Enrique Cerdeña, alcalde de Betancuria, ha sido citado para declarar en calidad de investigado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Puerto del Rosario el 27 de marzo. Ese mismo día tendrá que hacerlo, también como investigada, Elena Puchalt, secretaria e interventora municipal.

Las declaraciones estaban previstas para mediados del mes de febrero pero se aplazaron. Posteriormente, el 10 de abril, en el marco de las mismas diligencias, tendrán que declarar varios testigos. Las diligencias previas se iniciaron a raíz de una denuncia de la Fiscalía, si bien quien puso en conocimiento del Ministerio Fiscal las presuntas irregularidades fue Isabel Clara Marichal, trabajadora del Ayuntamiento, quien además de perjudicada se ha personado como acusación particular.

Enrique Cerdeña es alcalde de Betancuria desde julio de 2024, tras la jubilación de Marcelino Cerdeña, aunque había ostentado la tenencia de alcaldía durante 17 años. Se enfrenta a una investigación por los presuntos delitos de prevaricación administrativa continuada, malversación de caudales públicos y acoso laboral, después de que el Juzgado abriera diligencias por la denuncia presentada por el fiscal Tomás Fernández de Páiz el año pasado.

Todo se inicia con la denuncia presentada en agosto de 2024 y ampliada en enero de 2025 por parte de la citada funcionaria, que ejerce como asesora jurídica y jefa de Recursos Humanos desde 2012 y que había ejercido ocasionalmente como secretaria e interventora municipal.

En el año 2024, por una baja de larga duración de la secretaria-interventora, queda libre la plaza y la primera en la lista es Marichal. El alcalde emite un decreto en el que le obliga a dar su conformidad en un plazo de tan solo dos horas cuando la funcionaria se encontraba en el Hospital general por motivos familiares. Después, renuncia al puesto pero el alcalde no lo acepta y continúa con el apoyo de la jefa del Servicio de Asistencia Municipal del Cabildo de Fuerteventura. Ambas encuentran una serie de irregularidades en la tramitación de expedientes municipales.

Uno de esos expedientes es relativo a obras de reposición de muros y pavimentaciones, por valor de más de 400.000 euros, mediante un procedimiento negociado sin publicidad, porque el concurso había quedado desierto. Sin embargo, se acaba adjudicando, mediante esta fórmula, a la misma empresa que no había atendido la solicitud de entrega de documentación por parte de la Mesa de Contratación, que es el motivo por el que había quedado desierto el concurso. Además, se nombró como órgano de contratación la Junta de Gobierno local, cuando el competente es el pleno municipal.

En agosto, el alcalde ordena el pago de una certificación de ese expediente por valor de 53.000 euros como si fuera un contrato menor, a pesar de que no lo es ni podría serlo, porque excedería la cuantía máxima. Ni siquiera la alcaldía tiene esa competencia.

Señala el escrito de Fiscalía que la empresa Construcciones Alonso Torres Fuerteventura, la adjudicataria, es “habitual adjudicataria de este tipo de contratos en el Ayuntamiento” y que su administrador “tiene una estrecha relación con el alcalde saliente y con el entrante”, es decir tanto con Marcelino como con Enrique Cerdeña.

Asesoría externa

Además de esta posible prevaricación, la Fiscalía relata la adjudicación a dos empresas externas en el mismo año y por contratos menores para ejercer las funciones de asesoría jurídica municipal y por hacerlo, además, “sin justificar” la “necesidad” para ello, al existir en el Ayuntamiento una funcionaria con dicho puesto de Asesoría Jurídica, con “capacidad y experiencia”.

Enrique Cerdeña y Elena Puchalt están llamados a declarar en el Juzgado el 27 de marzo

En la denuncia también se hacía mención a que a esta funcionaria se le habían retirado sus atribuciones en Personal, contratando a una empresa externa, y que la secretaria le había cortado el acceso a los expedientes digitales. También denunció que el alcalde le había dicho: “Cuidadito conmigo”, a la vez que se dirigía a ella realizando el gesto de cortarle el cuello.

Solo horas después de que la funcionaria pusiera su denuncia en Fiscalía, fue cesada en su funciones como jefa de Personal, estando de vacaciones y con un decreto en el que no se motiva la decisión, a pesar de que llevaba en el cargo desde 2012 y de que no figuraba ninguna queja por su labor.

Se llegan a adjudicar hasta dos contratos distintos de servicios a dos empresas externas para realizar las funciones de esta funcionaria alegando que el Ayuntamiento no cuenta con suficiente personal cualificado para realizar esa labor.

Sin embargo, según señala la denuncia de Fiscalía, en base a informes técnicos, la asesoría jurídica no se puede externalizar, ya que no es lo mismo contratar un informe jurídico externo concreto que la permanente contratación de una empresa para hacer funciones públicas.

La secretaria habría avalado la contratación, según la Fiscalía, alegando la litigiosidad que tiene el Ayuntamiento, a pesar de que es el municipio más pequeño de Canarias, con solo 812 habitantes y veinte trabajadores municipales. Como ejemplo de la duplicidad de los contratos, aparecen dos informes de ambas consultoras sobre un mismo asunto, así como que una de ellas emitió un informe en fecha anterior a su contratación. 

