La empresa DISA entregó fuera de plazo documentación requerida por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a pesar de la advertencia del Consistorio de que el incumplimiento de los trámites derivaría en un archivo del expediente, que finalmente no se produjo.

Así, el 2 de octubre de 2015, el concejal de Urbanismo de Puerto del Rosario, Roberto Padilla, traslada a DISA que “para continuar con el expediente” deberá presentar la autorización de la Autoridad Portuaria por la afección del proyecto de las tuberías en la zona del muelle y autorización administrativa de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias.

En aquel momento, el concejal de Urbanismo advierte a DISA que “de mantenerse la paralización de este expediente durante tres meses”, de acuerdo con la normativa “se producirá la caducidad del mismo con el archivo de las actuaciones sin más trámite”.

Sin embargo, DISA no contesta hasta el 25 de abril de 2016, cuando confirma que todavía no había recibido “autorización por parte de Industria”, aunque la demora se la atribuye a que el Ayuntamiento no ha contestado al departamento del Gobierno de Canarias una petición de informe sobre el proyecto formulada en marzo del año anterior.

En cualquier caso, el registro de la autorización de Industria del Gobierno de Canarias no se produce hasta el primer día de julio de 2016, nueve meses después del requerimiento del Ayuntamiento, que había avisado de que si en tres meses no avanzaba el expediente quedaría archivado. La licencia del Ayuntamiento a DISA para la colocación de las tuberías de transporte de combustible se efectuó el 2 de agosto de 2016, por la Junta de Gobierno municipal.

Sin autorización para la vía pública

El pasado mes de diciembre, los técnicos del Ayuntamiento visitan las obras, que ya habían arrancado, y se advierte, por parte de la Concejalía de Patrimonio, Contratación y Medio Ambiente, de que no ha sido otorgada la autorización necesaria para la ocupación de la vía pública.

En la propia licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento en agosto de 2016 se deja claro, junto al detalle del presupuesto, que asciende a algo más de dos millones de euros, que “para la ocupación de la vía pública deberá solicitar y obtener la oportuna autorización”.

Urbanismo le da entonces a DISA un plazo de diez días para alegar y, en caso contrario, “se procederá a la paralización de las obras en curso de ejecución”. La resolución del edil Roberto Padilla está fechada el pasado 28 de diciembre, aunque no sale del Ayuntamiento hasta el 2 de enero de este año.

Esa resolución de la Concejalía de Urbanismo es el último documento del expediente del proyecto de instalación de tuberías, que afecta a diferentes calles de la capital majorera y que ha provocado el rechazo vecinal, con una concentración de unas 200 personas el pasado sábado, y político, al posicionarse todos los partidos en contra, incluidos CC y PSOE, que forman el grupo de gobierno municipal.