El Ayuntamiento de La Oliva, al igual que Votemos, ha solicitado al Juzgado de Instrucción que reabra el caso de la importante facturación efectuada por un abogado externo en cuatro años. En su recurso contra el archivo provisional de la causa, el Ayuntamiento, personado como acusación particular, también solicita la “toma de declaración en calidad de investigadas de las alcaldesas que intervinieron en la contratación” del letrado Juan Manuel Gutiérrez.

En el sumario instruido por el Juzgado de Instrucción número 3 de Puerto del Rosario consta una relación de facturas presentadas entre marzo de 2011 y octubre de 2015 por Gutiérrez, quien a su vez es secretario accidental del Ayuntamiento capitalino, y que suman 500.000 euros. Por su importe bruto destacan una, del 15 de marzo de 2011, por 62.800 euros, otra de agosto de 2014 de 62.166 euros, y una tercera, de febrero de 2015, de 268.457 euros. El denunciante del caso, Álvaro de Astica, asegura que la facturación del letrado asciende a 900.000 euros.

Entre julio de 2008 y junio de 2011 la alcaldesa de La Oliva fue Rosa Fernández (PSOE), que en la actualidad es segunda teniente de alcalde y concejal de Bienestar Social y Turismo. Desde junio de 2011 hasta las elecciones de 2015 la alcaldesa fue Claudina Morales (CC), nombrada en enero pasado directora del Instituto Canario de Igualdad.

La representación del Ayuntamiento de La Oliva también ha solicitado la declaración como investigado del citado abogado, así como de una trabajadora municipal, Rita Darias, que ocupó el cargo de interventora municipal hasta hace menos de dos años.  La declaración de esta trabajadora, como testigo, es la única que se efectuó en el procedimiento antes de que el Juzgado acordase el archivo provisional.

Tanto Votemos, que presentó la denuncia, como el Ayuntamiento de La Oliva, que se adhiere "íntegramente" a su recurso, han impugnado el archivo de la causa

El pasado 5 de abril, la juez Noemí González, dictó un auto en el que señala, tras escuchar a la interventora durante los años investigados, que el “nombramiento mediante decreto de alcaldía” era “el procedimiento habitual” para contratar abogados. Solo consta un proceso de contratación a través de un procedimiento negociado sin publicidad, en el que se invita a varias empresas o profesionales a que presenten sus ofertas.

En su resolución, la juez considera “justificados los pagos” registrados “en la contabilidad del Ayuntamiento de La Oliva, así como el proceso de contratación”. En ese sentido, no aprecia la comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Tanto Votemos como el Ayuntamiento de La Oliva han recurrido el archivo de la causa.

“Flagrante vulneración de la Ley de Contratos”

Para la representación legal del Ayuntamiento de La Oliva, la instrucción efectuada por el Juzgado “se ha limitado” a obtener “ciertos documentos” del Consistorio y a la declaración como testigo de la entonces interventora municipal.

“De la documentación aportada solamente resulta el conocimiento de la existencia de decretos e nombramiento y de la existencia de las minutas que le fueron abonadas” al abogado, pero “lo que no consta acreditado es si los trabajos abonados fueron realmente realizados”, añade el Ayuntamiento. “Tampoco se ha hecho averiguación alguna acerca del procedimiento de contratación del letrado en cuestión”, recalca.

En contra de lo que da por sentado el Juzgado, para el Ayuntamiento de La Oliva “lo cierto es que el letrado ha sido designado por decreto con flagrante vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público”. El Consistorio señala que la propia interventora municipal, “dada su función, debe conocer cuál es el límite de los pagos que puede aprobar y los requisitos que han de reunir los nombramientos, resultando posible una actuación delictiva en su proceder”.

Por ello, la representación del Ayuntamiento de La Oliva también pide la toma de declaración como investigada de la interventora municipal, así como que se aporten las sentencias de los procedimientos en los que se contrató al letrado externo.

Investigación por prevaricación y malversación

En su recurso, el Ayuntamiento de La Oliva señala que se adhiere “íntegramente” a la representación de Votemos, cuyo portavoz Álvaro de Astica presentó la denuncia en abril del año pasado. La Fiscalía solicitó en noviembre la declaración del procedimiento como causa compleja.

“Para hablar de delitos como prevaricación y malversación”, explica la representación del Ayuntamiento de La Oliva, “se hace preciso llegar a los funcionarios de la administración que, teniendo facultad de disposición sobre los mismos, han podido hacer un mal uso de los fondos públicos y, en consecuencia, adquirir la condición de autores del delito”.

“Obviamente”, añade, “esta circunstancia no puede recaer en un abogado externo al Ayuntamiento, pues no actúa como tal funcionario público, ni tiene acceso a los fondos del Ayuntamiento”. “Sin embargo”, recalca, “dada la ocupación habitual de tal letrado, en tanto secretario accidental del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y técnico de la Administración General, tiene perfecto conocimiento de los procedimientos de contratación, pudiendo haber actuado como cooperador necesario en la comisión del delito”.