El Boletín Oficial del Estado (BOE) del último día del pasado mes de febrero guardaba una sorpresa que ha protagonizado buena parte del debate público en Fuerteventura durante el último trimestre: la primera solicitud de la empresa Satocan para perforar en busca de tierras raras en la costa oeste de la Isla. En estos más de tres meses se han producido concentraciones de protesta, debates institucionales y parlamentarios, anuncios que no se han cumplido y cambios de postura. Esta es una guía cronológica para no perderse:

Marzo. La petición del primer permiso en Puerto del Rosario, en las proximidades del Parque Rural de Betancuria, ocupando una superficie de 1,34 kilómetros cuadrados, cogió con el pie cambiado a los responsables públicos de la Isla. Todas las solicitudes de Satocan calcan los argumentos: que en la próxima década se prevé un aumento de “minerales esenciales para diversas aplicaciones tecnológicas e industriales” y que “las tierras raras con componentes críticos” para la fabricación de dispositivos electrónicos.

A mediados de marzo se conoció la segunda solicitud: un total de 19 kilómetros cuadrados, divididos en 56 cuadrículas mineras, desde Ajuy hacia el sur. Y unos pocos días después llegó el rechazo unánime del pleno del Cabildo majorero. Empezaron los mensajes políticos rotundos, como que no se iba a permitir que la Isla se convirtiera “en el solar de experimentos de Canarias” y se empezaron a movilizar colectivos sociales. Se puso en marcha también la plataforma ‘Fuerteventura no quiere tierras raras’, que ha servido de altavoz para la presentación de alegaciones, la recogida de firmas y la canalización del rechazo social.

Abril. El 7 de abril, el núcleo costero de Ajuy servía para escenificar una cadena humana en señal de protesta. Fue el primer gran acto público en contra de la prospección de tierras raras en Fuerteventura, una reivindicación asumida en los postulados de la multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Puerto del Rosario el 20 de abril, dentro de la convocatoria autonómica bajo el lema Canarias tiene un límite. La semana siguiente, la visibilización de la protesta se trasladó a las Dunas de Corralejo, con otra cadena humana.

Justo a mitad de abril se habían conocido los detalles de la tercera solicitud del grupo Satocan: otros 25 kilómetros cuadrados más en la costa del municipio de La Oliva, solapándose incluso con el Barranco de Los Encantados, cuyo yacimiento está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) como zona paleontológica. Con los mapas en la mano, Satocan ha solicitado en sus tres peticiones de autorización el control minero sobre más de 45 kilómetros cuadrados. En el Cabildo majorero se echaron las manos a la cabeza: los tres permisos duplican la extensión de lo que ocupan las principales localidades, como Puerto del Rosario, Corralejo, Caleta de Fuste, Gran Tarajal o Morro Jable. Y, en cuanto al tercero, supondría “destrozar” el 10 por ciento de la superficie de La Oliva.

Llegó entonces la casi unanimidad en el Parlamento, con la sola excepción de Vox que, sin embargo, en Fuerteventura tiene representantes que se han posicionado con el ‘no’. Para un consenso similar hay que remontarse a la lucha por una sanidad digna en 2016, que también alineó a la sociedad civil con sus representantes públicos para trasladar su exigencia al Gobierno de Canarias. El 24 de abril, a las puertas del Parlamento, se produjo la foto de diputados de partidos del Gobierno y de la oposición, autoridades insulares y miembros de la plataforma social contra las tierras raras. Antes, todos los cabildos habían respaldado al majorero en contra de la iniciativa de Satocan, siguiendo la línea de los ayuntamientos de la Isla. El goteo de alegaciones e informes desfavorables por el riesgo para el territorio, el medio ambiente, y el patrimonio histórico se intensificó.

Mayo. Llega el jueves 2 de mayo. Fernando Clavijo tiene agenda en Fuerteventura. Sin embargo, no es el presidente del Gobierno autonómico el que directamente desvela lo que a las 13.41 horas anuncia en una nota el Cabildo: que Satocan le había comunicado su decisión de retirar las tres solicitudes para explorar tierras raras en la Isla. Ese anuncio se interpreta como una victoria y casi como un rápido desenlace de una batalla que se antojaba larga para la sociedad majorera. Prácticamente una semana después se confirmaba lo contrario, que Satocan no iba a renunciar. Fuentes de la Consejería de Industria ratificaban en aquellos días que no se había registrado ningún escrito de desistimiento. En el entorno tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo de Fuerteventura empieza a circular entonces la tesis de que si Satocan se apartaba, cualquier empresa, tanto canaria como foránea, podía reemplazarla y solicitar las autorizaciones.

La plataforma destaca las 14.000 alegaciones y el “no rotundo” de la población

El presidente del Gobierno aprovecha una intervención en el Parlamento el 21 de mayo para cambiar el guion: ahora el Ejecutivo autonómico quiere ser el que maneje las áreas de investigación minera. “No estamos engañando a nadie”, dice Clavijo. “Una vez el Gobierno de Canarias tenga el control, nos sentaremos a hablar con el Cabildo”. La herramienta para ocupar la posición de Satocan es utilizar el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). Antes de este anuncio oficial, en círculos políticos de la Isla ya se conocía la intención y no se veía con buenos ojos. La posición expresada por el presidente es como un disco con dos caras: por un lado, “el control de lo que pueda ocurrir aquí que lo tengan las administraciones canarias” y que “nadie venga a expoliar nuestras islas y llevarse los beneficios a otro lado”. Por el otro, “no haremos nada en contra de las administraciones de Fuerteventura”, que “el pueblo canario” tenga “la última palabra”.

El Cabildo rechaza la fórmula del ITC y quiere que se dé carpetazo cuanto antes a las solicitudes sobre las tierras raras. En la plataforma social exigen a las autoridades que se dejen “de juegos raros” y le recuerdan a Clavijo que, en un encuentro, les planteó, para frenar este tipo de solicitudes, un decreto ley, solicitar la modificación de la legislación de minas y reactivar la declaración en la costa oeste de Fuerteventura del Parque Nacional de Zonas Áridas. Aseguran que 14.000 alegaciones en contra avalan el “no rotundo de la población majorera”.

Junio. El martes 4 de junio, de nuevo el Boletín Oficial del Estado. ¿Renuncia a los proyectos de investigación? No. Una “corrección de errores” de la solicitud del permiso de investigación de nominado Verode, en el municipio de Pájara. Lo que está claro es que a esta historia le faltan capítulos.