Este segundo hecho, para el Ministerio Fiscal, se considera como prevaricación continuada y malversación imputables al alcalde Enrique Cerdeña y a la secretaria titular, Elena Puchalt, “por la adjudicación de servicios municipales a dos empresas externas, sin justificar su necesidad existiendo funcionario titular con desempeño, sin queja, de 12 años en el ejercicio de esas mismas funciones y con la condición de asesora jurídica y jefa del Departamento de Personal del Ayuntamiento”, señala la denuncia.

“Se advierte además, a diferencia de cuando se prestaba por la funcionaria titular, la insatisfactoria prestación de servicios de la primera entidad al advertirse por la Secretaría continuos errores cada mes en el cometido encargado”, destaca la Fiscalía.

“Contra la dignidad”

Hay más hechos “realizados por el Ayuntamiento contra la dignidad de la denunciante que carecen de justificación”, como que se nombrara a un agente de la Policía Local como secretario-interventor accidental por cinco días, “a pesar de que la denunciante estaba en condiciones de ser nombrada, es funcionaria titular, A1, licenciada en Derecho, ha desempeñado este mismo puestos en muchas ocasiones anteriores, y figuraba en el primer puesto en la relación de funcionarios remitida a la Dirección General de Función Pública”. La secretaria afirma en un informe que el nombramiento del policía es “por falta de confianza” hacia la funcionaria denunciante.

El alcalde ordenó el pago de 53.000 euros como si fuera un contrato menor

Otro supuesto hecho ilícito de estas diligencias penales sería “la constitución repetida de mesas de contratación en contravención de la ley por excluir sin motivo a la funcionaria titular Isabel Clara Marichal Torres y, además, por incorporar a las mismas a funcionaria interina existiendo funcionaria titular”.

En este sentido, un trabajador municipal expone que es víctima “de flagrantes conductas ilegales, dolosas y vejatorias, premeditadas y coordinadas con el único objetivo” de despedirle “ilegalmente” debido a, “entre otras razones, no haber firmado un documento interno promovido por la Secretaría y la Alcaldía en el que se acusaba de gravísimos delitos a otra trabajadora con el fin de alcanzar su despido ilegal y así entorpecer las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía”.

La funcionaria relata que se encuentra trabajando sin teléfono corporativo, aislada en una dependencia municipal antigua y con cámaras de seguridad, sin más personal y sin permiso para acceder a expedientes sobre los que tiene que informar.

Finalmente, pidió que se activara el protocolo de acoso laboral. El Ministerio Fiscal subraya la presunta comisión de un delito de acoso laboral por denegar a la citada funcionaria titular el acceso a la tramitación de expedientes o documentación necesaria para el desempeño de sus funciones, su “incomunicación profesional y aislamiento físico” o “ignorar” que de la plantilla ocupa el primer lugar para sustituir las vacantes temporales de la secretaria e interventora. Una serie de acciones, añade la Fiscalía, que revisten el carácter de “humillantes” y “hostiles” hacia la funcionaria de carrera y asesora jurídica del Ayuntamiento de Betancuria.

Nóminas

También formaron parte de esta investigación, por haberse denunciado, “las presuntas irregularidades relativas a la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Betancuria, aprobada en el pleno municipal de 5 de junio de 2024 y por la que debía tener como consecuencia la inmediata actualización del reconocimiento y pago de los complementos de destino y específicos de dicha plantilla pero que, por nota de reparo de la secretaria-interventora, se ordena por el alcalde una nueva confección de las nóminas de conformidad con dicho reparo”, señala la Fiscalía.

Fiscalía destaca que uno de los contratistas “tiene una estrecha relación con el alcalde”

Así, se habría acordado la suspensión unilateral de un acto administrativo con una orden que no estaría amparada en Derecho según la asesora jurídica y la asesora municipal del Cabildo “y que se residenciaría jurídicamente en un inicio posterior de expediente de revisión de oficio” de la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo.

La consecuencia habría sido que la aprobación de la RPT, que debería tener unos “efectos retributivos en el personal” desde el mismo mes de junio de 2024, al ser “inmediatamente” ejecutiva, en realidad no se ejecuta “nunca”. No sería hasta febrero de 2025 cuando se inició dicha revisión de oficio “que ampararía, en su caso, esta suspensión de efectos de aquel acto administrativo”, en referencia a la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo.

Esa revisión de oficio debe contar con informe favorable del Consejo Consultivo de Canarias, “sin que conste que dicho informe, a esta fecha, se haya emitido ni que se le haya siquiera remitido el expediente a estos efectos a dicho órgano consultivo”, se añade en la denuncia.

“Igualmente se ha verificado que, a pesar de que se suspendió de esta manera anómala la RPT, la secretaria ha cobrado en el mes de agosto y septiembre de 2024 importes de complementos solo contemplados en dicha Relación de Puestos y que no se cobraron por otros funcionarios”, apunta el fiscal. “La secretaria, no obstante, ha reconocido que se ha tratado de un error imputable a la empresa externa”, añade la denuncia de Fiscalía, que pone estos hechos en conocimiento del Juzgado “por si, bajo su criterio, se decide una instrucción al respecto”.