El Partido Popular en Fuerteventura denuncia que las personas dependientes en la isla siguen sin contar con un trabajador de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud que se encargue de realizar las evaluaciones e informes correspondientes para determinar el grado de dependencia de cada uno de ellos.

El PP majorero recuerda que la Dirección General de Dependencia y Discapacidad informó hace dos semanas que a partir de este jueves comenzaría a trabajar sobre los expedientes majoreros un evaluador procedente de las oficinas de Lanzarote. Sin embargo, “la realidad es que todavía no se ha incorporado nadie ni sabemos cuándo lo hará”, asegura el diputado del PP por la isla de Fuerteventura, Fernando Enseñat.

No se trata de la primera vez que se aplaza esta incorporación, ya que con anterioridad se había informado de que el servicio se retomaría a principios de octubre pasado. “Ha pasado un mes y todavía no sabemos cuándo serán atendidas las personas dependientes de la isla”, señala Enseñat. “Mientras tanto, familias como la de Lucas Vargas, quien evidentemente presenta unaltogrado de dependencia pero que, no obstante, lleva esperando más de un año por el informe que tiene que emitir el Gobierno de Canarias para que pueda disfrutar de una calidad de vidad digna, siguen sin respuesta clara ni atención por parte de la Consejería”.

Durante el último pleno ordinario celebrado en el Cabildo de Fuerteventura, en el que se aprobó una moción del PP por la que se exigía al Gobierno de Canarias que de forma urgente cubriese las bajas laborales de las trabajadoras encargadas de evaluar y emitir los informes relativos a la situación de dependencia de los solicitantes en Fuerteventura, se dio a conocer un dato alarmante: en Fuerteventura son más de 100 las personas dependientes que siguen esperando por la evaluación y/o el informe. “Fuerteventura no está en la agenda de quienes gobiernan en Canarias, eso está claro”, asegura por su parte la consejera popular, María Saavedra, “porque de otra manera no se entiende que les estén quitando el derecho que les corresponde a las personas dependientes de esta isla. No hay justificación para la situación que les están haciendo vivir”.