe González. En tiempos de José María Aznar se anunciaron tres y con José Luis Rodríguez Zapatero prosperó una nueva regularización de la que se beneficiaron 576.506 personas y en la que solo se exigía un contrato laboral.

Al ver la noticia, pensó que había llegado el momento que anhela desde que aterrizó en la Isla. “Llamé a mi hermana y le dije: ahora sí voy a estar legal. Ahora si puedo ir a todas partes. Ahora si me voy a sentir que soy de acá”, asegura.

Con los papeles en la mano, dice, “podría pasar al lado de un policía y decir buenos días cómo está sin tener que voltear la cara”.

Raúl, media vida invisible.

Media vida invisible

Raúl, nombre ficticio, tiene 30 años. La mitad de ellos los ha vivido en Fuerteventura en la invisibilidad. Con ocho llegó en un avión desde Uruguay, acompañado de sus padres después de que el matrimonio se despertara un día con planes de futuro en España. Tras mirar el mapa, eligieron Fuerteventura, donde ella tenía familiares.

El niño Raúl ocupó un pupitre del colegio de Corralejo hasta que llegó la edad de mudarse al instituto. Estudió, hizo amigos y jugó feliz hasta que con 15 años sus padres decidieron regresar a Uruguay. Cuando se subió al avión de vuelta, le faltaba un mes para obtener la residencia permanente.

Con 22 decidió regresar a Fuerteventura. Le tiraba la tierra en la que se había criado. “Estaba muy anclado en la Isla. Aquí tenía a mis amigos”, comenta. Cuando la sobrevolaba, pensaba que todo sería fácil, pero desde que cruzó la puerta del aeropuerto empezaron a complicarse las cosas.

Ha compartido piso con amigas; ha dormido en una azotea durante meses; en el garaje de un amigo y ahora intenta hacer hogar en un sótano. Ha trabajado de camarero; en el campo; en un hotel rural limpiando y dando de comer a los animales; acicalando piscinas y como relaciones públicas en restaurantes. Siempre cobrando en negro.

Raúl, de 30 años, la mitad de ellos sin documentación y trabajando en negro

En 2021, aún con la pandemia por coronavirus haciendo estragos, Raúl se quedó en la calle. “Había convivido con muchas amigas, pero había agotado todas las opciones. Me cuesta mucho pedir ayuda. Al final, tuve que meterme en una azotea de okupa a dormir”, recuerda.

En ese momento trabajaba de relaciones públicas en restaurantes cercanos a la playa. Generaba el dinero suficiente para pagar un alquiler, pero no tener un contrato laboral ni papeles echaba para atrás a los caseros. “Esos seis meses durmiendo en una azotea fueron complicados. Pasé hambre. Me metía en hoteles a ducharme para ir limpio a trabajar. Me arrepentí de volver”, reconoce.

Tiempo más tarde consiguió un empleo en una tienda de Puerto del Rosario como dependiente y al poco lo ascendieron a encargado. Estuvo nueve meses. El jefe le prometió arreglarle los papeles de regularización, pero cuando fue a la Policía se encontró con la noticia de que sus superiores no le habían dado de alta en la Seguridad Social. Al final, la tienda terminó echando el candado y él se quedó sin ver cumplida la promesa que le hizo su superior.

“Mi madre siempre me decía por qué no vuelves, pero prefiero estar en la Isla que allí. Aquí se puede tener un estilo de vida mejor. Cuando decidí venirme con 22 años fue para desprenderme de todo. Siempre me he sentido de Fuerteventura”, asegura.

A pesar de sentirse majorero, España no lo ha tratado como a un ciudadano más. “He tenido miedo a ponerme malo. Estuve un año sin poder acceder a la sanidad. Iba al centro de salud de Corralejo y al de Puerto de Rosario y me querían cobrar”, cuenta.

En los centros de salud escuchó decirle que si lo veía un médico le iba a llegar una factura a su casa de 70 euros. Al final, logró que lo vieran. La factura nunca llegó. Gracias a conocidos, consiguió que le trataran de una fisura en una costilla.

“Me he sentido de la Isla, pero de algún modo no lo era. Me he sentido invisible. Sin derechos”, expresa. Al no tener regularizada su situación en España, no ha podido tener un contrato, una vivienda digna y, ni siquiera, un contrato de móvil. “He vivido con la incertidumbre de qué puede pasar”.

A finales de enero, la organización Ikual le llamó para informarle de los planes de regularización del Gobierno. “Sentí emoción, pero no me alegraré del todo hasta que salga. Miles de veces me han prometido regularizarme y, al final, no ha ocurrido. Es complicado emocionarme y que luego no salga”.

Pasar de la invisibilidad a tener papeles supondría felicidad, tranquilidad. Ir a Uruguay a ver a sus padres sin el miedo a no poder regresar. No los ve desde hace ocho años. Ahora, se está sacando la ESO en el instituto. Si llega la regularización espera poder apuntarse a cursos en materias por las que siente interés como turismo o marketing.

Si llegan los papeles tiene claro que lo primero que hará será telefonear a su madre. También tiene claro que ese día los dos llorarán.