El pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado, por unanimidad, una moción institucional en rechazo a toda ampliación del Campo de Tiro de Pájara a través de cualquier instrumento de ordenación y pidiendo, al mismo tiempo, su desmantelamiento definitivo.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, explicó que "siendo conocedores de que en la Isla se están tramitando figuras de planeamiento, reiteramos una reivindicación histórica de la sociedad majorera y del Cabildo. Una petición que no persigue otra cosa que recuperar estos espacios para el uso y disfrute de los que aquí vivimos y los que nos visitan".

Una vez aprobado, el acuerdo será trasladado al Ayuntamiento de Pájara, que actualmente se encuentra en proceso de tramitación de su Plan General de Ordenación, trasladando la Corporación insular su oposición a posibles ampliaciones del campo de tiro que pudieran contemplarse en su redacción.

La moción, que ha sido propuesta por el grupo de gobierno insular, insta al Ministerio de Defensa a liberar y desmilitarizar la zona ocupada para devolverla a su estado original y evitar el grave perjuicio que supone para el medio y para la población un complejo militar de 4.205 hectáreas. Una extensión que representa el 11% del suelo del municipio y alrededor del 2,5% de la totalidad del territorio insular.

"Fuerteventura cuenta con un espacio limitado y es nuestra responsabilidad preservarlo, lejos de usos militares que conllevan evidentes impactos ambientales y sociales, y que, además, priva a los propietarios de los suelos de su uso", añadió la presidenta durante la sesión plenaria.

Por su parte, el vicepresidente insular, Blas Acota, manifestó que "en Fuerteventura ha habido siempre una oposición clara por parte de la sociedad y las instituciones al uso militar de estas 4.205 hectáreas, se han visto afectadas durante años por las maniobras. Por ello, lo que pedimos es que se descontamine y se recupere este espacio para la convivencia".

El contenido de la moción será trasladado, asimismo, a todos los ayuntamientos de la Isla, así como a los representantes canarios en las Cortes Generales, para que defiendan esta postura ante el Estado.