No será sencilla la mejora del regadío en la tradicional zona agrícola del municipio de Tuineje. El Ministerio para la Transición Ecológica aprecia “efectos adversos significativos sobre el medio ambiente” en la ampliación de la planta desaladora de Gran Tarajal para suministrar agua para 180 hectáreas.

El proyecto, promovido por la Consejería regional de Agricultura, supondría dotar a la desaladora de la capacidad de tratar unos 4.000 metros cúbicos de agua al día, más del doble que su actual producción. Además, se instalaría un aerogenerador asociado a la planta desaladora, de dos megavatios, para que se suministrase de energía renovable. También se construiría una estación de bombeo y una tubería de impulsión hacia las balsas de riego.

La situación en la que se encuentran las áreas de cultivo en Tuineje es compleja. En el diagnóstico de la Consejería de Agricultura se destaca que, “en la actualidad, no existe una red de riego propiamente dicha en la zona”. El agua destinada al cultivo agrícola proviene de pozos privados o de agua de mar desalada a través de la red pública de abastecimiento urbano, que está al límite. También se utiliza líquido de la escorrentía almacenada en charcas o presas o agua regenerada.

“Los pozos tradicionales se han secado en su mayoría”, por lo que se ha “profundizado más en el subsuelo, de forma que el agua que se extrae actualmente es agua desalada que tiene que procesarse en pequeñas desaladoras, muchas de ellas privadas, para obtener agua de riesgo”. La salmuera de estas desaladoras se vierte en “redes de rechazo comunitarias”, con el consiguiente problema derivado.

El proyecto pasa por duplicar la desaladora hasta los 4.000 metros cúbicos al día pero el ministerio considera que la salmuera elevaría la salinidad del mar e incrementaría su temperatura

La intención de la Consejería de Agricultura es ampliar la desaladora de Gran Tarajal porque en esa zona de la Isla hay una importante cantidad de suelo que se puede cultivar, dividido en áreas de riego: la de Mazacote (603 hectáreas) y la de la balsa de Tesejerague (550 hectáreas).

“De las potenciales 1.154 hectáreas de regadío cultivables, en la actualidad están cultivadas únicamente 127,2” y con acceso a riego unas 13 hectáreas menos. “El incremento de agua disponible procedente de la ampliación de la desaladora permitiría volver a poner en regadío 66 nuevas hectáreas”, hasta unas 180 que podrían regarse a partir del agua procedente de la desaladora de Gran Tarajal. “Con ello se sustituiría tanto a las extracciones de los pozos como el agua agrícola servida a través de la red de abasto”.

Tortuosa tramitación

En febrero del año pasado, la Consejería de Agricultura presentó la documentación para el procedimiento de evaluación ambiental, con la solicitud de que se llevase a cabo de forma “simplificada”, lo que implicaría acortar los plazos para que el proyecto se haga realidad. Sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica considera que existen posibles impactos que obligan a una evaluación ambiental “ordinaria”, lo que retrasará la ejecución.

En concreto, señala que la desaladora de Gran Tarajal vierte salmuera “directamente” en la Zona de Especial Conservación denominada Playa de Sotavento de Jandía, que fue declarada para la “conservación” del delfín mular, de la tortuga boba, de los bancos de arena en aguas poco profundas y de la seba.

La ampliación de la planta conllevaría aumentar el vertido de salmuera hasta los 5.570 metros cúbicos al día. “Este incremento puede dificultar la dilución de la salmuera”, aumentando a su vez “la salinidad en la zona”, la “temperatura del agua” y la “concentración de oxígeno”, con “efectos sobre el fondo, calidad de las aguas marinas, comunidades de algas y fauna”, señala el ministerio.

Además, Transición Ecológica destaca que el incremento de la salinidad puede “producir un impacto importante” en la seba y “especies protegidas” como el sargazo común, el mujo amarillo y la estrella canaria, por lo que exige que se efectúe un estudio específico con carácter previo a la posible autorización.

Para el ministerio, “no resulta admisible esperar” a que se ponga en marcha la nueva desaladora para comprobar los efectos, que presume “significativos”, y exige “estudiar con mayor profundidad los potenciales efectos” de los vertidos de la salmuera, así como “establecer medidas preventivas correctoras” o “compensatorias”.