Según las ONG, en Canarias residen unas 70.000 personas en situación irregular. Nedra Khiat, de padre argelino y madre cubana, es una de ellas. Llegó a España en 1998 procedente de Cuba y, tras residir algunos años en la Península, viajó a Fuerteventura en busca de trabajo. A pesar de tener una hija española y un apoyo virtual del Reglamento de 2011 de la Ley de Extranjería, que contempla la figura del arraigo familiar para aquellos extranjeros con hijos menores de nacionalidad española, la Subdelegación del Gobierno se resiste desde 2013 a concederle el permiso de residencia.

En 1998 Nedra empezó a ver cómo la situación empeoraba en su país y el futuro se hacía cada vez más incierto. Finalmente, hizo las maletas, cogió a su hija de ocho años de la mano y viajó a España. No era la primera vez que esta mujer abandonaba La Habana.

En 1992 decidió viajar a Argelia para ver a su padre, pero el asesinato del presidente del país y fundador del Frente de Liberación Nacional, Mohammed Boudiaf, le hizo desistir de la idea y quedarse en Madrid unos días. Allí conoció a un hombre del que terminaría enamorándose y, cinco años después, casándose con él por poderes.

En 1998, ella y su hija decidieron empezar una nueva vida en España. A los diez meses de llegar viajó de nuevo tres semanas a Cuba. A su regreso a la Península, las cosas empezaron a torcerse. “La situación familiar en España no era buena y decidí volver a mi país junto a mi hija, pero al año y tres meses de estar allí me deportaron porque me habían dado la salida definitiva en 1998 por haberme traído a una menor”, explica. Su hija permaneció en Cuba hasta que en 2002 consiguió traerla de nuevo consigo.

Al regresar a España, Nedra volvió a probar suerte con el amor. Conoció a un chico en Madrid que, más tarde, la convirtió en madre por segunda vez en 2004. Pero las cosas de nuevo volvieron a complicarse y optó por empezar una nueva vida en Fuerteventura junto a sus dos hijas. En 2012 decidió regularizar su situación en España. En el Reglamento de 2011 de la reforma de la Ley de Extranjería de 2009, se contempla la figura de arraigo familiar. A ella se pueden acoger aquellos padres y madres en situación administrativa irregular con hijos menores de nacionalidad española.

Esta cubana pudo acreditar ser madre de una hija española que además era hija de español y obtuvo el permiso de residencia por un año. Cuando intentó renovarlo, en 2013, se encontró con un nuevo hándicap. La Ley exigía para la renovación seis meses como mínimo de cotización y un contrato u oferta laboral en el momento de la renovación.

En 2013 la estampa de España dibujaba millones de parados y colas interminables en las oficinas de empleo. Nedra era una de ellas. No había conseguido un contrato laboral en ese tiempo y se ganaba la vida con trabajos esporádicos de limpieza que apenas le daban para mantener el hogar familiar.

La técnica de Migraciones del Servicio de Atención, Asesoramiento e Información a la Población Migrante (SAAIM), María Greco, recuerda un informe remitido por el Defensor del Pueblo en 2011 al secretario de Estado de Inmigración y Emigración en el que se recogen “varias quejas recibidas en relación a la imposibilidad de renovación de las tarjetas obtenidas mediante el arraigo familiar y proponía que se emitieran instrucciones internas a las subdelegaciones del Gobierno con la finalidad de que los padres y madres de menores españoles nacionales no cayeran en una irregularidad sobrevenida atendiendo, única y exclusivamente, al interés superior del menor”.

Greco también insiste en que el Defensor del Pueblo recogía en el informe que, debido a la crisis económica, “muchos padres no pueden cotizar los seis meses o no tienen contrato laboral para poder renovar por lo que se les deniega y vuelven a caer en una irregularidad”.

“Mi hija ve la situación y me dice que si me van a deportar se va conmigo. En Cuba durante un mes de vacaciones todo el mundo es feliz, pero toda la vida no”

Nedra no oculta su indignación y comenta que “a ella nadie le explicó que tenía que cotizar al menos 180 días al año”. También asegura no entender cómo le dan la residencia por doce meses “por ser madre de una hija española. Mi hija va a serlo toda la vida y no sólo un año”. Tras cuatro años en situación irregular, Nedra se colmó de paciencia y empezó a buscar un sinfín de papeles con los que poder de nuevo solicitar el arraigo familiar. En julio de este año volvió a solicitarla, pero dos meses después la Subdelegación del Gobierno denegó la petición argumentando que “no se trata de una opción a la que sea posible acogerse continuadamente”. A continuación, advertía que podría ser tomado ese intento como de fraude de ley. La experta en migraciones asegura no entender la postura de la Subdelegación del Gobierno y recuerda que “esta señora va a seguir siendo madre siempre” y añade que “en ninguna parte del Reglamento de la Ley de Extranjería prohíbe expresamente volver a solicitarla”.

A partir de ahí, María y Nedra iniciaron una batalla cuyo primer paso fue presentar un recurso a la denegación de solicitud. El 3 de octubre obtuvieron respuesta. El recurso fue denegado razonando que “no se aporta en vía de recurso elemento ni documento alguno que hagan variar el criterio mantenido en la resolución y siguiendo instrucciones de los servicios centrales”. Greco recuerda que desde la Dirección General de Inmigración y Emigración, desde 2011, que es cuando el Defensor del Pueblo solicitó al secretario de Estado de Inmigración que emita instrucciones para solucionar este problema en concreto, no se ha realizado de modo alguno” y añade “y si se han emitido esas instrucciones, la Subdelegación del Gobierno de Las Palmas no las aplica”.

El siguiente paso ha sido la presentación de una queja dirigida al Defensor del Pueblo, que ya ha sido admitida, y en la que este órgano señala que se pondrá en contacto con las administraciones para verificar que es cierto y realizar una recomendación una vez tenga toda la información. La posibilidad de que esta cubana sea deportada resulta lejana, pero no imposible. La última palabra la tendrá un juez, pero “la amenaza de expulsión o de sanción económica están ahí”, recuerda Greco.

Nedra no tiene miedo a volver a Cuba y asegura que si tuviera que hacerlo sería junto a su hija. “Ella ve la situación y me dice que si me van a deportar se va conmigo y yo me la llevo”, pero “no quiero que a mi hija me la tenga que llevar a vivir en otro sitio que no es el de ella”. Antes de coger la guagua para volver a su lugar de residencia, el sur de la Isla, Nedra se despide sentenciando que “en Cuba durante un mes de vacaciones todo el mundo es feliz, pero toda la vida no. Si doy el paso de llevarme a mi hija, espero que no me lo reproche a mí, sino a su país”.