La Fiscalía solicita una condena de 11 años de prisión y la expulsión de España para el acusado de violar a una niña de 11 años en Fuerteventura. El juicio está fijado para este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

El acusado, de nacionalidad colombiana, residía en Puerto del Rosario y en ocasiones cuidaba del hijo y de la hermana de su pareja, que tenían, cuando sucedieron los hechos, seis y 11 años de edad, respectivamente.

En el escrito de acusación se hace referencia a que cuando jugaba con los menores a hacerles cosquillas, introducía la mano por debajo de la ropa interior de la niña, aprovechando para “tocarle los genitales”.

Según el Ministerio Fiscal, el 9 de diciembre de 2019 pidió a la menor que le diera un masaje. Luego la tumbó y desnudó, y le tapó la cara con una toalla. Fue en ese momento cuando, según el relato de hechos, supuestamente le introdujo su pene en repetidas ocasiones, “pese a que la menor manifestaba su dolor”.

La Fiscalía señala que también le introdujo un vibrador por la cavidad vaginal, “insistiendo en que se relajara, cesando en su acción una vez eyaculó”.

La niña sufrió un trastorno de estrés postraumático, con ansiedad, depresión y aislamiento, con estancias en centros sanitarios, se apunta en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, que resalta que se ha visto “gravemente perturbado su proceso de maduración e integración social”.

Por ello, se solicita una pena de 11 años de cárcel por un delito contenido de abuso sexual a menor de 16 años, así como la prohibición de acercarse a menos de 500 metros y de comunicarse con la víctima durante 20 años.

Además, se pide la medida de libertad vigilada durante cinco años, con la prohibición de residir en el mismo municipio de la víctima, así como que se le impida trabajar o participar de actividades con menores de edad durante 20 años.

El Ministerio Fiscal también solicita que se ejecute en España la pena de prisión, al menos durante siete años, “acordándose su expulsión una vez cumplida la parte de la pena establecida o bien cuando acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional”.

Por último, la Fiscalía pide una indemnización para la víctima de 45.000 euros en concepto de responsabilidad civil.