Las recientes declaraciones del alcalde capitalino, David de Vera, asegurando que en la bolsa de trabajo de administrativos existían personas incapaces de encender un ordenador o de leer y escribir en nuestro idioma, no solo son profundamente ofensivas: son una descalificación irresponsable, injusta y que pone en entredicho la credibilidad de la propia institución que dirige.

Hablamos de una bolsa conformada por aproximadamente 960 personas, la única de administrativos operativa en Fuerteventura, utilizada también por otros ayuntamientos e incluso otras islas. Para acceder a ella era necesario superar un examen y poseer, como mínimo, una titulación de grado medio. Muchos candidatos eran universitarios. Afirmar ahora que quienes aprobaron carecían de competencias básicas es, sencillamente, absurdo.

A ello se suma otro dato relevante: menos de diez integrantes eran extranjeros, y la mayoría eran descendientes nacidos en la isla. Vincular origen con incapacidad, aunque sea veladamente, no solo es injusto, sino un ataque inmerecido a trabajadores cualificados.

Pero lo más grave es la implicación institucional. Si realmente hubiera personas en la bolsa que no saben leer, escribir o usar un ordenador, entonces la conclusión inevitable es que el tribunal examinador falló estrepitosamente. Y eso sería un escándalo mayor. 

Porque cuestionar la capacitación de los aspirantes equivale a poner en duda:

– La profesionalidad del tribunal. 

– La validez del procedimiento selectivo. 

– La capacidad del Ayuntamiento para garantizar procesos transparentes y ajustados a derecho.

Es decir: el alcalde, en su intento de justificar una decisión administrativa opaca, termina deslegitimando a su propia administración.

A esto se añade otro elemento inquietante: todas las bolsas del Ayuntamiento fueron renovadas salvo dos, precisamente la de administrativos y la de turismo. ¿Casualidad? Difícil sostenerlo, especialmente cuando trabajadores señalan que familiares directos del propio alcalde figuraban en esa misma bolsa. ¿Acaso también se les considera incapaces de leer o encender un ordenador?

Desde el punto de vista jurídico, dejar caducar una bolsa sin una sustituta es contrario al sentido común, a la práctica administrativa y a la jurisprudencia existente. Sin embargo, se ha permitido llegar a un escenario tan irregular que ahora se está recurriendo a una bolsa sanitaria de 2007 en lugar de utilizar la bolsa actualizada de 2021, ajustada a la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

Y mientras todo esto ocurre, el sindicato mayoritario, SEPCA, guarda silencio. Numerosos trabajadores denuncian que ni ha preguntado ni ha defendido sus intereses. Una pasividad especialmente preocupante cuando su presidencia está vinculada a la pareja de una consejera de Coalición Canaria en el Cabildo. No se trata de acusar; se trata de constatar que la falta de acción y de transparencia alimenta la desconfianza.

Esta situación no es un simple desencuentro administrativo. Es una falta de respeto hacia cientos de trabajadores que han cumplido con los requisitos establecidos, que han estudiado, que han aprobado un examen y que merecen dignidad, no desprecio. Es también un golpe a la confianza ciudadana en las instituciones.

Las administraciones públicas no pueden permitirse erosionar su credibilidad por decisiones arbitrarias, silencios sindicales y declaraciones que, lejos de aclarar, ensucian. Cuando un proceso selectivo se cuestiona desde el propio despacho del alcalde, lo que está en juego no es una bolsa de empleo: es la confianza en la limpieza y profesionalidad de la administración.

Un diamante en bruto puede pulirse. Una institución que se desprestigia a sí misma solo se hunde. Y hoy, lamentablemente, la ciudadanía observa cómo quienes deberían proteger la integridad del sistema son quienes más la ponen en riesgo.

* Secretario de SOS Fuerteventura