El tercer Debate de la Nacionalidad de la legislatura se celebró esta semana en el Parlamento de Canarias. Un acto en el que se debate la hoja de ruta política que seguirá el Gobierno de Canarias, y determina cuales son las principales prioridades y retos. Asamblea Majorera - Coalición Canaria Fuerteventura considera que en el centro de estas cuestiones debe situarse el crecimiento poblacional, la planificación territorial y la necesidad de planificar su futuro desde la sostenibilidad, la protección del territorio y la defensa de la identidad majorera.

En la última sesión del Pleno para el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad se aprobaron diversas propuestas de resolución con medidas dirigidas al Gobierno de Canarias. Entre ellas, Asamblea Majorera–Coalición Canaria Fuerteventura destacó la iniciativa impulsada por el diputado y las diputadas de esta formación -Mario Cabrera, Natalia Évora y Jana González- para establecer una nueva estrategia de desarrollo sostenible, en la que la capacidad de carga de cada isla se convierta en un criterio central y transversal en la toma de decisiones públicas y privadas. Esta herramienta se plantea como un elemento clave para frenar el crecimiento desmesurado y reducir la presión turística.

Mario Cabrera valoró positivamente que el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, haya abordado la situación que afronta Canarias respecto al incremento demográfico y a la presión turística a la que están sometidas islas como Fuerteventura. "El crecimiento que estamos experimentando en los últimos años nos obliga a volver a abrir este debate con seriedad y responsabilidad. Debemos analizar cuál es la capacidad de carga de Fuerteventura para garantizar que la isla pueda seguir desarrollando su principal industria, el turismo, pero sin perder nuestra identidad, sin deteriorar el paisaje y asegurando una mejor redistribución de la riqueza", explicó.

Cabrera recordó que desde Asamblea Majorera-Coalición Canaria lleva décadas defendiendo iniciativas para proteger el territorio y evitar una presión excesiva sobre la isla. Entre ellas, destacó la prohibición de construcción de establecimientos turísticos en el Saladar de Jandía o la eliminación de 55.000 nuevas plazas alojativas en 2007.

Por este motivo, "se ha elaborado esta propuesta de resolución plantea determinar con rigor cuál es la capacidad de carga que puede soportar Fuerteventura, de forma que las decisiones políticas puedan apoyarse en criterios objetivos y en el conocimiento de expertos", apuntó Mario Cabrera.

Tanto la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, como el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, acudieron también a la Cámara en una de las jornadas más relevantes del debate parlamentario para el archipiélago. García valoró que el Gobierno de Canarias esté situando el reto demográfico en el centro del debate político y recordó que tanto desde el Cabildo como la Federación Canaria de Islas (FECAI) "se viene insistiendo en la necesidad de analizar la capacidad de carga de la isla majorera para garantizar infraestructuras, servicios y calidad de vida para la población". "Fuerteventura no puede seguir creciendo al mismo ritmo que hasta ahora", añadió.

También se pronunció al respecto el consejero de Política y Cohesión Territorial, Manuel Miranda, quien asumió la necesidad de realizar un estudio sobre la situación demográfica que afronta la isla. Según el consejero, "Fuerteventura es uno de los territorios donde este crecimiento se está produciendo con mayor intensidad, por lo que será necesario trabajar de manera coordinada entre administraciones y definir estrategias que permitan ordenar el desarrollo de la isla y garantizar un crecimiento sostenible".

Por su parte, Blanco agradeció que el debate abierto en el Parlamento conecte directamente con la preocupación existente desde hace tiempo en Fuerteventura por el ritmo de crecimiento que está experimentando la isla y por las consecuencias que este fenómeno tiene sobre el territorio, los servicios públicos y la calidad de vida de la ciudadanía. En línea con sus declaraciones en la feria turística ITB de Berlín, señaló la importancia de impulsar medidas que permitan limitar el crecimiento desordenado del territorio.

Estas tesis fueron respaldadas por el propio presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien, en su discurso inicial, señaló la importancia de dotar a cada isla de herramientas propias para gestionar su planificación insular, y se comprometió a estudiar la propuesta planteada por los diputados de AM-CC. Bajo el principio de la equidad territorial, el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán también abordó esta cuestión al señalar que el Gobierno autonómico trabaja en "diseñar una estrategia de diversificación ligada al territorio". Asimismo, subrayó que en materia turística "avanzar hacia un modelo regenerativo, más sostenible y que priorice la calidad frente a la cantidad".

Mejoras

Además de la propuesta centrada en el estudio de la capacidad de carga, durante el Debate de la Nacionalidad Canaria se impulsaron diversas resoluciones en distintas materias, que obtuvieron el respaldo del Pleno del Parlamento de Canarias.

En materia sanitaria, se adoptaron medidas para priorizar la atención hospitalaria, reducir las listas de espera, reforzar la atención primaria, impulsar infraestructuras como el Centro de Atención de Especialidades (CAE) de La Lajita y mejorar el transporte sanitario mediante la incorporación de ambulancias sanitarizadas.

También se respaldó una apuesta decidida por la tecnología y la innovación, destacando el potencial del Parque Tecnológico de Fuerteventura. En cuanto a transición energética, se validó una propuesta para modificar el Plan Integral de Residuos de Canarias (PIRCAN), incorporando la valorización de residuos, fomentando el aprovechamiento de materiales e impulsando la economía circular y la sostenibilidad de la isla, propuesta surgida de la segunda edición de 'Fuerteventura te necesita', centrada en la gestión de residuos.

Respecto a la seguridad en el archipiélago, se respaldó el despliegue de la Policía Canaria para mejorar la seguridad en todas las islas, con especial atención a la instalación de una comisaría en La Lajita. A su vez, se ha validado una propuesta de resolución para instar al Gobierno del Estado, en colaboración de los Colegios Veterinarios, a incorporar una nueva disposición en la Ley de Bienestar Animal que garantice servicios veterinarios de urgencia y de guardia 24 horas, con independencia del territorio, para asegurar un acceso equitativo al servicio, utilizando una fórmula similar a las farmacias de guardia.

En materia de bienestar social y dependencia, el Parlamento dio luz verde a ampliar la oferta real de servicios dirigidos a personas mayores y a quienes tienen reconocida una situación de dependencia y/o discapacidad, facilitando el acceso efectivo a las prestaciones. Entre las medidas se incluye la elaboración del III Plan de Infraestructuras Sociosanitarias acreditación de profesionales y entidades para los servicios de promoción de la autonomía personal, orientado a reducir los déficits estructurales y atender la demanda real de plazas y servicios. Esta última iniciativa resulta especialmente relevante para Fuerteventura, donde contribuirá a paliar la escasez de entidades prestadoras de servicio en determinadas zonas de la Isla.

Del mismo modo, se respaldó la culminación del desarrollo de la Renta Canaria de la Ciudadanía mediante la reglamentación de los complementos previstos en vivienda y educación, la puesta en marcha del Itinerario de Acompañamiento Social y el refuerzo de los programas de integración social en coordinación con los ayuntamientos.

A su vez, se instó al Gobierno de Canarias a interceder con el Gobierno del Estado español para buscar nuevas fórmulas de financiación del sistema de dependencia conforme a la Ley 39/2006, así como a consolidar la red de atención a víctimas de violencia de género y vicaria. A ello se suma el impulso al Plan Integral de Juventud y al Plan Canario de Inmigración, con el objetivo de garantizar una atención digna a los menores migrantes no acompañados.

Por último, se promovió el envejecimiento activo, facilitando la participación de las personas mayores de las islas no capitalinas en los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), cubriendo el diferencial económico que deben asumir.