La Fiscalía destaca en su denuncia sobre el ‘caso Hamacas’, en el que se investigan presuntos de delito, tráfico de influencias, alteración de concursos públicos o estafa, que la interventora del Cabildo de Fuerteventura, Dolores Miranda, “ostentaba un cargo incompatible con efectuar pujas en concursos públicos”.

“No obstante lo cual”, añade la fiscal Azucena Oti, “efectuó pujas, con la sola intención de alterar el precio final, con el consiguiente perjuicio económico al erario público y beneficio económico para su hermano, Felipe Miranda López”.

El Ministerio Fiscal cita de forma expresa en su denuncia una subasta en el año 2012, en la que Dolores Miranda habría actuado “concertadamente” junto a otras personas y en la que renunció a ser adjudicatario, llevándose la puja Felipe Miranda pese a ser “la de importe inferior a las efectuadas.

Lo mismo sucedió, según la Fiscalía, en los años 2013 y 2014. Así, en 2013 Dolores Miranda pujó por dos sectores de playa 28.512 y 37.415 euros, respectivamente, mientras que su hermano ofertaba apenas 9.000 euros.

Al año siguiente, Dolores Miranda pujó por 38.525 y 49.528 euros por los mismos sectores, pero luego renunció, quedándoselos su hermano por apenas 9.125 euros cada uno, según la denuncia de la Fiscalía.

La fiscal ha solicitado en su denuncia, remitida al Decanato del Juzgado de Puerto del Rosario para la apertura de diligencias previas, que declare en calidad de investigada Dolores Miranda López, al igual que decenas de personas y representantes de empresas implicadas en los concursos públicos del Ayuntamiento de La Oliva supuestamente alterados.