En el Boletín Oficial de la provincia de Las Palmas del 3 de septiembre se publicó la resolución del Gobierno de Canarias que concede la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública a las instalaciones eléctricas de alta tensión (de 132 kv) entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal. Esa autorización implica, entre otras cosas, la instalación de más de un centenar de torretas entre ambas localidades, algunas de las cuales sobrepasan los 35 metros de altura.

Este proyecto, aprobado ahora con urgencia y abusando, una vez más, de la figura de utilidad pública, viene de lejos. El último intento fue en 2012. Entonces hubo respuesta ciudadana: se hicieron charlas informativas, se realizaron varias reuniones vecinales multitudinarias, se recogieron miles de firmas que fueron entregadas en el Cabildo, se mantuvieron reuniones con representantes institucionales y se presentaron cientos de alegaciones al proyecto. Sirva como ejemplo que la Asociación Vecinal de Tiscamanita El Tabaibe acompañó las alegaciones con más de 500 firmas.

El proyecto había sido aprobado, hay que recordar, por el Gobierno de Canarias formado por Coalición Canaria y el PSOE. Al frente de la Consejería de Industria que impulsó el proyecto estaba la socialista Francisca Luengo.

Ante la respuesta ciudadana y tras instalarse las torretas entre Corralejo y Puerto del Rosario (con el impacto en el paisaje tan significativo que podemos contemplar en ese trayecto), las instituciones majoreras y algunos partidos parecieron reaccionar. Hubo acuerdo plenario unánime en el Cabildo oponiéndose a esta barbaridad injustificable y varios ayuntamientos (Puerto del Rosario, Antigua y Tuineje) tomaron resoluciones en igual sentido. Por una vez parecía que ciudadanía e instituciones coincidían, lográndose la paralización, al menos provisional, del nuevo tramo de la innecesaria línea de alta tensión.

Ahora, ni más ni menos que los partidos del Pacto de las Flores, los que llegaron al poder nutriéndose de votos esperanzados en que las cosas cambiaran en la política canaria, han aprobado de interés general el destrozo de nuestra isla.

Al servicio de REE

Red Eléctrica Española (en adelante REE) es una multinacional. También es una empresa singular y extraña, porque no es ni pública ni privada, al mismo tiempo que es privada y pública. Como empresa privada tiene accionistas y cotiza en bolsa, pero como empresa pública tiene el monopolio español para el transporte de energía. El Estado tiene una participación del 20 por ciento (a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y su presidente y consejeros son elegidos en virtud de su militancia política. La actual presidenta es la exministra de Vivienda del PSOE, Beatriz Corredor, puesto por el que cobra la desproporcionada cifra de 464.000 euros al año.

Es REE uno de esos nichos donde acaban algunos de los que cruzan las puertas giratorias. Su extraña conformación, por tanto, la hace temible: busca los mayores beneficios para sus accionistas como empresa privada y tiene el amparo político y administrativo -a través de su régimen monopolístico y de su dirección militante- del Estado. Solo conociendo ese vínculo, a través del cual el Estado trabaja para la rentabilidad de la empresa privada, se puede entender las decisiones que toman las instituciones. En Gran Canaria le han regalado la concesión de la futura central de Chira-Soria (en vez de conformar un ente público canario e independiente) y en Fuerteventura le facilitan la instalación de una línea de alta tensión aérea sin explicar siquiera por qué y para qué.

Razones que no sabemos

La política energética de Canarias la dirigen las multinacionales, entre ellas REE. Las instituciones en este caso solo le facilitan el camino más corto, aunque sea el más destructivo. Bajo la coartada de intervenir contra el cambio climático se está obviando cualquier procedimiento de participación ciudadana y se está despreciando cualquier alternativa sostenible y pública para el sector energético en Canarias.

En 2012 REE justificaba la instalación de la nueva línea de alta tensión con una sola frase (de un expediente de más de 500 páginas): “como consecuencia del elevado crecimiento de la demanda”. Se trataba de un argumento falaz puesto que ni era urgente (no ha habido ni un solo apagón energético desde 2012) ni la demanda ha aumentado. Como ese argumento ya no cuela, de un tiempo a esta parte REE y sus ‘loritos’ institucionales lo justifican explicando que hay que crear un solo sistema eléctrico provincial, uniendo Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, porque ese sistema garantizará el suministro de electricidad. Es curioso, porque, con ese sistema, Fuerteventura pondrá su territorio y su paisaje, convirtiéndose en zona de paso de dos líneas de alta tensión, en un solar barato para instalar energías renovables privadas sin planificación y proporcionando energía eléctrica a las otras islas.

En un sistema provincial, la Isla se convierte en un solar barato sin planificación

Se trata, sin duda, de un maniobra de REE (y la compañías del sector) para mejorar su tasa de beneficios. Asumir su criterio, como lo está haciendo el Gobierno de Canarias, es anular para siempre las alternativas sostenibles. Desde hace ya varios años se ha demostrado que con tres o cuatro estaciones limpias de producción eléctrica cercanas a los principales núcleos poblacionales de Fuerteventura se garantizaría el suministro de un bien estratégico que, como tal, debería ser público, como la educación, la sanidad o la justicia.

Pero, si realmente se quiere abordar los previsibles efectos del cambio climático, hay que hacer lo que ninguna institución está dispuesta a hacer porque iría contra la lógica del propio sistema económico imperante: no solo hay que parar el crecimiento económico y tecnológico que está generando el cambio climático (ese incómodo suicidio planetario), también, y sobre todo, hay que decrecer.

Pero hablar de decrecimiento a las instituciones canarias es una pérdida de tiempo y lo mismo les crea un cortocircuito mental. Posiblemente incorporarán el concepto -que no el significado- a sus discursos, como han hecho con el desarrollo sostenible o, tiene gracia la cosa, la transición ecológica.

Muchos, a estas alturas de la película, ya hace tiempo que dejamos de creer en pajaritos preñados y en políticos críticos, independientes y dedicados al bien común. Pero no deja de ser triste que las decisiones actuales en ese sentido las esté tomando un Gobierno que, se presuponía, llegaba para cambiar el fondo y las formas. Pero tenemos más de lo mismo, políticos sumisos -entregados a las decisiones de una multinacional que nos siguen mintiendo y que ni tan siquiera nos han dado una mínima explicación de por qué más de cien torretas son de interés general.

La decisión de llenar nuestra isla con un nuevo tendido aéreo y con decenas de torretas no ha merecido respuesta de ninguna institución ni de ningún partido político. Partidos que, como PSOE, NC y Podemos, se mostraron contundentes cuando estaban en la oposición y que ahora permanecen callados, como erizos escondidos en la vergüenza de su caparazón institucional.