En un gesto unánime “en defensa del medio ambiente y los recursos naturales” de Fuerteventura, el Ayuntamiento de La Oliva ha aprobado este lunes, en sesión extraordinaria, solicitar la retirada de los permisos de investigación sobre tierras raras en la Isla.

Esta decisión se suma al rechazo ya expresado por otras administraciones insulares, destacando la preocupación compartida “por el posible daño irreparable que estas actividades podrían causar al territorio y a sus habitantes”.

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, expresó su “compromiso firme” con la protección del patrimonio natural del municipio: "No podemos permitir que intereses económicos pongan en peligro nuestro entorno. La prospección de tierras raras representa una amenaza seria para nuestros recursos y nuestra biodiversidad, y estamos determinados a actuar en consecuencia para evitar su avance".

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, David Fajardo, subrayó la necesidad de “transparencia” en este proceso: "Es inaceptable que se estén tramitando estos permisos sin informar debidamente a las instituciones locales”.

“Exigimos que se respete el principio de participación ciudadana y que se garanticen los mecanismos de consulta necesarios para tomar decisiones informadas y responsables", dijo. Además, anunció que el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Oliva está elaborando las alegaciones jurídicas pertinentes.

La moción aprobada por unanimidad en el pleno extraordinario destaca las “graves afecciones que los proyectos de investigación de tierras raras causarían en zonas protegidas como la Reserva de la Biosfera, los hábitats de interés comunitario y las áreas de conservación natural”.

Asimismo, se hace hincapié en “la falta de congruencia y transparencia en la publicación de los proyectos, lo que ha generado incertidumbre y preocupación en la población”.

El Ayuntamiento de La Oliva insta ahora a las autoridades competentes a “reconsiderar la autorización de estos proyectos y a priorizar la protección del medio ambiente y el bienestar de los ciudadanos”. Con esta decisión, el municipio se une a las voces que exigen “un desarrollo sostenible y respetuoso con el entorno en toda la isla de Fuerteventura”.