Los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura han expresado su rechazo al modelo de Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) impulsado por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias y han reclamado una transición energética compatible con la protección del territorio insular.

En un manifiesto conjunto firmado por el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ambas instituciones señalan que “rechazan frontalmente el modelo de Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) y reclaman una transición energética compatible con la protección del territorio insular”.

El documento se ha hecho público en el contexto del debate surgido en ambas islas tras la publicación inicial de los mapas de delimitación de estas zonas.

Según exponen los cabildos, dicha propuesta ha generado una creciente preocupación social al percibirse como una medida que podría favorecer “una implantación acelerada de grandes instalaciones energéticas en suelo rústico, con afecciones directas sobre el paisaje, el territorio y el modelo de desarrollo insular”.

Las dos corporaciones consideran que la filosofía de estas zonas, basada en la agilización administrativa para el desarrollo de proyectos energéticos, resulta incompatible con la realidad territorial de ambas islas.

En el manifiesto se señala que “la filosofía que inspira las ZAR —basada en la aceleración administrativa para la implantación de grandes proyectos energéticos— resulta incompatible con la realidad territorial, ambiental y paisajística de Lanzarote y Fuerteventura”.

Ambos cabildos subrayan además que las dos islas han desarrollado durante décadas políticas públicas orientadas a la protección del territorio y del paisaje.

En este sentido recuerdan que Lanzarote y Fuerteventura, ambas declaradas Reservas de la Biosfera, han construido su modelo de desarrollo en torno a la preservación de sus valores naturales.

Por ello sostienen que “la transición energética no puede realizarse a costa de la degradación del territorio ni del paisaje insular”.

El manifiesto también recuerda que la normativa autonómica vigente ya establece como prioridad la implantación de energías renovables en cubiertas y edificaciones existentes.

Los cabildos consideran en este sentido que antes de plantear la ocupación de suelo para nuevas instalaciones energéticas deben realizarse estudios que determinen “el potencial real de implantación de energías renovables en cubiertas e infraestructuras ya existentes”.

Las instituciones insulares solicitan recuperar la evaluación ambiental para los proyectos en Zonas de Aceleración de Renovables

Asimismo, las instituciones insulares defienden que cualquier desarrollo energético que eventualmente deba implantarse en suelo debe realizarse bajo “criterios extremadamente restrictivos de protección del paisaje y del territorio”.

Entre sus planteamientos también figura la posibilidad de priorizar modelos de titularidad pública o fórmulas que garanticen que los beneficios económicos de la producción energética permanezcan en las islas.

El manifiesto expresa igualmente preocupación por el decreto aprobado por el Gobierno de Canarias en enero de 2026 mediante el que se elimina la evaluación ambiental para determinados proyectos de energías renovables ubicados en Zonas de Aceleración de Renovables.

Evaluación ambiental necesaria

En este punto, ambas instituciones consideran que “suprimir la evaluación ambiental en territorios insulares con una elevada sensibilidad paisajística y ambiental constituye un grave retroceso en las garantías de protección del territorio”.

Por este motivo, los cabildos solicitan al Parlamento de Canarias que restituya la obligatoriedad de la evaluación ambiental para todos los proyectos que se pretendan implantar en estas zonas.

También defienden que los cabildos tengan la última palabra en la autorización territorial de instalaciones energéticas

Las corporaciones insulares reclaman además recuperar plenamente su capacidad de decisión en la planificación energética del territorio.

En el manifiesto defienden “de forma clara y contundente que sean los cabildos insulares quienes tengan la última palabra en la autorización territorial de cualquier proyecto de energías renovables”.

Asimismo, sostienen que “ninguna política de aceleración administrativa puede situarse por encima de la protección del territorio ni de la capacidad de decisión de las instituciones insulares”.

Finalmente, los cabildos reiteran su compromiso con la transición energética y con el desarrollo de energías renovables, aunque subrayan que este proceso debe desarrollarse desde el respeto al territorio, a la planificación insular y a la ciudadanía.

En su posicionamiento conjunto resumen su postura con una afirmación incluida en el manifiesto: “sí a las energías renovables, pero no a costa del territorio”.