La Fiscalía solicita una condena de cuatro años y tres meses de prisión para el actual presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta (PSOE), dentro del conocido como caso Gesturpa.

El Ministerio Fiscal acusa a Acosta de los delitos de administración desleal e insolvencia punible en su gestión de la empresa pública Gestión Urbanística de Pájara (Gesturpa), entidad de la que fue administrador único.

En el escrito de acusación de la Fiscalía se resalta que Blas Acosta, en su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Pájara, llevó a cabo una serie de “conductas ilícitas” a pesar de que sabía que la empresa municipal “incurría en causa legal de disolución” y “se encontraba en una situación de inminente insolvencia”.

En concreto, destaca la Fiscalía, “formuló y propuso la aprobación de las cuentas anuales” de la empresa, propiedad al cien por cien del Ayuntamiento de Pájara, “aun sabiendo que las mismas contenían constantes y graves irregularidades contables”.

Esas irregularidades abarcaban, según el escrito de acusación, la “valoración de existencias, reservas, impuestos diferidos” y la “contabilización de deudas y gastos”. El Ministerio Fiscal subraya que esas deficiencias impedían “sistemáticamente” que las cuentas “reflejasen la imagen fiel” de la empresa pública.

El fiscal Tomás Fernández de Páiz, especializado en delitos económicos, detalla que el 27 de marzo de 2012, la empresa administrada por Blas Acosta concertó un préstamos con el Ayuntamiento de Pájara por más de 1,7 millones de euros, “con conocimiento de que nunca la entidad podría devolverlo dada su evidente falta de viabilidad económica”.

Ese préstamo, agrega el fiscal, se concedió para el pago de deudas “que no figuraban en la contabilidad” de Gesturpa, una empresa municipal que se concibió originalmente para la construcción de viviendas de promoción pública en el municipio de Pájara.

“Grave perjuicio irreparable”

Otro de los presuntos hechos delictivos que la Fiscalía atribuye a Acosta consiste en el abono en el año 2012 de 897.270 euros a una empresa, Mahlec Mantenimientos, “por cuenta de un tercero” al que “luego nunca le reclamó el pago”. También resalta que la factura se había generado seis años y que no estaba “contabilizada” por parte de la empresa pública del Ayuntamiento de Pájara.

Según recalca la Fiscalía, Acosta “nunca propuso a la Junta General [de Gesturpa] el pertinente acuerdo de disolución de la sociedad a pesar de que los fondos propios de la entidad, consecuencia de su gestión y especialmente de los actos relatados anteriormente, disminuyeron progresiva e inexorablemente”.

Así, la empresa pública pasó de contar con 241.181 euros de fondos propios en el año 2011, una cantidad que ya era inferior al 15 por ciento del capital social, a arrastrar casi dos millones de euros en negativo cuando Acosta cesó en el cargo, en julio de 2015.

Esta situación, subraya el fiscal de delitos económicos, provocó “un evidente y grave perjuicio irreparable” tanto al socio, que era el Ayuntamiento de Pájara, como a los acreedores de la empresa pública.

La Fiscalía identifica dos presuntos delitos, atribuidos a Blas Acosta: uno de administración desleal, por el que pide una pena de un año y nueve meses de prisión, y otro de insolvencia punible, por el que solicita una condena de dos años y seis meses de cárcel.

Entre los dos delitos, el Ministerio Fiscal reclama una pena de cuatro años y tres meses de prisión para Acosta, el único acusado en el procedimiento judicial, así como la inhabilitación especial para cargo público durante el mismo periodo de tiempo.

Multa e indemnización

Además, por el delito de insolvencia punible, la Fiscalía pide que Acosta sea condenado a una multa de 48.000 euros en concepto de responsabilidad personal subsidiaria.

No obstante, el montante económico global solicitado sería mayor en caso de condena, toda vez que la Fiscalía pide que el que fuera concejal de Urbanismo de Pájara indemnice al Ayuntamiento “en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los perjuicios económicos causados” por la gestión de Gesturpa.

Apertura de juicio

El pasado mes de septiembre trascendió que el Juzgado de Instrucción había finalizado la instrucción del caso Gesturpa, que se inició con una denuncia en Fiscalía de Margarita Martín, exconcejal en Tuineje que concurrió en listas electorales con el PSOE.

La defensa de Blas Acosta impugnó el auto del Juzgado que estableció la culminación de las diligencias previas, que se iniciaron en 2015, y el pase de la causa a la fase de procedimiento abreviado. Su recurso está pendiente de resolverse, según indicaron las fuentes consultadas.

En cualquier caso, la Fiscalía ya ha presentado su escrito de acusación provisional contra el actual presidente del Cabildo de Fuerteventura y ha solicitado la apertura del juicio oral contra Acosta.