Dos de los principales investigados en el conocido como “caso Mediador”, el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo y su sobrino Taishet Fuentes han acudido este jueves al juzgado al cargo del caso para cumplimentar una prueba caligráfica ante un posible delito de falsificación de documentos.

El peritaje se llevó a cabo ante un especialista y supuestamente está relacionado con diversos documentos encontrados durante la investigación, entre ellos una lista de entidades y personas, sus cuentas corrientes y las cantidades que habrían pagado al parecer a los investigados que oscilan entre los 80.000 y los 200.000 euros, han informado a EFE fuentes judiciales.

Antes de tomar posesión como diputado en el Congreso, Juan Bernardo Fuentes Curbelo fue director general de Ganadería, cargo en el que le sustituyó hasta su cese su sobrino Taishet.

Los dos están imputados en esta causa en delitos de falsificación de documentos, pertenencia a banda criminal, prevaricación y cohecho, por un supuesto cobro de dinero a cambio de conseguir tratos de favor ante las administraciones públicas, entre ellos, de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias en expedientes sancionadores y de solicitud de ayudas.

También estaban citados este jueves como nuevos imputados el viceconsejero del Sector Primario de la Consejería de Agricultura, Álvaro de Bárcena, y la jefa de Servicio del mismo departamento, Margarita González, aunque al final se ha pospuesto su declaración para el próximo día 12 de julio.

El primero en llegar al Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife fue Taishet Fuentes, minutos antes de las 10.00 de la mañana y una media hora más tarde lo hizo el exdiputado nacional, esta vez acompañado de su abogado.

En ambos casos fueron abordados de forma airada por las manifestaciones y protestas de los funcionarios de Justicia que los esperaban a la entrada del Palacio de Justicia.

Tampoco realizaron ningún tipo de declaración a los diversos medios de comunicación que permanecían en el mismo lugar que los manifestantes.

Los dos investigados permanecieron durante casi dos horas en el Juzgado, período en el que se sometieron a esta prueba caligráfica y a continuación se acogieron a su derecho a no contestar cuando la magistrada pretendió ampliar su comparecencia inicial, en la que sí respondieron a las preguntas de todas las partes.

Todavía falta por concretarse qué abogado que se personará en representación de las acusaciones populares que han solicitado participar en el procedimiento: PSOE, PP, Vox, Fuerza Canaria, Asociación Unificada de Guardias Civiles y la asociación de consumidores Aguaiuris. La juez encargada del caso aceptó a las seis, pero a condición de que compartan un mismo letrado.

Por el momento, solo se ha hecho público que el PSOE ha propuesto a la abogada Sandra Rodríguez.

Estaba previsto que esta semana comparecieran ocho personas pero finalmente lo han hecho cuatro; las dos empresarias de un negocio de drones (ayer miércoles) y los excargos públicos que lo hicieron este jueves.

Las primeras declararon que se sentían estafadas tras haber pagado 47.000 euros con la promesa de que se les facilitaría la ubicación de una sucursal en las islas, cuando en realidad vieron cómo no ganaban ninguno de los concursos que se convocaban, pese a las promesas y garantías que les hicieron.