-El pasado mandato estuvo marcado, en el Cabildo de Fuerteventura, por la inestabilidad política y los cambios de gobierno, un caldo de cultivo nada propicio para avanzar en la planificación y ordenación del territorio. No obstante, se vendió como gran hito el encargo de 14 instrumentos de planeamiento a la empresa pública Gesplan. ¿Cuál es la situación que se ha encontrado al asumir el cargo en Ordenación del Territorio?

-Es verdad que al estar considerado Gesplan un medio propio del Cabildo se ahorran muchos plazos y licitaciones, por lo que la idea inicialmente era buena. Sin embargo, hay documentos clave, como el Plan Territorial Especial de Energía, que no estaba encargado y lo hemos tenido que sacar a licitación. La Ordenanza para fijar criterios en el suelo rústico para parques eólicos y fotovoltaicos, que tiene menos alcance pero que se creía que iba a salir más rápido y serviría para frenar la avalancha de proyectos dispersos por el territorio insular, no se terminó en el pasado mandato. Está entre nuestras principales prioridades y esperamos llevarla a aprobación al pleno en cuestión de meses.

-Los instrumentos de planeamiento suelen ser muy discutidos. ¿Cree que hay una fórmula mágica para que salgan adelante con consenso?

-Es fundamental que se entienda que la ordenación del territorio es cosa de todos. Aunque eso pueda significar que tengamos que renunciar, en cierta manera, al ideal que tengamos en la cabeza, y cuestiones que nos gustaría recoger a lo mejor no se puedan incluir y otras que a lo mejor no nos gustan tanto las tengamos que incorporar. Es la manera de que todos vean los instrumentos de planeamiento como suyos y evitar que se paralicen o terminen en la papelera si se producen posteriormente cambios políticos.

-¿Qué espera de este mandato y, en especial, sobre el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF)? ¿Será una realidad?

-En realidad se trata de dos documentos, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), que está elaborando directamente Gesplan, y el PIOF en sí, que ha encomendado a un equipo externo. Ambos pueden tramitarse en paralelo, eso no es un problema. La principal dificultad es ajustar los plazos de tramitación al máximo, en procedimientos que no son sencillos y con una Consejería y un Órgano Ambiental por el que pasan muchos expedientes de todo tipo y que tienen muchísimo trabajo. Cuando llegamos, el PORN iba más avanzado pero en cuanto al PIOF apenas se había iniciado su elaboración.

“Cuando llegamos, apenas se había iniciado la elaboración del Plan Insular”

-Con respecto a los espacios naturales protegidos, hay algunos que tienen gran afluencia turística. En Lobos, que es una de las joyas, se fijó en su momento la cifra de 200 visitantes simultáneos, pero ha vivido episodios de una presión real mucho mayor. ¿Cuál es el planteamiento del Cabildo para la ordenación de Lobos y su número de visitantes?

-Hemos tenido una reunión con el Ayuntamiento de La Oliva, con vecinos y con expertos, porque además de la capacidad de carga, otro aspecto complicado es la situación de las viviendas. Desde el Ayuntamiento se está promoviendo salvar aquellas que pudieran encajar con una protección patrimonial, por su valor etnográfico. Hay que tener en cuenta que toda la Isla es dominio público y se están analizando las posibilidades. Un político, aunque tenga voluntad, no puede ir más allá de lo que marca la legislación. Hay que hilar fino y hay algunas viviendas que, por las reformas, han ido perdiendo ese carácter más tradicional. A nivel personal no concibo Lobos y el Puertito sin sus edificaciones tradicionales. Por otro lado, es verdad que en la Isla ciertas intervenciones se han ido un poco de las manos, pero insisto, no seré yo quien decida. Y en cuanto a la capacidad de carga, lo mismo: como consejera no soy quien tiene que decir si son 100, 500 o 1.000 visitantes, será lo que medioambientalmente se evalúe y lo que garantice la conservación de los valores naturales, que no se pueden perder. Si queremos que siga siendo la joya y que se mantenga para generaciones futuras hay que conservarla.

-Al llegar las fechas habituales de acampada, como Semana Santa o verano, se vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que Fuerteventura, que es de las islas más demandadas para esta actividad, cuente con una ordenación aprobada. Hace un año salió a exposición un documento que fijaba 32 zonas para esta actividad en la Isla. ¿Cómo marcha su tramitación?

