El Gobierno de Canarias publicó el pasado mes de diciembre un decreto de revisión parcial del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF), aprobado en 2001, que se ciñe únicamente a la delimitación del Monumento Natural Montaña Cardón.

Según ha denunciado Votemos Fuerteventura, lo que se pretende es desproteger parte del espacio natural, ubicado en el municipio de Pájara, en una zona donde se encuentran una granja y chalés, construidos en el interior del citado espacio natural.

Votemos, que se ha personado en el expediente de revisión del Plan Insular, señala que la solicitud de modificación del planeamiento la hace Tomás Cabrera al Cabildo de Fuerteventura, que la traslada al Gobierno, que a su vez inicia la revisión. El solicitante es hijo del ex consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura entre 2002 y 2007, Lázaro Cabrera (CC). Según Votemos, la granja caprina fue construida por el propio Lázaro Cabrera.

Por la concesión de las licencias de los chalés, en el mismo espacio natural, fueron condenados por prevaricación dos concejales de Pájara y el ex alcalde Ignacio Perdomo. Las licencias están anuladas. Votemos denuncia que esta revisión del PIOF "pretende deslegitimar la sentencia penal que inhabilitó a los condenados por permitir edificar dentro de un espacio natural protegido".

El portavoz de Votemos, Álvaro de Astica, señala que “estamos ante un escándalo de ámbito regional” y que “es algo gravísimo”. “Hablamos del uso de las instituciones, Cabildo y Gobierno de Canarias, para proteger, justificar o encubrir comportamientos criminales y actos delictivos”, afirma.

Para el portavoz de Votemos, se trata de “un comportamiento propio de una sociedad en la que la corrupción se ha infiltrado en el mundo político de tal modo que los dirigentes ya ni siquiera disimulan en intentar ocultar el interés personal en hechos tan reprobables como el saqueo del territorio y sus espacios naturales emblemáticos”.

“La verdad es que tampoco debemos sorprendernos, en las últimas elecciones nos lo avisaron, que lucharían por lo suyo, y vemos que cumplen su palabra sin atisbo de vergüenza ninguno”, agrega Astica.

Según Votemos, en el año 2016 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 5 de Las Palmas de Gran Canaria ordenó a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural que incoara dos expedientes sancionadores por infracciones muy graves así como la incoación de expediente de restablecimiento de la realidad física alterada con cargo al infractor. Los expedientes sancionadores aún están sin incoar por la Agencia de Protección, según denuncian.