La Fiscalía ha solicitado cuatro años de prisión para el ex alcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, líder del Partido Progresista Majorero (PPMajo) por ejercer como primer edil del Consistorio estando inhabilitado para cargo público durante nueve años por una condena de prevaricación.

Del escrito de acusación, en el que se solicita la apertura de juicio oral contra el conocido ‘Marqués de las dunas’, ya se ha dado traslado al Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife, con sede en Puerto del Rosario, según desveló este viernes el partido Votemos, que presentó la denuncia.

González Arroyo fue condenado por prevaricación e inhabilitado nueve años en relación a la explotación ilegal de una cantera en la zona del Lomo del Pájaro, que causó un “importante perjuicio” al paisaje protegido de la Isla. La inhabilitación le impedía desempeñar el cargo de alcalde, teniente de alcalde, concejal “o cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implique una participación en el gobierno municipal”.

La sentencia que inhabilitó a González Arroyo se dictó el 24 de junio de 2015 y, tal y como destaca la fiscal Inés Amparo Rodríguez en su escrito de acusación, el ‘Marqués’ tenía “perfecto conocimiento” de que generaba una “incompatibilidad sobrevenida para el desempeño de las funciones de alcalde y concejal”.

La fiscal destaca que la Ley orgánica de Régimen Electoral General establece como causa de incompatibilidad la condena por sentencia, “aunque no sea firme”, por delitos contra la Administración pública, como es el caso de la prevaricación, cuando la pena establece la inhabilitación para empleo o cargo público.

En vez de “proceder de manera inmediata a poner en conocimiento del pleno del Ayuntamiento” que incurría en causa de incompatibilidad para seguir en el cargo, esperó hasta el 10 de noviembre para convocar la sesión plenaria. Eso sí, “a instancia de la oposición”. El pleno en el que se dio cuenta de la sentencia de inhabilitación se produjo el 24 de noviembre.

Ejerció de alcalde estando inhabilitado

Domingo González Arroyo no abandonó entonces el Ayuntamiento de La Oliva. A pesar de que el alcalde en funciones era ya Pedro Amador, de que la credencial de su sustituto en la Corporación municipal entró el 4 de diciembre y de que “no ostentaba ya el cargo de alcalde del Ayuntamiento”, siguió ejerciendo “actos propios de su anterior condición” de primer edil, con “conocimiento de la ilegalidad de su conducta”.

Así, entre el 2 y el 17 de diciembre, cuando se produce la comunicación de la Junta Electoral obligándole a dejar el Ayuntamiento, González Arroyo dictó y firmó “como alcalde” múltiples decretos: desde la puesta a disposición de terrenos para la nueva carretera entre Corralejo y Caldereta, a un reportaje fotográfico de ropa con modelos, pasando por una docena de resoluciones de materia urbanística y catastral.

González Arroyo llegó incluso a personarse en el Ayuntamiento de La Oliva el 22 de diciembre y a firmar varios decretos, delegando competencias entre los concejales que le eran afines y pretendiendo revocar la designación de Pedro Amador como primer teniente de alcalde y miembro de la Junta de Gobierno, aunque legalmente era Amador el alcalde en funciones.

“Ordenó cambiar las cerraduras”

Para “impedir” a Pedro Amador el “adecuado desempeño de las funciones propias de alcalde” que le “correspondían”, Domingo González Arroyo “ordenó cambiar las cerraduras del Ayuntamiento”, evitando que pudiera llevarse a cabo un pleno previsto para el 26 de diciembre en el que figuraba en el orden del día la toma de posesión como concejal de Rafael Benítez, en sustitución del líder del PPMajo, y la elección del nuevo alcalde de la Corporación.

Además, Domingo González Arroyo firmó la convocatoria para “un pleno extraordinario y urgente para el día 28 de diciembre”, arrogándose “funciones y competencias de las que carecía”, recalca la Fiscalía, que subraya que “continuó ejerciendo actos propios de la condición de alcalde del Ayuntamiento de La Oliva hasta el día 30 de diciembre de 2015, fecha en la que fue desalojado del mismo por agentes de la Policía Local de Antigua”.

Usurpación de funciones o prevaricación

La Fiscalía acusa a González Arroyo de un delito de usurpación de funciones públicas, por el que solicita tres años de prisión, y de otro delito de coacciones, por el que pide un año de cárcel.

En caso de que no se considere que proceda condenar a González Arroyo por usurpación de funciones, el Ministerio Fiscal plantea “subsidiariamente” que se le condene por prevaricación, con inhabilitación para empleo o cargo público durante 12 años, manteniendo la petición de un año de cárcel por coacciones.

El “circo” en el Ayuntamiento

El portavoz de Podemos, Álvaro de Astica, recordó este viernes el “circo” que se montó en el Ayuntamiento entre el 24 de noviembre de 2015, cuando se toma conocimiento de la sentencia de inhabilitación en un pleno extraordinario hasta que el ex alcalde abandona el Consistorio, más de un mes después.

De Astica rememoró este viernes que tanto Coalición Canaria como Nueva Canarias y “sus antiguos compañeros de filas del Partido Popular”, continuaron “acudiendo a los plenos convocados de manera fraudulenta por Domingo González”.

“El Partido Popular se desmarca del ‘Marqués’ sólo después de constatar, por su presencia en el mitin central de campaña de Coalición Canaria” que los “votos” de González Arroyo se dirigirían “a la candidatura de Claudina Morales al Senado y no a Claudio Gutiérrez”, como “esperaban” en el PP, añade De Astica.

El portavoz de Votemos recalca que CC y Nueva Canarias “apoyan” a González Arroyo “hasta el final, prestándose incluso a participar en el famoso simulacro de pleno del Día de los Inocentes”. “Estaba muy claro lo que decía la Ley y hoy lo podemos comprobar”, afirma De Astica, autor de la denuncia en Fiscalía, quien espera que “todos los que apoyaron este golpe de estado municipal lo acaben pagando”.