Una auditoría encargada por el Ayuntamiento de La Oliva, bajo el mandato del alcalde Isaí Blanco (CC) revela múltiples irregularidades en el desarrollo de la urbanización Corralejo Playa, una de las principales de la Isla, con más de 1,7 millones de metros cuadrados de superficie y con numerosos propietarios afectados.

El Ayuntamiento ha estado vinculado de forma directa con buena parte de los problemas: en junio de 1995 constituye una empresa con la principal promotora de la zona, Cahispa, para completar las obras de urbanización. Hasta aquel momento se habían invertido 7,7 millones de euros, pero quedaban por ejecutar, para completar las obras, unos 16,4 millones.

La fórmula para financiar los trabajos era la siguiente: se identificaba a todos los titulares de parcelas; se hacía un cálculo de los costes de urbanización; se efectuaba un reparto entre los propietarios y la empresa Urbanizadora Corralejo Playa, de la que el Ayuntamiento tenía el 55 por ciento y cuyo presidente era el entonces alcalde, Domingo González Arroyo, giraba unas cuotas y, a su vez, pagaba a la constructora.

El Ayuntamiento era el socio mayoritario de Urbanizadora Corralejo Playa, pero la “opacidad” era total. Según destacan fuentes municipales, la búsqueda del socio privado se hizo ‘a dedo’ y los intereses de los pequeños propietarios se vieron “muy perjudicados”, al ser considerados “obligados urbanísticos” cuando la ley les eximía de esa obligación.

Además, la actividad de la empresa siempre escapó del control del pleno de La Oliva y de los departamentos de secretaría e intervención del Ayuntamiento. De esta manera, los números de la compañía nunca fueron analizados por la Audiencia de Cuentas.

Con la ejecución de las obras comenzaron los problemas. Muchos propietarios se mostraron disconformes con la cuantías de las cuotas para sufragar los trabajos de urbanización y acudieron a la Justicia. Entre 1999 y 2008 se resolvieron más de 300 sentencias.

Las resoluciones judiciales concluyeron que la empresa Urbanizadora Corralejo Playa carecía de competencias para exigir el pago de las cuotas y, también, que ni hubo un presupuesto detallado de las obras, ni se le dio información a los dueños de las parcelas a los que luego se pretendía cobrar.

Los inconvenientes no pararon ahí. La empresa que ejecutó las obras, Dragados, reclamó en los tribunales, que le dieron la razón: la deuda a su favor ascendía a casi cinco millones de euros más los intereses.

Los tribunales ordenaron algo más: que el Ayuntamiento de La Oliva tenía que girar las cuotas urbanísticas entre los propietarios de la zona para saldar la deuda. Bajo el mandato del anterior alcalde, Pedro Amador, que antes fue gerente de la empresa, se elaboró un reparto de las obligaciones económicas que tendría cada propietario y, en junio pasado, se pasaron las correspondientes liquidaciones.

La respuesta ha llegado en forma de batería de impugnaciones judiciales: este pasado mes de enero, La Oliva comunicó siete pleitos de empresas con inmuebles en Corralejo Playa. Las fuentes municipales consultadas indican que el análisis que se ha hecho de ese último padrón de propietarios, en el que se detallaba cada parcela y lo que le correspondería pagar, estableciendo diferentes valores al uso comercial, hotelero o residencial, apunta en la línea de que no era equitativo.

Al contrario, añaden las fuentes consultadas, se beneficiaría a unos propietarios, especialmente a los titulares de solares con actividad hotelera, frente a los pequeños propietarios de viviendas residenciales, que saldrían perjudicados. La cifra estimada del perjuicio superaría el millón de euros.

Investigación en profundidad

El alcalde de La Oliva señaló en el último pleno que la auditoría que había encargado sobre Urbanizadora Corralejo Playa ya está concluida y sugirió que, una vez que se presente “oficialmente”, se adoptarán las “medidas oportunas”.

Para elaborar la auditoría se tuvo que reconstruir prácticamente la contabilidad de la compañía. Hubo dos bancos que se negaron a colaborar en la investigación. En otra entidad, que sí facilitó información, se registraron casi 8.900 movimientos en la cuenta de la empresa participada por el Ayuntamiento entre diciembre de 1995 y noviembre de 2010.

Otro escollo que se ha encontrado el Ayuntamiento para aclarar lo que ocurrió en Corralejo Playa, según explican fuentes municipales, es que “se desconoce que existan” las certificaciones de la constructora por la “ejecución de las obras”.

Ni el Ayuntamiento ni la empresa auditora, insisten las citadas fuentes, “han tenido acceso a la contabilidad de la mercantil”, por lo que no se sabe “a ciencia cierta”, cuántos recibos pagó cada propietario.

En el Consistorio también tienen claro que “gran parte” de los pagos se hicieron “en efectivo” y aseguran que no han tenido acceso a los libros de la empresa para efectuar el correspondiente contraste.

También hay propietarios, que pleitearon contra el pago de las cuotas y ganaron en los tribunales, que nunca las llegaron a abonar en su totalidad, mientras que otros aseguran que sí pagaron y que ahora se les reclama por algo que ya asumieron en su momento.