No hay nada que indique que esté más cerca ahora que antes el derribo de algún hotel por una infracción urbanística grave. Lo podría parecer, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, por la trayectoria y las últimas noticias sobre el Oliva Beach en Corralejo y el Papagayo Arena, en Playa Blanca. Por no hablar del Son Bou. Hace ocho años, el Ayuntamiento de Yaiza decía que estudiaba “cómo sacar a concurso la demolición y la forma de obtener los fondos para el derribo a costa de la propiedad”.

Podría parecerlo, por tanto, pero es un espejismo. En este país no se derriba nada, y menos un hotel. A lo mejor una vivienda en suelo rústico sí, como pasó en La Geria o con las condenas en Cofete. Incluso la señora Josefa llegó a entrar en la cárcel por negarse derribar la ampliación de su casa en Betancuria.

Pasan los años y, como no se tiran, la gente se envalentona, y dice cosas como esta: que la persecución contra el hotel Papagayo Arena roza el ilícito penal. Hay que tener poca vergüenza para decir algo así desde la propiedad de un hotel cuya licencia no roza el ilícito penal, sino que le da de lleno. La licencia fue el fruto de un soborno (es un hecho probado) y se construyó uniendo dos parcelas con una vía verde en medio cuya licencia de agrupación también está anulada. No son víctimas, son responsables de sus propios actos. Como es responsable la cadena RIU de que le anulen la concesión por sobrepasarse en la edificabilidad que tenía permitida.

El truco está en tener un negocio abierto. Ahí ya el interés general, el particular, el medio ambiente o lo que sea, empieza a tener menos relevancia. La Justicia, si se trata de urbanismo, no ahorra en literatura, pero nunca resuelve nada. Hace casi veinte años, en unas jornadas sobre legalidad urbanística, una jueza de Cantabria decía que era una jueza de mentira porque no lograba ejecutar las sentencias que firmaba. En privado, un expresidente de sala del TSJC reconocía que cómo iban a derribar un hotel si estaba abierto al público. “Pues cerrándolo primero”, fue la respuesta. Pero lo llevamos claro si el Cabildo de Lanzarote dice que está obligado a conceder la autorización turística.