Durante los años de la Guerra Fría se hicieron famosos los agentes secretos que perteneciendo a la agencia de un país se hacían pasar por agentes de otro estado. Las informaciones y contrainformaciones que obtenían o divulgaban tenían como fin despistar al enemigo generando apariencias falsas. Los parlamentarios y parlamentarias majoreros y los partidos con actividad política en Fuerteventura han asumido tal condición cuya última misión está siendo crear contrainformaciones con respecto a los proyectos mineros de tierras raras en nuestra isla. Pero en este caso no se trata de engañar a ningún enemigo sino de intentar convencer a toda su población (votante) de que su posición con respecto a los permisos de investigación minera es una, grande y libre. El problema es que esa misa ya nos la han contado.

Por si hubiese alguna duda: la propuesta de explotación minera en Fuerteventura es una de las mayores amenazas que se hayan cernido sobre esta isla. La actividad extractiva de tierras raras precisa de enormes movimientos de tierra, de impresionantes cantidades de agua, de la utilización de algunos de los contaminantes químicos más agresivos; genera toneladas de residuos y, algo que se suele obviar conscientemente, su uso tecnológico es preferentemente militar. Todo esto se realizaría sobre una parte del territorio majorero que ha quedado afortunadamente ajena a los procesos especulativos: zonas del mancomún, de importantísimo valor geológico y paleontológico, de especial protección de aves, de importancia botánica, arqueológica y etnográfica.

Pero volvamos al trabajo de los agentes dobles. El posicionamiento unánime de todas los partidos políticos en contra de otorgar los permisos debería ser motivo de satisfacción ciudadana. Pero resulta que no los podemos creer. La historia democrática de Fuerteventura está plagada de miserias políticas: no ha habido ni un caso en 45 años en que los representantes de la isla se hayan puesto de acuerdo para llevar al Parlamento cualquier iniciativa que defienda los intereses generales de la ciudadanía de Fuerteventura. Pero para no aburrir con el manual de malas prácticas políticas autóctonas solo nos referiremos al trabajo reciente de los agentes dobles.

Es el caso de dos asuntos que tienen que ver con la desplanificación intencionada y el trabajo político a favor de las empresas por encima de los intereses generales: la instalación de una nueva línea de alta tensión, con enormes torretas (en algunos casos plantadas sobre gavias) que ha causado un destrozo irremediable al paisaje majorero y la instalación a gran escala de plantas fotovoltaicas y parques eólicos que producirán una energía que no consumiremos pero que ya está haciendo enriquecer a las empresas agraciadas, causando un consumo territorial insostenible. Ambos proyectos –íntimamente ligados- tienen elementos comunes: se ha acudido a figuras de interés general para autorizarlos y expropiar terrenos; no ha habido ningún proceso democrático de participación y están dirigidas al crecimiento perpetuo como si la isla no tuviese límites.

Si revisan la prensa de los últimos años podrán observar declaraciones de todos los partidos, posicionamientos institucionales incluidos, mostrándose en contra de la instalación de 150 torretas (en algunos casos de 50 metros de altura) entre Corralejo y Matas Blancas o insistiendo en que es necesaria una planificación acorde con las necesidades de las nuevas instalaciones de producción de energías renovables. En algunas de esas manifestaciones se ha incidido en que Fuerteventura no es un solar y que no se pueden realizar proyectos con tanta repercusión (social, económica y medioambiental) sin contar con la población majorera. Sin embargo, gracias al trabajo de los agentes dobles —que dicen una cosa en Fuerteventura y apoyan la contraria en el Parlamento— la nueva línea de alta tensión se está instalando y los parques eólicos y solares crecen sin criterio por todo el paisaje majorero.

La investigación de tierras raras tuvo su apoyo el año pasado cuando una iniciativa del PSOE fue avalada en el Parlamento. Ahora, viendo la oposición científica y ciudadana, los agentes dobles se han visto en la necesidad de actuar con premura diseñando discursos demagógicos para intentar hacer llegar a la población majorera lo contrario de lo que aprueban e impulsan en Tenerife. Vuelven —como en el caso de las torretas o de las empresas eléctricas— a insistir en que Fuerteventura no es un solar y que no se ha contado con la población insular ni con sus instituciones.

Pero el caso de las tierras raras es todavía más burdo y doliente: la solicitud de los permisos de investigación a Satocan (cuyos dueños poseen la segunda fortuna más grande Canarias) ha sido otorgada por el Gobierno de Canarias cuyos socios (PP y CC), con toda la desvergüenza del mundo, sostienen en Fuerteventura que el proyecto de minería solo se hará por encima de sus cadáveres. El caso es burdo porque ambos partidos tienen a dos consejeros en el Gobierno de Canarias pero seguramente ninguno de sus compañeros en Fuerteventura tiene el teléfono de Manolo Miranda o de Jéssica de León, a los que por cierto no se les ha oído decir que esta boca es mía, para comunicarles que no se puede presentar un proyecto tan destructor e insensato sin contar con Fuerteventura, que la isla que tienen que defender no es un solar. El caso es doliente porque con su doble juego se ríen de la ciudadanía.

Uno de los requisitos indispensables para ejercer de agente doble durante la Guerra Fría era la absoluta discreción y la capacidad de convencer a propios y extraños de que su trabajo es eficaz y, sobre todo, leal. Los agentes dobles majoreros no son tan cautelosos, están plenamente identificados y no son leales con la ciudadanía que representan. Gente que adora a dios y al diablo con la misma devoción pero que en esencia solo obedece a las órdenes centrales de sus partidos, coincidentes siempre con los grandes intereses privados.