El Gobierno central apunta a Puertos Canarios, el ente público de la comunidad autónoma encargado de velar por los muelles de interés regional, en la catástrofe medioambiental ocurrida en Gran Tarajal el pasado mes de febrero, en la que se vertieron a las aguas de 227.894 litros de gasóleo, fuel y aceites, entre otros contaminantes.

En una reciente respuesta oficial en el Congreso, explica que se negó la solicitud de fondeo de las gabarras con el temporal Emma “ya en marcha” y con la previsión de “la llegada de mal tiempo”.

El Gobierno destaca que las embarcaciones amarradas en el muelle de Gran Tarajal, que conformaban la denominada ‘flota coreana’, habían sido “abandonadas por sus tripulaciones”.

Ese fue el “motivo por el cual no se pudieron adoptar aquellas medidas imprescindibles para su seguridad”, explica el Ejecutivo central en respuesta a una petición de la diputada de Unidos Podemos por la provincia de Las Palmas, Meri Pita.

Puertos Canarios aceptó el atraque de seis pontonas, tres remolcadores y un barco de apoyo, propiedad del armador coreano K-Marine, que iban a permanecer en el muelle de Gran Tarajal entre el 26 de diciembre de 2017 y todo el año 2018, “a la espera del inicio de una obra portuaria en la costa occidental africana”. A cambio, el ente dependiente del Gobierno de Canarias percibiría apenas 134.580 euros.

El jefe de Explotación de Puertos Canarios informó que el armador debería “tomar las medidas” oportunas “ante temporales” del sur, pero lo cierto es que solo había dos marineros para una decena de embarcaciones, a pesar de que el reglamento que regula la gestión de los puertos de la comunidad autónoma deja claro que las embarcaciones comerciales tendrán que tener “en todo momento” la “dotación y medios suficientes para efectuar desatraques de emergencia, muy especialmente los que transporten mercancías peligrosas”.

Si se hubiese vigilado la obligación de contar con la tripulación adecuada, se podría haber cambiado la ‘flota coreana’ de gabarras a “otro atraque o puerto” que ofreciese “abrigo seguro”

En su respuesta oficial, el Gobierno español indica que “el fondeo en las inmediaciones del puerto de Gran Tarajal, con los buques y artefactos flotantes sin propulsión y sin tripulación a bordo, indefensos ante los embates del temporal, habría tenido como consecuencia su dispersión a la deriva, con gran peligro para la navegación marítima, y su embarrancamiento o varada en la costa de Fuerteventura”.

De esta manera, si Puertos Canarios hubiese vigilado el cumplimiento de la obligación de contar con una tripulación adecuada, habría sido posible, como expone el Gobierno central, adoptar “medidas razonables como el reforzado de amarras, el cambio a otro atraque o puerto” que ofreciese “abrigo seguro” o, incluso, “la salida al mar con los buques debidamente tripulados y propulsados, para capear el temporal”.