-Junto a la Ordenanza para fijar criterios en el suelo rústico para parques eólicos y fotovoltaicos, la Ordenanza para establecer criterios de implantación de campings y áreas de acampadas será de lo primero en salir en materia de planeamiento. Soy consciente de que quizás la zonificación final que se plantee no será la que esperaban los campistas y la que se les prometió. Cuando esté el documento definitivo se explicará en detalle, pero habrá que habilitar lo que legalmente sea posible. Adelanto que las expectativas probablemente no se verán cubiertas. La gente de aquí quiere acampar en espacios en los que tradicionalmente, durante muchos años, ha venido acampando, no que se le busque un lugar para poner la autocaravana. Lo que ocurre es que muchas de esas zonas tienen un nivel de protección que hace que no vaya a ser posible incluirlas. El problema es que se crearon unas expectativas, pero habrá que ser realistas. En cualquier caso, hay que recordar que la habilitación de áreas de acampada es una competencia municipal, no del Cabildo.

-¿Qué otros instrumentos de planeamiento considera prioritarios?

-Me gustaría darle mucha prioridad al Parque Rural de Betancuria, porque lo cierto es que está perdiendo población. La ordenación debe servir para proteger y que no se pierdan valores, pero también debe clarificar qué se puede hacer y amparar el desarrollo económico y social. En Betancuria la gente se está marchando porque hay problemas que ahora no encuentran solución adecuada, hasta para recuperar terrenos para la agricultura.

“En Lobos, no seré quien diga si tienen que ser 100, 500 o 1.000 visitantes”

-El Cabildo no solo se tiene que preocupar por su propio planeamiento sino por el que sale de otras administraciones, como el Gobierno de Canarias y su Plan de Transición Energética (PTECAN), que define 134 kilómetros cuadrados para aerogeneradores y plantas solares, prácticamente el ocho por ciento de la superficie insular. ¿Ve sensibilidad en el nuevo Ejecutivo ante el rechazo de las instituciones majoreras?

-De entrada, el PTECAN lo sacó adelante el anterior Gobierno de Canarias al final de la legislatura, al igual que el consejero de Transición Ecológica saliente [José Antonio Valbuena] aprobó ya en funciones, en junio, una serie de parques eólicos y fotovoltaicos en Fuerteventura utilizando la vía extraordinaria que recoge el artículo 6 bis de la Ley del sector eléctrico canario [que permite saltarse el planeamiento insular o municipal]. Respecto al PTECAN hemos conseguido un acuerdo de todas las instituciones de Fuerteventura para ir de la mano y presentamos alegaciones. Nuestro principal motivo de oposición es que ese Plan del Gobierno establece las zonas, con lo que invade una competencia que es insular.

-Respecto a los parques eólicos y fotovoltaicos aprobados por el Gobierno por la vía extraordinaria que citaba, el Cabildo se ha opuesto y los ha recurrido. ¿Qué reacción ha apreciado en el Ejecutivo autonómico?

-Mire, el consejero entrante [Mariano Hernández Zapata], con el PTECAN primero dijo que lo iba a parar y ahora dice que no, por lo que entendemos que va a seguir para adelante. Estuvo aquí, en el Cabildo de Fuerteventura y le planteamos la situación que se está dando en la Isla, los problemas que se están generando por haberse permitido instalaciones, de forma dispersa, con esa figura extraordinaria de la Ley del sector eléctrico canario. Tanto el consejero como su equipo tienden la mano, pero dejando claro que van a seguir aplicando una figura de la que entendemos que se está haciendo un uso fraudulento. La respuesta que se le dio fue que si hacía eso, al Cabildo de Fuerteventura lo iba a tener enfrente.

“Probablemente no se cubran las expectativas con la Ordenanza de acampadas”

-Visto desde fuera es como si diese la sensación de que existiesen unas inercias en ciertos ámbitos del Gobierno, como este de planificación energética, en los que parece que da igual quién gobierna y qué partido lo gestiona, antes el PSOE y ahora el PP…

-Coincido plenamente. No es una sensación, es una realidad. Esté quien esté no entiendo que no comprendan el disparate que se está produciendo en Fuerteventura. [Coge un mapa de Canarias con los proyectos energéticos aprobados y en trámite]. En el resto de las Islas, los parques eólicos y fotovoltaicos están relativamente agrupados, pero en Fuerteventura es el impacto que se está generando por la dispersión en las instalaciones.

-¿Qué se podría hacer para corregirlo?

-Es el momento de modificar la Ley del sector eléctrico canario y en concreto el artículo del que estamos hablando, el 6 bis. [El precepto indica que “cuando razones de justificada urgencia o excepcional interés” lo “aconsejen”, el Gobierno regional “podrá declarar el interés general” de instalaciones de energía, sin estar sujetos a licencia ni a ningún “acto de control preventivo municipal o insular”]. En su momento se introdujo porque había necesidades energéticas reales y no existía una figura para sacar proyectos de emergencia que garantizasen el abastecimiento eléctrico a la población, pero en la actualidad, insisto, se está utilizando de manera fraudulenta.