El Gobierno de España se ha comprometido este viernes a seguir negociando para que el PP se sume al apoyo de la reforma de la ley de Extranjería para la derivación de menores migrantes no acompañados, así como a habilitar 50 millones de euros para ayudar a Canarias en la gestión migratoria.

Este compromiso lo ha asumido el Ejecutivo central tras la reunión celebrada este viernes en La Palma entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, y de cuyo contenido ha informado a los medios el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

En sus redes sociales el presidente Pedro Sánchez ha apelado al PP para que haga una oposición responsable y se sume a los acuerdos y las soluciones "en lugar de reproducir los discursos de la derecha más extrema", en este ámbito, y ha garantizado que el Gobierno de España seguirá trabajando con el Ejecutivo canario ante este desafío, aportando recursos económicos e impulsando avances legislativos.

Ante los medios de comunicación el ministro Ángel Víctor Torres ha descartado que se regule la derivación de menores por decreto ley y ha insistido en la modificación de la ley de Extranjería como "única solución posible", pero para ello es imprescindible que se apruebe por mayoría en el Congreso de los Diputados y, ha admitido, no puede considerarse "ni optimista ni pesimista" en cuanto al resultado de las negociaciones con el PP.

Por su parte el presidente canario, Fernando Clavijo, ha subrayado que la cantidad que debe percibir el archipiélago tiene que ser "muy superior" a los 50 millones de euros, cifra que ya recibió el archipiélago en 2022 y 2023, ya que es igualmente muy superior el número de menores que atiende la Comunidad Autónoma.

"No soy una persona de tirar la toalla sino de pelear con más ahínco aún para que Canarias no tenga que soportar en solitario toda la cuestión migratoria", ha apuntado Fernando Clavijo, quien se ha congratulado de la posición del Gobierno central de "avanzar hacia el encuentro y el acuerdo" para lograr ratificar el artículo 35 de la ley de Extranjería con el objetivo de que sea obligatoria la derivación de menores no acompañados.

No obstante, el ministro de Política Territorial ha puntualizado que en 2022 y 2023 Canarias recibió 50 millones adicionales vía enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, lo que este año no es factible al estar prorrogadas las partidas presupuestarias.

Torres se ha mostrado abierto a cerrar esta cantidad, con la participación del Ministerio de Hacienda, para que Canarias tenga "un alivio importante" en la atención a la situación migratoria.

Pero también ha dejado "claro" que del mismo modo que la competencia en materia de migrantes adultos corresponde al Ejecutivo central, la tutela de los menores no acompañados es de las comunidades autonómicas y por lo tanto el Gobierno español no puede derivarlos por su cuenta, ya que estaría fuera del ámbito constitucional.

Por ello ha insistido en que hay que cambiar la ley de Extranjería con una modificación que, tras ser negociada entre los ejecutivos central y canario, se vio "lamentablemente" frenada en el Congreso de los Diputados el pasado 23 de julio.

Este es el mecanismo más rápido y urgente para garantizar la distribución inmediata de los menores y el Gobierno quiere seguir avanzando en el diálogo para esta modificación sea factible en septiembre, ha apostillado Torres.

"Vamos a seguir trabajando en ello", ha insistido el titular de Política Territorial, quien cuestionado por las posibilidades de éxito de esta negociación ha respondido que "habrá que preguntar a quienes votaron que no" y no apoyaron una tramitación que sí respaldaron nueve grupos en el Congreso.

Y del mismo modo que el Gobierno no ha roto su contacto con los grupos parlamentarios "también digo con claridad que el partido con el que más hablé y con el que más documentos intercambié fue el PP, lo que demostrable, y al final votó no", ha rememorado Torres, para recordar que los populares cogobiernan en Canarias "y conocen bien el problema".

Por tanto ha apelado a la principal formación en la oposición para que se coloque de parte del acuerdo y no del problema "y no pase a la historia como el partido que impidió" una solución.

También se ha mostrado el Ejecutivo central dispuesto a tratar este asunto en la próxima Conferencia de Presidentes, prevista para septiembre en Cantabria, algo que también comparte Fernando Clavijo porque este asunto es "de país y tenemos que estar coordinados para dar una respuesta a estos niños y niñas y atender sus derechos que, como primer mundo, estamos en la obligación de cumplir".