La interventora del Cabildo de Fuerteventura, María Dolores Miranda López, ha tenido que declarar como investigada en el Juzgado por el presunto amaño de subastas para la explotación de hamacas en las playas del municipio de La Oliva.

En total hay unos 80 investigados en la Isla en el denominado 'casa Hamacas', en el que se persiguen delitos de cohecho, tráfico de influencias, alteración de concursos públicos o estafa en la adjudicación de los servicios en las playas desde el año 2009.

Las declaraciones de los investigados por ponerse de acuerdo para supuestamente repartirse las adjudicaciones a bajo precio, con quebranto económico para las arcas del Ayuntamiento de La Oliva, comenzaron este pasado lunes y se extenderán hasta diciembre.

La interventora del Cabildo está investigada en la causa junto a su hermano, Felipe Miranda López, exconcejal del Ayuntamiento de La Oliva, y su sobrino, Dennis Miranda Wallace, que estaban citados para declarar en el Juzgado este martes. La Fiscalía ha destacado que la interventora participó de manera directa y a título particular en las subastas de las hamacas, a pesar de que "ostentaba un cargo incompatible con efectuar pujas en concursos públicos".

Un informe reciente del departamento de Recursos Humanos del Cabildo de Fuerteventura indica que María Dolores Miranda fue designada interventora en la relación de puestos de trabajo en abril de 2010, un cargo "sujeto a dedicación exclusiva", por lo que no podrá "obtener compatibilidad para una segunda actividad, pública o privada". El informe añade que ni siquiera hay constancia de que la hubiera "solicitado ni obtenido".

En ese sentido, el informe de Recursos Humanos del Cabildo, que está en poder de la Fiscalía desde el mes de julio, confirma la denuncia de la fiscal Azucena Oti y precisa que "el puesto de interventor es incompatible con intervenir efectuando pujas en procedimientos públicos de obtención de explotaciones de servicios públicos". A lo único que no alcanzaría el régimen de incompatibilidades, matiza el informe, es a las actividades "derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar".

Modus operandi

El modus operandi que ha detectado la Fiscalía es que se presentaban varias ofertas económicas al Ayuntamiento, pero las de mayor importe eran luego retiradas para que las subastas se las llevasen los licitadores con las propuestas económicas más bajas. Con esas "renuncias sucesivas" se ocasionó un "perjuicio económico a los fondos públicos y cuantiosos beneficios económicos para los adjudicatarios", destaca la fiscal.

El Ministerio Fiscal sostiene que la interventora participó en subastas con ofertas económicas elevadas y que luego renunció para que se las llevase su hermano a menor precio

El Ministerio Fiscal resalta en su denuncia que la interventora del Cabildo de Fuerteventura “efectuó pujas, con la sola intención de alterar el precio final, con el consiguiente perjuicio económico al erario público y beneficio económico para su hermano”. Así, la funcionaria participó en una subasta de la explotación de hamacas en el año 2012, en la que renunció a ser adjudicataria para que se llevara la puja su hermano, pese a ser "la de importe inferior".

Lo mismo sucedió, según la Fiscalía, en los años 2013 y 2014. De tal manera que, en 2013, la interventora del Cabildo pujó por dos sectores de playa con sendas ofertas de 28.512 y 37.415 euros, respectivamente, mientras que su hermano ofertaba apenas 9.000 euros. Al año siguiente, la funcionaria pujó por 38.525 y 49.528 euros por los mismos sectores, pero luego renunció, quedándose su hermano con la explotación por apenas 9.125 euros cada uno, según la denuncia de la Fiscalía.

El hermano de la interventora, Felipe Miranda, a la salida del Juzgado.

Escándalo en Fuerteventura

Las declaraciones del 'caso Hamacas' arrancaron este lunes en el Juzgado de primera instancia e instrucción de Puerto del Rosario. Se trata de uno de los principales casos de corrupción que se investigan en la actualidad en Fuerteventura y ha despertado gran expectación en la Isla. En la primera jornada declaró el denunciante, Álvaro de Astica, portavoz del partido Votemos Fuerteventura y concejal en la oposición en el Ayuntamiento de La Oliva.

La denuncia inicial del portavoz de Votemos Fuerteventura fue el origen de una investigación que detectó indicios de una alteración habitual en los concursos públicos. Astica denunció en la Fiscalía en abril del año pasado que un empresario, Gregorio Roberto Vega Gil, se había puesto en contacto "en varias ocasiones" para que "a cambio de una cantidad de dinero" lograse "influir en otros concejales" para que se llevase la explotación de hamacas en las playas.

El 27 de abril de 2016, el empresario telefoneó al concejal de Votemos Fuerteventura para concertar una cita en la que le entregó un sobre con 2.300 euros que según manifestó "provenían" de un socio suyo, Vicente Curbelo Cordero, pero el edil había avisado a las autoridades y "el dinero fue entregado" e "incautado". Ambos empresarios tuvieron que acudir el lunes para declarar como investigados en el Juzgado.